Los investigadores y el resto de estudiantes que realizaron prácticas hace años, pero no cotizaron por las mismas, pueden optar por acceder al precio rebajado y pagar para recuperar hasta cinco años de cotizaciones desde este viernes 2 de agosto. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la norma. El nuevo convenio especial con la Seguridad Social es una de las medidas acordadas entre el Gobierno, patronal y sindicatos, en el marco de la nueva reforma de las pensiones. Mediante el mismo, los antiguos estudiantes pueden cotizar por actividades desempeñadas entre 1980 y 2023.
Esta fórmula busca llenar parte de las legunas de cotización de aquellos profesionales que al inicio de sus carreras no tuvieron un contrato laboral, sino que se mantuvieron a través de becas de formación. Lo que hasta este año 2024 no implicaba una cotización para la Seguridad Social, algo que a futuro puede suponer un problema para estos trabajadores de cara a tener los años suficientes cotizados para acceder a la jubilación, entre otros. Ahora, quien tenga el dinero suficiente y esté interesado puede ‘comprar’ años cotizados.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones permite desde este 2 de agosto rubricar un convenio especial con el precio rebajado. Hace tres meses el Ministerio ya abrió el proceso para regularizar antiguas prácticas, pero bajo unas condiciones no consensuadas con los agentes sociales y que enojaron a parte de la comunidad científica por su excesivo coste. Ahora se abre un nuevo proceso, pero con un precio más reducido y adaptada la base de cotización de cada ejercicio a la que regía cuando el entonces estudiante realizó sus prácticas.
El sindicato CCOO ha hecho público este jueves una tabla donde detalla el coste por mes y año de recuperar cotizaciones. El precio por año entero oscila entre los 388,5 euros (1980) y los 3.294,8 euros (2023). Es decir, en la franja más baja, recuperar cinco años (1980-1985) cuesta 2.494,11 euros y en la franja más alta (2019-2023) cuesta 14.934,07 euros. Los interesados, según pactaron Ministerio y agentes sociales, pueden fraccionar hasta en siete años dicho pago.
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Los antiguos estudiantes en prácticas deberán poder acreditar mediante un certificado emitido por la universidad o el centro educativo en el que cursaron sus respectivos estudios cuándo hicieron las prácticas y si estas fueron o no remuneradas, según detalla la orden publicada en el BOE. “En el caso de prácticas remuneradas, la certificación también podrá ser expedida por las empresas o entidades en que se hubieran realizado aquellas”, añade. Si las estadías no implicaron periodos enteros, sino intermitentes, dichos certificados también deben especificarlo.
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El periodo para poder solicitar la suscripción de un convenio especial está abierto desde el 2 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2028.
Source: Informacion
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