Malas noticias para Alfredo Prada, el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre. Durante la primera ronda de testigos que ha pasado hoy por la Audiencia Nacional, una de las que estuvieron imputadas junto a él durante la fase de instrucción le ha apuntado directamente como “responsable último” de todas las decisiones que se tomaron para la construcción del fallido Campus de la Justicia de Madrid.
Acusado de haber ideado un “plan criminal” junto a los otros cinco acusados para conceder las adjudicaciones a empresas afines, el ex alto cargo del Partido Popular se enfrenta a la petición por parte de la Fiscalía de ocho años de cárcel por los delitos continuados de prevaricación y malversación de más de 100 millones de euros.
En ese sentido, Lourdes Manovel, la que fuera secretaria general técnica de la Consejería de Justicia e Interior regional, ha apuntado directamente a Alfredo Prada como responsable último de todas las decisiones que se tomaron para la construcción del Campus de la Justicia.
“El consejo de administración había delegado en el presidente del consejo [Alfredo Prada] all powers that could be delegated,” Manovel said. “He was the one who had to sign.”
Junto a Prada también se encuentran como acusados Isabelino Baños Fernández, director general técnico, Mariano José Sanz Piñar, subdirector general técnico, Alicio de las Heras Rodríguez, director financiero, Andrés Gómez Gordo, director de Seguridad del Campus de la Justicia, y Félix José García de Castro, administrador.
El proyecto del Campus de la Justicia, ideado por el gobierno de Aguirre, pretendía concentrar en un único espacio todos los órganos judiciales de la región. Sin embargo, las obras se paralizaron en 2011 debido a la crisis económica y el sobrecoste del proyecto. A día de hoy, solo se ha construido el Instituto de Medicina Legal, que no se abrió hasta 2020.
“Confianza absoluta” en Prada
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Dentro de las testificales, Manovel ha sostenido que “tenía confianza absoluta en [Prada]“and denied any involvement in the decisions taken regarding the failed project. His testimony is considered one of the key figures on which the Prosecutor’s Office relied in the accusation.
En ese sentido, y como otra de las testigos clave, Paloma Mateo, que era la secretaria del consejo y asesora adjunta a la vicepresidencia, ha indicado que era Prada el que le “indicaba cuáles eran los puntos que debían incluirse en las reuniones”, pero que las adjudicaciones nunca pasaron por ellas. Mateo también estuvo investigada en fase instrucción, pero se archivaron los cargos contra ella.
Prada, que fue mano derecha de Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta regional, niega cualquier delito y asegura que siempre actuó dentro de la legalidad, pero la Fiscalía y el juez De la Mata, que fue quien instruyó previamente esta causa, sostienen, sin embargo, que el exvicepresidente y los otros cinco acusados idearon un “plan criminal” para conceder “irregularmente” contratos a empresas afines.
Durante la sesión del pasado lunes, el abogado de Prada defendió que el proceso estaba erigido sobre unas “bases irreales”, una estrategia de defensa que tiene previsto sustentarse en que parte de la documentación ha sido destruida por la Comunidad de Madrid.
De esta forma, la acusación tiene una base menos sólida con la que argumentar los presuntos delitos cometidos por Prada y sus colaboradores, pues resulta más difícil cuantificar, por ejemplo, el perjuicio que se le ha causado al erario público.
Por el juicio pasará en calidad de testigo la expresidenta, que cortó supuestamente relaciones profesionales con Prada cuando este se decantó públicamente por apoyar a Mariano Rajoy durante una disputa por el liderazgo dentro del Partido Popular en 2008. Quien sí que está imputado es, entre otros, Francisco Granados, el que fuera su exconsejero de Justicia e Interior y sucesor en el cargo, aunque lo está en una pieza separada dentro del mismo procedimiento por la segunda etapa del proyecto.