El Gobierno está dispuesto a estudiar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares y retrasar el calendario de cierre de los reactores, con clausuras programadas entre 2027 y 2035. En Moncloa siguen sin verlo necesario (o desde luego no imprescindible) para el país, pero se abren a valorar un aplazamiento si lo piden las compañías eléctricas propietarias de las centrales (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en las diferentes plantas y Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunos reactores) y si la solicitud va a acompañada de un plan que no implique trasladar ningún sobrecoste al recibo de la luz que pagan todos los consumidores.
Tras meses de presiones pronucleares tanto desde el ámbito empresarial como desde el político (con el PP a la cabeza) y que ahora se han agudizado tras el gran apagón, el Ejecutivo reclama a las eléctricas que primero se pongan de acuerdo entre ellas y presenten una propuesta consensuada para ampliar los años de funcionamiento de las centrales. Una posición común con la que planteen un cambio del actual calendario de cierre previsto, que fue pactado por las propias compañías eléctricas en 2019.
“Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto que prorrogue la vida de estas centrales nucleares más allá del año 2027, nosotros les escucharemos”, admitió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del apagón masivo que paralizó España, pero en la que el debate sobre las nucleares acabó teniendo un protagonismo central.
El Ejecutivo, no obstante, pone varias condiciones previas para siquiera plantearse esa propuesta: que se garantice la seguridad de las centrales, que la ampliación de la vida sirva para asegurar la seguridad de suministro eléctrico y, sobre todo, que no implique una subida de la luz al trasladar la factura parte de los costes que ahora asumen las propias compañías eléctricas. “Que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo, por cierto, de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarios de los centrales nucleares (…) Que lo paguen las empresas, no el contribuyente pagando más factura de la luz”, sentenció el presidente.
Moncloa reclama las eléctricas que renuncien a su exigencia de aplicar una rebaja de los impuestos que abonan las centrales y que no promuevan una reducción artificial de la tasa que pagan para financiar el costes de gestionar sus residuos radiactivos y del desmantelamiento de las propias centrales. Esto es, que las centrales nucleares sigan asumiendo los cerca de 1.300 millones de euros que abonan cada año en concepto de impuestos estatales y por la tasa para la gestión de sus desechos radiactivos (a los que se suman una carga fiscal extra de unos 250 millones por las tasas autonómicas de Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana). Si las compañías eléctricas dejan de pagar esos 1.300 millones, el Gobierno tendría que trasladarlo al recibo de luz que pagan todos los consumidores.
Fuentes de Moncloa reconocen a EL PERIÓDICO que lo más relevante del debate nuclear es el “componente económico”. Las energéticas, argumentan desde el Gobierno, “tienen miles de millones de beneficios”, por lo que el Estado “no les puede pagar” la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares “si no son rentables”. Confirmando el mantra gubernamental de que “la energía verde es el futuro”, el Gobierno también asume que hay un hueco legal para retrasar el cierre de las nucleares, subrayando que en todo caso de que el objetivo del Gobierno de llegar a un 100% de renovables está fijado a largo plazo, para el año 2050.
La gran batalla fiscal
Iberdrola, Endesa y Naturgy han venido defendiendo públicamente la necesidad de mantener más tiempo en funcionamiento todo el parque nuclear para garantizar la seguridad de suministro eléctrico en el país, frente al calendario de cierres escalonados programados entre 2027 y 2035. Las compañías eléctricas, no obstante, han planteado como condición indispensable para no tener cerrar las nucleares una rebaja de los impuestos y las tasas que pagan las centrales para asegurar su rentabilidad.
El Gobierno ha rechazado la posibilidad de atender la exigencia de las eléctricas y en especial ha descartado una rebaja de la tasa que las centrales nucleares pagan para financiar el coste de la gestión de sus residuos radiactivos y de su propio desmantelamiento. Transición Ecológica ha trasladado ya a las eléctricas que los costes de operación de las centrales y de la gestión de los residuos radiactivos van a seguir recayendo en las propias compañías y que en ningún caso lo asumirán los consumidores. E incluso el Gobierno ha ido más allá para zanjar el debate y esquivar las presiones, y ha advertido a Iberdrola, Endesa y Naturgy de que bajar la denominada ‘tasa Enresa’ supondría una ayuda de estado ilegal prohibida por la Comisión Europea.
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares paga más de 28 euros por megavatio hora (MWh). En total, más de 1.500 millones de euros cada año que, según se denuncia desde el sector eléctrico, hacen imposible la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales. Por eso reclaman que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas que aplican tasas específicas den garantías de que rebajarán los gravámenes.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado una gran subida del 30% de la tasa que pagan las centrales nucleares para ajustarla a todos los costes previstos en el nuevo Plan General de Residuos Radicativos (PGRR) durante todo este siglo y que se calculan en unos 20.200 millones de euros. Unos costes que corresponderían por ley asumir a las propias eléctricas y que no derivárselos mediante la nueva tasa, según argumenta el Ejecutivo, supondría una ayuda de estado irregular.
En realidad, la denominada ‘tasa Enresa’ no es una tasa, es una prestación patrimonial no tributaria por las que las eléctricas hacen aportaciones a un fondo con el que se pagará posteriormente la gestión de sus desechos y el desmontaje de los reactores, en aplicación del principio de ‘quien contamina paga’. Se trata de un coste financiado de manera progresiva por los propietarios de las plantas con pagos continuos en función de la electricidad producida y con el que se alimenta un fondo gestionado por la sociedad pública Enresa, encargada de los residuos radiactivos y de los trabajos de desmantelamiento de los reactores.
Tras la última subida, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares a Enresa ha subido hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas, por lo que los pagos anuales escalarán hasta el entorno de los 585 millones de euros al año (135 millones más que los abonos anuales que pagaban antes del incremento). Las grandes eléctricas han abierto una batalla legal en el Tribunal Supremo para tumbar la subida de la denominada ‘tasa Enresa’ y para no asumir el sobrecoste de 2.000 millones que supone la última versión del Plan General de Residuos Nucleares.
Si se consigue alcanzar un acuerdo para alargar la vida de las nucleares y se postergan los cierres, el mayor tiempo de funcionamiento conllevaría una rebaja semiautomática de la denominada ‘tasa Enresa’. Cuanto más tiempo estén operativas las centrales más electricidad producirán que se destinará a alimentar el fondo que servirá para financiar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de todos sus residuos radiactivos, así que se podrá rebajar la cuantía que las compañías abonan por cada megavatio hora producido.
Sin embargo, el Gobierno considera imprescindible para estudiar un aplazamiento de los cierres que el Gobierno asuma todos los costes previstos en el PGRR. Podrá bajar la cuantía de la tasa que se abona por cada megavatio hora de electricidad producida, pero no el Ejecutivo exige que las compañías asuman íntegramente los 20.200 millones de euros que costará gestionar los residuos y desmontar las centrales.
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Source: Informacion
James Sean is a writer for “Social Bites”. He covers a wide range of topics, bringing the latest news and developments to his readers. With a keen sense of what’s important and a passion for writing, James delivers unique and insightful articles that keep his readers informed and engaged.