El apagón que paralizó España durante horas la pasada semana ha avivado aún más el debate sobre la continuidad de las centrales nucleares y el aplazamiento de las fechas previstas de cierre de todos sus reactores. Las presiones al Gobierno se han multiplicado en los últimos días argumentando que las nucleares dan robustez al sistema eléctrico y que pueden servir para evitar nuevos incidentes graves en el suministro. En el momento del colapso del sistema eléctrico, no obstante, la mitad de los reactores estaban parados porque, según alegan las compañías propietarias, no les resultaba rentable operar por el bajo precio de la electricidad. Y aún siguen parados y los que están operando lo hacen al ralentí.
“Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares francamente o mienten o demuestran su ignorancia”, replicó con contundencia el presidente Pedro Sánchez apenas 24 horas después del apagón. “Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis, las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables”, zanjó. De hecho, desde el Gobierno se subraya que el apagón se produjo cuando el calendario de clausuras de los reactores aún está lejos de activarse, dado que el primer cierre (el de uno de los reactores de central de Almaraz) no está previsto hasta 2027.
El debate y las presiones sobre el aplazamiento de los cierres de las centrales nucleares ya estaban muy vivos en las semanas previas al histórico apagón. Gobierno y grandes eléctricas han abierto vías de comunicación para abordar un posible alargamiento de la vida de los reactores. Las compañías propietarias de las plantas (Iberdrola y Endesa como grandes operadores y Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunos reactores) pretenden reordenar el calendario de clausuras de las centrales. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, insiste en que si las eléctricas piden prorrogar las operaciones de algunas de sus centrales se estudiará “con rigor”, “siguiendo el procedimiento” reglado, y velando por la seguridad de suministro eléctrico si se considera que mantener las centrales es necesario para garantizarla.
El gran choque fiscal
Iberdrola, Endesa y Naturgy han defendido públicamente la necesidad de mantener más tiempo en funcionamiento todo el parque nuclear para garantizar la seguridad de suministro eléctrico en el país, frente al calendario de cierres escalonados programados entre 2027 y 2035. Las compañías eléctricas, no obstante, consideran como condición imprescindible para no tener cerrar las nucleares y pactar una revisión del calendario de clausuras una rebaja de los impuestos y las tasas que pagan las centrales para asegurar su rentabilidad.
Sin embargo, el Gobierno enfría la posibilidad de atender la exigencia de las eléctricas y en especial rechaza una rebaja de la tasa que las centrales nucleares pagan para financiar el coste de la gestión de sus residuos radiactivos y de su propio desmantelamiento. Transición Ecológica ha trasladado ya a las eléctricas que los costes de operación de las centrales y de la gestión de los residuos radiactivos van a seguir recayendo en las propias compañías y que en ningún caso lo asumirán los consumidores, según adelantó EL PERIÓDICO. Ahora el Gobierno va más allá para zanjar el debate y esquivar las presiones, y advierte a Iberdrola, Endesa y Naturgy de que bajar la denominada ‘tasa Enresa’ supondría una ayuda de estado ilegal prohibida por la Comisión Europea.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado una gran subida del 30% de la tasa que pagan las centrales nucleares para ajustarla a todos los costes previstos en el nuevo Plan General de Residuos Radicativos (PGRR) durante todo este siglo y que se calculan en unos 20.000 millones de euros. Unos costes que corresponderían por ley asumir a las propias eléctricas y que no derivárselos mediante la nueva tasa, según argumenta el Ejecutivo, supondría una ayuda de estado irregular.
En realidad, la denominada ‘tasa Enresa’ no es una tasa, es una prestación patrimonial no tributaria por las que las eléctricas hacen aportaciones a un fondo con el que se pagará posteriormente la gestión de sus desechos y el desmontaje de los reactores, en aplicación del principio de ‘quien contamina paga’. Se trata de un coste financiado de manera progresiva por los propietarios de las plantas con pagos continuos en función de la electricidad producida y con el que se alimenta un fondo gestionado por la sociedad pública Enresa, encargada de los residuos radiactivos y de los trabajos de desmantelamiento de los reactores.
Tras la última subida, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares a Enresa ha subido hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas, por lo que los pagos anuales escalarán hasta el entorno de los 585 millones de euros al año (135 millones más que los abonos anuales que pagaban antes del incremento). Las grandes eléctricas han abierto una batalla legal en el Tribunal Supremo para tumbar la subida de la denominado ‘tasa Enresa’.
Si se consigue alcanzar un acuerdo para alargar la vida de las nucleares y se postergan los cierres, el mayor tiempo de funcionamiento conllevaría una rebaja semiautomática de la denominada ‘tasa Enresa’. Cuanto más tiempo estén operativas las centrales más electricidad producirán que se destinará a alimentar el fondo que servirá para financiar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de todos sus residuos radiactivos, así que se podrá rebajar la cuantía que las compañías abonan por cada megavatio hora producido.
Carga fiscal de 1.500 M
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares paga más de 28 euros por megavatio hora (MWh). En total, más de 1.500 millones de euros cada año que, según se denuncia desde el sector eléctrico, hacen imposible la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales. Por eso reclaman que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas que aplican tasas específicas den garantías de que rebajarán los gravámenes.
Las nucleares han reclamado en los últimos años al Gobierno y a las CCAA un gran recorte de los impuestos específicos que gravan la actividad de sus reactores, e incluso piden directamente la eliminación de todos o de algunos de los tributos vigentes especiales para la producción con nucleares, tanto los estatales como los autonómicos. Para las eléctricas la rebaja de impuestos y tasas se trata de una condición indispensable en este proceso. O el Gobierno y las CCAA acceden a revisar la fiscalidad que soportan las centrales nucleares o no habrá ampliación de las centrales.
Además de conseguir rebajar la tasa que pagan para financiar la gestión de los residuos radiactivos, las compañías eléctricas han venido reclamando una reforma integral del resto de la fiscalidad del sector, con una rebaja masiva de los impuestos específicos que pagan, en torno a 950 millones al año (a razón de 18 euros por MWh producido) tanto en impuestos estatales como otros creados por las comunidades autónomas.
Source: Informacion
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