Las primeras impresiones de los expertos coinciden en poner en duda la utilidad de la consulta y, los economistas alicantinos han realizado una crítica abierta y directa con argumentos sólidos. Así, el Colegio de Economistas de Alicante, que ya presentó alegaciones, avanza a través de su presidente Francisco Menargues que “si ahora cabe esa posibilidad estaríamos interesados en participar por la repercusión que dicha fusión puede tener en las empresas y sociedad alicantina en general”. Además, considera que el anuncio plantea “diversas preocupaciones en términos institucionales, económicos y jurídicos”.
Menargues cuestiona que “las operaciones corporativas como las opas deben ser evaluadas y autorizadas por los organismos reguladores competentes, cuya labor se basa en criterios técnicos y objetivos, no en percepciones populares o juicios políticos. El anuncio de una encuesta pública sin base jurídica puede ser interpretado por los mercados como una forma de intervención política en decisiones que deben regirse por criterios empresariales y financieros. Esto lanza un mensaje de inseguridad jurídica, que podría deteriorar la confianza de los inversores en el marco institucional español y afectar negativamente la imagen del país como destino atractivo para la inversión”.
La realización de una consulta de este tipo podría buscar un respaldo emocional o simbólico a una postura política ya tomada y, en lugar de favorecer, la transparencia o el debate democrático
En este sentido, desde el Colegio de Economistas de Alicante, sería fundamental “determinar claramente lo términos de la encuesta y hacer un esfuerzo importante para que fuera claramente transparente. En caso contrario, la realización de una consulta de este tipo podría buscar un respaldo emocional o simbólico a una postura política ya tomada y, en lugar de favorecer, la transparencia o el debate democrático, podría interpretarse como una estrategia para deslegitimar la operación por vías no institucionales, generando una percepción de manipulación de la opinión pública”.
Más dudas que respuestas
Por otra parte, el profesor del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, Julián López, considera que estamos ante un “proceso completamente inusual en este tipo de operaciones. Falta ver qué clase de información se va a someter a consulta. ¿Se va a proporcionar a la ciudadanía todo el expediente que debe ser sometido a dictamen? ¿O solo una parte de la información, limitada, y que cada cual aporte en función de lo que piense sobre cómo le va a afectar la operación?”, se pregunta
Para el también miembro del Instituto de Economía Internacional de la universidad alicantina, “todos los mercados bancarios en España adolecen de un insuficiente examen de su situación en términos de competencia, al menos, en lo que es la información que está públicamente disponible”, al margen de esta operación concreta.
Source: Informacion

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