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Conforme pasan las semanas, parece acercarse el momento del desenlace de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Durante los últimos días se han disparado los especulaciones acerca de la posibilidad de un aumento del precio ofrecido a los accionistas de la entidad constituida a finales del siglo XIX en la comarca del Vallés Occidental, mientras se extiende el rumor de que el comprador va a proponer «remedios» adicionales para aminorar el impacto de la operación sobre la competencia en el mercado bancario español.

Ambas entidades han llevado su confrontación a los medios de comunicación: mientras BBVA se dirige a los accionistas, proclamando las ventajas de ganar tamaño a través de las economías de escala propias de la actividad bancaria y de las sinergias que la adquisición puede generar, el Sabadell apela en mayor medida a los clientes, defendiendo los beneficios de la competencia y de la diferenciación del producto con un mensaje, a mi juicio, algo desenfocado. En un momento en que los precios y servicios ofrecidos por las entidades tradicionales guardan una notable semejanza, la entidad debería haber hecho un verdadero esfuerzo de diferenciación, en vez de recurrir a una disputa entre vendedoras de pescado que, en realidad, contrasta con esa semejanza.

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el órgano encargado de velar por la competencia en los mercados españoles, viene mostrándose poco activo en este sector (apenas se ha preocupado por la escasa diferenciación de los productos y servicios bancarios, o por el aumento de los márgenes asociados a los cambios de la política monetaria, mayor que en otros países europeos).

Lleva diez meses examinando la operación (en un proceso bastante opaco, que contrasta con la mayor transparencia que se observa, por ejemplo, en la conducta del supervisor británico ante esta clase de operaciones) y sus conclusiones iniciales, apuntan, de forma muy somera, a la posibilidad de un empeoramiento de las condiciones comerciales para particulares y pymes, al aumento del riesgo de exclusión financiera, al peligro de que se reduzca y/o encarezca el crédito a las pymes (cuestión especialmente relevante para una provincia como Alicante) y al deterioro de las condiciones de acceso a cajeros y TPV. No es poco, aunque no se ha difundido ningún dato que permita valorar el alcance de estos riesgos. Las afirmaciones de la CNMC se podían haber ilustrado, por ejemplo, con información completamente pública que se puede encontrar en la web del Banco de España o del Banco Central Europeo.

Así, se puede comprobar que, en lo que llevamos de siglo, la concentración del mercado bancario español (medida por el volumen de activos) ha crecido significativamente (tabla 1): el porcentaje de activos gestionado por las cinco mayores entidades (CR5) ha pasado del 40,3%, a finales de 1999, al 69,5%, a finales de 2023. Otro indicador semejante, que se calcula elevando al cuadrado la cuota de cada entidad y sumando los valores resultantes (IH), muestra un crecimiento muy notable: de 427 a 1.331 en el mismo período.

Con la operación propuesta, la cuota de las 5 primeras entidades cambiaría poco, pues los dos bancos que se fusionarían ya forman parte de ese grupo y sólo habría que sumar a Unicaja, que apenas representa un 4% del total de los activos de las entidades de crédito españolas. Sin embargo, el IH se incrementaría, de acuerdo con diversas estimaciones, hasta el entorno de los 1.600 – 1.700, valores cercanos a los que ya se consideran «peligrosos» al juzgar los efectos de la concentración bancaria sobre la competencia.

Es por ello por lo que BBVA ha propuesto diversos «remedios» (algunos de ellos, confidenciales) que pretenden mitigar el impacto de la operación sobre la competencia, y que consisten, fundamentalmente, en un régimen transitorio durante el que se mantendrían oficinas, cajeros y condiciones comerciales para los clientes de Sabadell, y se reforzaría la transparencia, a fin de que los mismos no vieran limitada su capacidad para elegir la opción que resultase más conveniente para sus intereses.

La CNMC ha considerado que algunas de dichas medidas son insuficientes o carecen de la concreción necesaria para determinar su impacto en la competencia. Sin embargo, desde la perspectiva de Alicante, son especialmente preocupantes las advertencias que se lanzan al aludir a las repercusiones geográficas de la operación, que concentra su impacto en Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Con datos del Banco de España, se puede analizar la distribución de oficinas por entidades en Alicante. Como se puede observar en la tabla 2, entre 2015 y 2023, han desaparecido casi la mitad de las existentes en la provincia, aunque los porcentajes de las grandes entidades se mantienen bastante estables. No obstante, el incremento de las cuotas de CaixaBank y Banco Santander, motivado por la adquisición de Bankia y Banesto, respectivamente, no compensa la desaparición de ambas entidades, lo que ha favorecido el aumento de peso de las más pequeñas (alguna incluso ha abierto oficinas).

En ambos ejercicios, el Banco Sabadell emerge como la entidad que posee más oficinas, en torno al 22% del total, gracias a la red que heredó en su día de la CAM. Con la operación propuesta por el BBVA, la entidad fusionada alcanzaría (antes de posibles cierres) casi el 35%, con un dominio muy claro en parte del territorio, donde sólo unas pocas marcas, las más grandes, mantienen oficinas.

Estos datos nos dan una idea de la relevancia de la operación planteada por el BBVA para el mercado bancario alicantino, que ya experimentó una gran transformación tras la venta de la CAM al Sabadell y se ha visto afectado también por el intenso proceso de reestructuración que el sector ha experimentado durante los últimos años, que ha conllevado cierres de oficinas, recortes de plantillas y disminución de las opciones de las que disponemos los clientes. Curiosamente, el número de oficinas bancarias en Alicante es, a día de hoy, semejante al que existía hace 50 años, tras el descenso experimentado desde 2008 (cuando llegó a superar las 1.700 unidades).

La expansión de la banca on-line y el empuje de las «Fintech» contribuyen también a explicar esta evolución y, al mismo tiempo, ayudan a entender algunas claves de la operación que está proponiendo el BBVA, que parece haber elegido la vía del crecimiento como estrategia para competir, en vez de otras alternativas que, probablemente, serían más favorables para los clientes (y, a largo plazo, también para el propio sector).

La idea de «competir mediante el tamaño», repetida una y otra vez en los anuncios que ha lanzado el BBVA, pone en evidencia que, con la OPA, se busca ganar tamaño para fortalecer la posición en el mercado, descartando otras opciones, más innovadoras y orientadas hacia el cliente, como las que están ofreciendo entidades más disruptivas que, poco a poco, van ensanchando su cuota en el mercado bancario español (sobre todo, entre los clientes más jóvenes, y los que, no siendo tan jóvenes, se sienten cómodos con la banca on-line).

El posicionamiento en el mercado («cuanto más grande, mejor») y el mantenimiento de una amplia red de oficinas emergen así como las principales estrategias defensivas de la banca tradicional, aunque cabe cuestionar la validez de esta estrategia a largo plazo. Desde luego, no parece la más conveniente para los clientes que preferimos una oferta más diversa, flexible y adaptada a nuestras necesidades.