El Gobierno repartirá entre las autonomías más de 147.000 millones de euros por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica (SFA) durante el próximo año, un 9,5 % más que el ejercicio en curso. La cifra anticipada este lunes por el Gobierno a las comunidades, fruto del aumento de la recaudación por el ciclo económico, supone un nuevo récord de recursos. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, no concretó cómo se distribuirán esos fondos totales entre los distintos territorios de régimen común, por lo que queda en el aire la evolución de ingresos para la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo central se comprometió a informar «en breve» a los gobiernos regionales. Las entregas a cuenta, que junto a la liquidación de 2023 son las dos vías de reparto del SFA, son partidas clave para que el Consell pueda comenzar a dibujar sus próximos presupuestos, pues suponen más de la mitad de los ingresos de la Generalitat. En este ejercicio alcanzan los 15.400 millones de euros.
Asimismo, y ante el retorno de las reglas fiscales tras su suspensión por la pandemia y la guerra de Ucrania, el Gobierno ha mantenido el objetivo de déficit de las comunidades en el -0,1 % del PIB para los próximos tres años, dando así dos décimas extra a los territorios para endeudarse respecto a lo previsto en la anterior senda de estabilidad (superávit de una décima). A ‘grosso modo’, este alivio fiscal incrementa en unos 300 millones la capacidad de gasto del Ejecutivo de Carlos Mazón, si bien irían a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es decir, de más deuda.
Frente a esa décima para los territorios, el Estado se reserva un -2,4 % de déficit. Las comunidades critican la diferencia, que ya se da este año incluso más exagerada, y recuerdan que ellas sufragan gran parte de los servicios públicos fundamentales. En concreto, el Gobierno se asigna un margen de endeudamiento 25 veces superior al de los ejecutivos autonómicos.
La información la ha suministrado este lunes la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos del ramo, reunidos el un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) marcado también por la “financiación singular” a la que aspira Cataluña y ante la que las autonomías del PP (más la Castilla-La Mancha de Emiliano García Page) han formado un frente común.
La agenda valenciana, olvidada
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El Ejecutivo, pese a incluir en el orden del día un punto en el que se comprometía a abordar su “postura” sobre la financiación autonómica, no ha planteado ninguna propuesta para la reforma del modelo, que acumula ya una década caducado. En ese tiempo, la Comunidad Valenciana ha dejado de ingresar casi 37.000 millones de euros según los cálculos de los expertos. Montero ha vuelto a escudarse en las diferencias internas del PP y ha acusado a las autonomías de mantener posiciones “de máximos” que dificultan el consenso.
Merino fue muy crítica con lo que considera una «dejación de funciones» de la ministra y consideró «indignante» que «siga tirando balones fuera, sin plan y sin ganas de activar la reforma».
Según la delegación valenciana, el Gobierno también despejó la reivindicación de la Generalitat de implantar un fondo de nivelación para, mientras se mantenga el bloqueo sobre la reforma, elevar los recursos que perciben las autonomías infrafinanciadas hasta acercarlas a la media. «No ha sido muy clara», lamentó tras el cónclave la dirigente valenciana, que señaló que Montero ha «buscado excusas» y, como hace para no dar el paso de la reforma, alegó que no hay consenso entre comunidades.
Solidarios frente a Cataluña
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La consellera incidió en el consenso técnico y político con el que cuenta el fondo de nivelación en la C. Valenciana y destacó que es una propuesta «solidaria, justa y asumible» por todas las partes, ya que busca «reducir brechas» entre comunidades mientras «garantiza» la igualdad de trato.
Merino contrapuso esta propuesta valenciana con la del independentismo catalán, que según la consellera planteó a Montero un «trato singular» que «no solo es un agravio para el resto de autonomías sino que además no tiene amparo constitucional».
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En cuanto a la quita de la deuda, Montero aseguró que este mismo mes comenzará a reunirse con las comunidades para informar de la «metodología» de la condonación, que solo será en función de la crisis financiera y sin contabilizar los agravios relativos del sistema.
Source: Informacion
Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.