Sin efecto aparente. Desde Compromís han reprochado esta mañana en el Ayuntamiento de Alicante que la ley aprobada en agosto del año pasado por el Consell con los votos de PP y Vox en las Cortes para regular los alojamientos turísticos no habría tenido hasta ahora repercusión real. Así lo han argumentado la diputada autonómica, Isaura Navarro, y el portavoz y concejal alicantino Rafa Mas en una rueda de prensa conjunta, en la que también han anunciado una proposición de ley para “evitar el coladero legal” que, según ellos, ha supuesto esta normativa.
En concreto, la formación valencianista argumenta que el hecho de que los pisos que concedan estancias superiores a los diez días no sean reconocidos como turísticos y, por tanto, “queden fuera de las regulaciones”, estaría haciendo que muchos rentistas anuncien el alquiler con las pernoctaciones indicadas cuando, en la práctica, “las duraciones son menores”. “Los vecinos denuncian que tienen apartamentos turísticos en la finca y la policía no actúa” porque no figuran como tal “aunque a la práctica sí lo sean”, aseguran desde Compromís.
Por esto, los valencianistas han anunciado la presentación de una proposición de ley para que estos pisos “entren dentro de la regulación, de la inspección y de la normativa y que se acabe este timo”, ya que también aseguran que “no hay suficientes inspecciones” ni a nivel autonómico ni tampoco a nivel municipal. “Los vecinos están hartos de denunciar y que no se tramite nada”. A su vez, desde la coalición señalan que la ley autonómica “no se harmoniza con la estatal”, y proponen la creación de un Registro Único de Alquileres para “controlar los arrendamientos”.
A nivel local
Los resultados de esta ley en Alicante tampoco estarían siendo positivos, según el argumentario de Compromís. El portavoz en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha definido la situación en la ciudad como “salvaje”, y protesta además porque “no se han aplicado siquiera los aspectos más positivos” de la ley autonómica.
En este sentido, Mas habla de que el Ayuntamiento afirmó en enero que se acogería a la delegación de competencias para aplicar esta ley y garantizar las inspecciones, los cierres y las multas a los pisos turísticos ilegales. “En marzo dijeron que no lo habían solicitado y ahora mismo no sabemos absolutamente nada”, ha dicho. El portavoz también se ha referido a que la ley prohíbe las cajetillas de llaves en las entradas de estos pisos, pero sin embargo “la ciudad está llena”, cosa que habría provocado “oleadas de robos de llaves y en casas” en zonas como el casco antiguo. Otra parte obviada de la ley, según el concejal, sería la obligación de instalar placas para informar de la condición turística de los pisos.
A su vez, Mas ha asegurado que en febrero de 2024 se solicitó por escrito el número de licencias concedidas por el ejecutivo local para pisos turísticos, así como la cifra de inspecciones, pero “no tenemos contestación”. Por esta razón, desde Compromís han amenazado con denuncias ante una “falta de información” que el Ayuntamiento no ha desmentido.
Por último, a pesar de la paralización de nuevas licencias de pisos turísticos por parte del Ayuntamiento, los valencianistas aseguran que “los bajos se siguen transformando” en este tipo de habitáculos y recuerda que la moratoria “excluye los pisos enteros”. Eso, sumado a la ausencia de “una unidad específica” de la Policía Local para abordar el fenómeno y ante “la falta de inspecciones”, da como resultado según Compromís que “tres de cada cuatro viviendas que se ofertan turísticamente en Alicante son ilegales”.
Respuesta
Este argumentario ha sido rechazado por Turisme Comunitat Valenciana. El organismo, que depende de la Conselleria que elaboró la ley discutida por Compromís, cuestiona que los apartamentos que se anuncian para estancias de más de 10 días constituyan un porcentaje significativo. “Sería interesante saber cuántos propietarios de todos los pisos turísticos que hay en Alicante se pasan a un alquiler de 11 días y piden una fianza de dos meses a los visitantes porque consideran que sus viviendas tendrán así mejor salida”, argumentan estas fuentes.
Además, respecto a la cesión de competencias a los ayuntamientos por parte de la Generalitat, tal como establece la ley para sancionar apartamentos turísticos sin regular, Turisme Comunitat Valenciana afirma que “se dan facilidades a los propietarios para echar a inquilinos molestos y se exige que se certifique que la actividad turística no está vetada por la comunidad de propietarios”.
Desde el organismo público apuntan también que se está llevando a cabo “un proceso de depuración del Registro de viviendas turísticas porque a más de 34.000 le faltaba la documentación esencial”, y que “el año pasado aumentamos las inspecciones un 30 %”. Y señalan que durante el Botànic el registro de viviendas de uso turístico superó las 100.000 “sin ningún control”.
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Source: Informacion
Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.