La decisión del Supremo sobre el primer proceso del caso Brugal, que acaba de validar todas las pruebas que fueron anuladas por la Audiencia de Alicante ordenando que el mismo tribunal dicte una nueva sentencia para los 34 absueltos en la resolución ahora derogada, despeja el horizonte para que otra sala de este órgano judicial haga lo propio con el proceso por las supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal, pendiente de resolución desde junio de 2022 tras seis meses de juicio y quince años de instrucción.
Una sala formada por los magistrados Joaquín Orellana, Cristina Ferrández y Javier Saravia, este último ponente, que ha optado por aguardar para dictar sentencia a ver qué hacía el Alto Tribunal con grabaciones (las aportadas por el empresario oriolano Ángel Fenoll que dieron origen a este operación contra a corrupción) e intervenciones telefónicas en muchos casos comunes a ambos procesos.
Algo que, por contra, no hicieron otros colegas. Como los que han enjuiciado piezas también desgajadas del Brugal tales como la trama de las basuras de Calp o los presuntos amaños del PGOU de Alicante. La primera, con condenas pendientes del Supremo. La segunda, con sentencia firme del Alto Tribunal que anuló por prescripción la pena de multa impuesta al exalcalde Luis Díaz Alperi por un delito de cohecho y la mantuvo por el mismo cargo para el empresario Enrique Ortiz por el regalo de una chaqueta a la entonces regidora popular Sonia Castedo.
Trece acusados
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Precisamente el promotor es uno de los 13 acusados por las supuestas anomalías del Plan Zonal que están la espera de sentencia junto a los expolíticos del PP José Joaquín Ripoll y Mónica Lorente, a Fenoll, al también empresario Rafael Gregory o al expolítico socialista Antonio Amorós, entre otros.
En esta causa, en la que se han enjuiciado delitos relacionados con la corrupción urbanística, el fiscal pide penas que suman 16 años de prisión para Ripoll y 17 para Ortiz, a quienes se les acusa de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude.
El ministerio público reclama multas de un millón de euros para el político del PP, la misma cantidad para Fenoll, para el que solicita también otros 17 años de cárcel, y 300.000 euros para el promotor alicantino
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Para Amorós la pena solicitada es de 4 años y 9 meses por los delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y fraude, la misma que solicita para la exalcaldesa de Orihuela.
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Source: Informacion
James Sean is a writer for “Social Bites”. He covers a wide range of topics, bringing the latest news and developments to his readers. With a keen sense of what’s important and a passion for writing, James delivers unique and insightful articles that keep his readers informed and engaged.