El Ministerio de Vivienda, Economía y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado este lunes un convenio que movilizará 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales, para la promoción de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social o asequible, por un período mínimo de 50 años, a través del nuevo Plan de Facilidad para Promoción de Vivienda Social. El Gobierno da uno de sus primeros pasos para cumplir una de las grandes promesas de la legislatura.
“Queremos convertir esta legislatura en la legislatura de la vivienda, que es el quinto pilar del Estado del Bienestar. Queda mucho por hacer y es un objetivo ambicioso para todas las administraciones. La media de vivienda pública en España es del 2% o 3% frente a la media de la Unión Europea que se sitúa en el 10%, por lo que trabajamos para acercanos a esas cifras”, ha apuntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación de este convenio.
La inversión de 6.000 millones de euros se pondrá en marcha a través de dos mecanismos: una nueva línea de préstamos a largo plazo de 4.000 millones de euros, vinculados a la segunda fase del Plan de Recuperación, que financiará viviendas en alquiler social o asequible y energéticamente eficientes, que se canalizarán directamente a través del ICO para proyectos dirigidos a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o precio asequible energéticamente eficiente vía obra nueva o rehabilitación, incluyendo también financiación para la compra de suelo o del edificio. Los 2.000 millones de euros restantes, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), integrarán una línea destinada a avalar de forma gratuita hasta el 50% de estos préstamos, impulsada por el Gobierno y gestionada a través del ICO.
La promoción de estas 43.000 viviendas se enmarca en una apuesta del Ejecutivo por incrementar el parque público de vivienda asequible, con la construcción o la puesta a disposición de más de 180.000 viviendas repartidas por toda España. “Un compromiso firme, que a día de hoy ya se traduce en más de 80.000 viviendas en diferentes fases de desarrollo”, ha afirmado Sánchez.
En un acto en el que también han estado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, Sánchez ha defendido la colaboración público-privada en este ámbito y el dinamismo y experiencia del sector de la construcción en España. “No hay que esperar que el mercado provea de soluciones mágicas, no hay milagros. La mano invisible no garantiza que la oferta cubra la demanda que hay. Según el último barómetro del CIS, la vivienda es el segundo problema que más preocupa a los españoles”, ha asegurado.
El presidente del Gobierno también se ha referido a que la preocupación por el acceso a la vivienda en España es un problema común entre los países de la UE y que así lo hizo constar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su acto de investidura este mismo mes. “Este Gobierno tiene la voluntad de hacer y la voluntad de enfrentarse al problema de la vivienda como demuestra la aprobación el pasado año de la Ley de Vivienda, multiplicar por ocho el presupuesto destinado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la aprobación del Bono Joven o la puesta en marcha de 2.500 millones en avales del ICO para la compra de la primera vivienda a jóvenes de menos de 35 años y a familias con menores a su cargo”, ha recordado Sánchez.
Pide a las comunidades que asuman responsabilidades
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Sánchez ha insistido en hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda. “Hay quien se escuda en las competencias, que efectivamente en un Estado compuesto están compartidas, para ignorar lo que creo que debería ser de absoluta incumbencia para todas y cada una de ellas”, ha lamentado.
El presidente ha recalcado que “nadie” puede negar ese derecho fundamental recogido en la Constitución y ha asegurado que el Gobierno de España va a empeñar todos los recursos, las capacidades y las palancas para hacer efectivo ese derecho constitucional.
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“Hacerlo efectivo evidentemente interpela a todas las administraciones competentes en este ámbito y el Gobierno de España, pues evidentemente si quiere que cunda el ejemplo, lo que hace es asumir sus responsabilidades”, ha enfatizado.
Source: Informacion
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