Esta semana se cumplirá un año desde que la Conselleria de Hacienda dictara la resolución por la que modificaba su plan estratégico de subvenciones y daba cabida a un convenio con la Cámara de Comercio de Alicante. El objetivo era concederle 1,5 millones para levantar una nueva sede en el puerto de Alicante. Las obras ya habían empezado para entonces y se hicieron sin la preceptiva licencia municipal. Tras publicar INFORMACIÓN esta circunstancia el pasado 4 de abril, la entidad cameral paralizó las obras pocas horas antes de que llegara la Policía Local a las instalaciones de Panoramis.
El acuerdo fijaba unas medidas de control y seguimiento habituales entre una administración y cualquier entidad. El mecanismo consiste en la constitución de una Comisión Mixta compuesta por dos personas de la Conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino y otras dos de la cámara alicantina que preside Carlos Baño. Además de crearse este órgano, se pautaron tres reuniones, tal y como indica el documento firmado el pasado 9 de mayo.
La cláusula novena indica que se constituirá “para garantizar la correcta ejecución del proyecto subvencionado y el seguimiento de la ayuda asignada a este convenio”. En el siguiente punto, el convenio oficial, que está publicado en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, fija que serán funciones de este órgano mixto “supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actividades convenidas, incluyendo al efecto la solución, en primera instancia de las controversias de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse”.
También se debe “informar puntualmente a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la ejecución”. Este punto deja en el aire si los representantes de la Cámara informaron al Consell de la falta de licencia, pues inicialmente la entidad cameral se limitó a presentar una declaración de responsabilidad en el Ayuntamiento de Alicante.
Fiscalización
La falta de Transparencia en este asunto ahora ha saltado a las Cortes Valencianas, ya que Compromís presentó por registro el pasado 22 de abril tres preguntas sobre este asunto. La diputada autonómica Aitana Mas ha reclamado a la Conselleria de Hacienda la fecha de creación de la comisión, las de reunión y, especialmente, si el departamento de Merino era conocedor de que la Cámara alicantina carecía de licencia.
Mas, quien ya interpeló al presidente del PP sobre este tema, considera que “el Consell de Mazón ha hecho una apuesta por la opacidad. Esta situación recuerda a tantas otras como las que vivimos en la época de la gran corrupción del PP en la que se repiten los elementos de una forma de gobernar que ya creíamos superadas: falta de transparencia, inseguridad jurídica, tratos de favor y el dinero para ‘los amigos de siempre'”. La síndica adjunta en la Cámara legislativa ha subrayado que se ha pedido el expediente del convenio para fiscalizar esta ayuda de un millón y medio que permitirían a la entidad de levantar una sede en un espacio alquilado a una empresa privada. Además, este lunes la formación ha anuncio que ha presentado una enmienda a las cuentas autonómicas para que se utilice el millón y medio de la subvención para crear unidades oncológicas.
Ahora el Consell dispone de dos meses para contestar por escrito a estas cuestiones. Tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el de Compromís han solicitado información y aún no han recibido respuesta. De hecho, para el síndic socialista, José Muñoz, se presentaba un posible caso de “fraude de ley y conflicto de intereses“, ya que Carlos Mazón se encuentra en excedencia como gerente de la Cámara de Alicante.
Convenio caducado
En la actualidad, la Autoridad Portuaria de Alicante pasó la pelota de la fiscalización de las obras al área de Urbanismo municipal, a la que ofreció su colaboración al mismo tiempo que le reclamaba que interpretara sus propias normas del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para saber si la actuación de la Cámara se ajusta a la ley. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento, además de exigir la solicitud de la licencia de obra, condicionó la misma a que se modificaran algunos aspectos del proyecto relacionados con la volumetría. Así los metros extra de edificabilidad que se habrían generado no están permitidos de acuerdo con la concesión de la que dispone Digital Corner, empresa que ha alquilado a la Cámara el espacio de los antiguos cines.
Desde la oposición esperan que el Ejecutivo de Mazón aclare qué ocurre con este convenio que caducó el 9 de diciembre de 2024, según consta en la documentación oficial. Sin embargo, el anteproyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2025 recogió de nuevo la subvención directa (nominativa) de 1,5 millones. Fuentes de la administración autonómica consultada consideran que la única opción ahora es firmar un nuevo convenio, pero antes se deberá solventar el asunto de la licencia para poder finalizar el proyecto, el cual se encuentra en un estado muy avanzado de acuerdo con un informe de la Policía Local de Alicante.
Al cierre de esta edición, INFORMACIÓN no ha recibido respuestas de la Conselleria de Hacienda a las reiteradas peticiones y consultas sobre la situación del convenio.
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Source: Informacion
Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.