Algo más de 11 años han estado en vigor las controvertidas ‘golden visa‘, los permisos de residencia que hasta el pasado 3 de abril el Gobierno concedía a los inversores que lo solicitaban tras haber adquirido una vivienda valorada en al menos 500.000 euros. Se pusieron en marcha durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, en plena recesión económica, con el argumento de que iban a ser un revulsivo para captar inversores internacionales. Les costó despegar (en el primer año de andadura apenas se concedieron 157 permisos en toda España-, pero en 2017 lo hicieron y desde ese año hasta 2023, llegaron a entregarse 14.576 ‘golden visa’ de las 22.430 que se expidieron en total. “Suponiendo que la totalidad de estas solicitudes se dirigiera a la compra de inmuebles, la inyección total en el sector inmobiliario habría sido de unos 7.300 millones de euros, con una media anual de aproximadamente 1.040 millones de euros”, calcula Rafael Rabat, socio fundador de la firma de asesoramiento financiero Norz Patrimonia.
Estas son algunas claves sobre el porqué de su existencia y de su posterior eliminación y sobre qué impacto han tenido sobre el sector de la vivienda.
Las ‘golden visa’ formaron parte de la ley 14/2013, con la que el Gobierno del PP, que bregaba aún con la crisis iniciada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, aspiraba a sentar las bases para la atracción a España de nuevos emprendedores. La norma contemplaba la concesión de permisos de residencia para ciudadanos extranjeros que invirtieran al menos 500.000 euros en una vivienda en España, sin contar las cargas ni hipotecas. También tenían derecho a ese permiso aquellos que realizaran una inversión inicial por un valor igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública española o los que invirtieran un millón de euros en acciones o participaciones de sociedades españolas de capital con una actividad real de negocio. Había una tercera tipología, que incluía a quienes aportaran un millón de euros en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado o fondos de capital riesgo constituidos en España. El Gobierno argumentó en su momento que con estas medidas, se flexibilizaría el desarrollo de la actividad empresarial y de la inversión internacional en España, ya que daba “mayores facilidades a la movilidad internacional, además de incentivos como la concesión de la residencia para esos tres tipos de inversores”.
En total, y a la espera de que se hagan públicos los datos correspondientes al año pasado y a los primeros meses de este 2025, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concedió 22.430 ‘golden visa’ hasta 2023, según recoge el Observatorio Permanente de la Inmigración. Todo apunta a que, tras el anuncio, a mediados del año pasado, de que el permiso iba a ser eliminado, las inversiones se aceleraron.
Cuando Pedro Sánchez anunció, en abril de 2024, la eliminación de los artículos que regulaban las ‘golden visa’, la vivienda empezaba a emerger como una de las principales preocupaciones de los españoles. A las puertas del maratón electoral que fueron el año pasado los comicios vascos, catalanes y europeos, los socialistas y sus socios de Gobierno apuntaron hacia los visados de oro como una de las razones que estaban contribuyendo al tensionamiento del mercado inmobiliario en ciertas zonas de España. La supresión, dijo entonces la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una comparecencia, “sirve para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas para acceder a una vivienda en lugares concretos y con tensión de precios y falta de oferta residencial”.
Para Iñaki Usain, el volumen de operaciones que han generado las ‘golden visa’ en sus años de existencia “ha sido más bien bajo” respecto al global de inversiones que ha habido durante este tiempo en España. Y, pese a ello, agrega, “su eliminación no tiene ningún tipo de sentido“. “Lo único que se conseguirá con ello es hacer retroceder la inversión extranjera en vivienda en nuestro país”, asegura el experto, que coincide en criticar que medidas como esta “contribuyen a generar trabas a la entrada de capital de personas que no paran de encontrarse con la inestabilidad y la incertidumbre de la economía nacional”.
Los ciudadanos chinos son, con 2.712 autorizaciones, los que más ‘golden visa’ han obtenido en estos años, seguidos de los rusos, con 1.159. De hecho, tres cuartas partes de los permisos de residencia de este tipo se han concedido a partes iguales o bien a ciudadanos de países asiáticos, o bien a los oriundos de países europeos no comunitarios (además de los nacidos en Rusia, también los de Ucrania y los del Reino Unido tras el Brexit). Los iranís ha recibido 203 visados y los estadounidenses, 179.
Siete provincias españolas, -Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares, Girona y Valencia- concentran el 93% de las ‘golden visa’ concedidas hasta 2023, según los datos del Ministerio de Migraciones.
Un total de 7.561 inversores eligieron la capital catalana y su territorio más próximo para comprar una vivienda de lujo, muy por delante de Madrid, que es su inmediata seguidora con 3.990 casas adquiridas, y Málaga, con 3.976. Las cuatro provincias catalanas, que suman 8.754 visados entre todas, registraron casi un 40% del total de autorizaciones.
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Source: Informacion
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