Este lunes por la mañana, en la víspera de los 100 primeros días de mandato de la segunda presidencia de Donald Trump, los jardines de la Casa Blanca han amanecido llenos de 100 carteles con las fotos de las fichas policiales de otros tantos inmigrantes, con la palabra “arrestado” arriba y, debajo de cada foto, el texto “inmigrante ilegal” y el crimen del que el Gobierno acusa a cada uno.
El despliegue se ha realizado antes de que los periodistas acudieran a una madrugadora rueda de prensa de la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, y el ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, que han defendido la apuesta de Trump por mantener la mano dura y anunciaban la firma este lunes de varias órdenes ejecutivas. Estas incluyen una que va a expandir operaciones policiales para facilitar la detención de migrantes y otra que urge a los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia a preparar una lista de ciudades santuario que no cumplen con las leyes federales de inmigración.
Se daba así el pistoletazo de salida a una semana en la que la Administración va a destacar el trabajo realizado en los 100 primeros días por el presidente y en la que quieren volver especial foco a un tema que fue central para la elección de Trump y donde mantiene sus mejores resultados en las encuestas, aunque las últimas exhiben un deterioro de ese apoyo. En la mayoría de los sondeos más recientes el índice de desaprobación en este tema ya supera al de aprobación.
Deportaciones
Si cae la valoración de Trump es especialmente por las deportaciones que, dada la falta de respeto del proceso en muchas de ellas, son realidad en expulsiones inconstitucionales y están afectando tanto a personas que entraron sin papeles a Estados Unidos como a residentes legales y, en algunos casos, incluso a ciudadanos.
Entre los casos de estos últimos que se han conocido en los últimos días se cuentan dos niñas y un niño de 2, 4 y 7 años deportados a Honduras con sus madres. El niño, de 4 años, es un enfermo terminal de cáncer, y según los abogados de la familia no tuvo acceso a sus medicamentos mientras estuvo en custodia con su madre y su hermana.
Las dos mujeres fueron detenidas en Luisiana en visitas rutinarias a servicios de inmigración y Homan, en la rueda de prensa en la Casa Blanca, ha defendido que fueron las progenitoras quisieron llevarse a sus hijos, pero no hay forma de ratificar esa afirmación. De hecho, su veracidad es dudosa y en el caso de la niña de 2 años, lo que se sabe es que el padre había pedido que a la menor la dejaran en EEUU y el jueves presentó una petición de emergencia ante la justicia. Las autoridades metieron a la niña y a su madre en un avión antes de que el tribunal abriera sus puertas el viernes.
El juez en ese caso, Terry Doughty, que fue nombrado por Trump, aseguró que tenía la “fuerte sospecha de que el Gobierno ha deportado a una ciudadana estadounidense sin un proceso serio”. “El Gobierno sostiene que todo esta bien porque la madre deseaba que la menor fuera deportada co ella pero eso el tribunal no lo sabe”, dijo el juez, que fijó una vista para el 16 de mayo.
“No sé si puede haber una violación constitucional más descarada o clara que deportar a ciudadanos de EEUU sin debido proceso, especialmente con algunos de esos ciudadanos siendo los más vulnerables entre los vulnerables, niños, y niños con problemas médicos que son graves”, ha denunciado desde la Unión Americana de Libertades Civiles de Luisiana Alanah Odoms.
El caso de Kilmar Abrego
Ni el cuestionamiento del juez ni la indignación por el caso de los niños ha provocado ningún cambio en el mensaje del Gobierno. Y esta vez ni siquiera inicialmente se ha reconocido ningún “error”, algo que sí pasó inicialmente en el caso más sonado y polémico por ahora en estas expulsiones: el de Kilmar Abrego Garcia.
El hombre de 29 años, pese a tener una orden judicial para no ser deportado, fue enviado a la polémica cárcel de alta seguridad de Nayib Bukele en El Salvador en uno de los polémicos vuelos de deportaciones. De hablar inicialmente de “error administrativo”, el Gobierno ha pasado a defender la expulsión, a asegurar sin presentar pruebas que Abrego Garcia es un “terrorista” miembro de la banda MS13 y Homan este lunes definía lo ocurrido como un “descuido”. Aunque el Tribunal Supremo dictó una orden pidiendo al gobierno que “facilite” el retorno de Abrego Garcia, de momento el Gobierno la ha ignorado.
Source: Informacion
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