El Gobierno ha decidido retomar la reforma de la regulación de las cuentas de pago básicas, un producto bancario creado por la Unión Europea en 2014 para garantizar un acceso casi universal a los servicios financieros, pensado sobre todo para colectivos vulnerables. El Ministerio de Economía, además, ha decidido no quedarse en los cambios normativos que estaban en tramitación el año pasado y decayeron por la convocatoria de las elecciones generales, sino que ha dado un paso más. Así, las personas que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad fijados podrán solicitar una cuenta de pago básica gratuita aunque tengan ya otra cuenta, algo que no era posible hasta ahora, según ha podido confirmar El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial.
La novedad se ha incluido en el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que el Gobierno volvió a aprobar el martes pasado y ya va camino del Congreso. Dicho proyecto no vio la luz en 2023 por apenas unas semanas debido a la convocatoria electoral. Entonces ya incluía algunas modificaciones para tratar de evitar que los bancos sigan rechazando la concesión de las cuentas de pago básicas a personas que cumplen los requisitos para tenerlas, una vieja reclamación de asociaciones de defensa de colectivos vulnerables, particularmente de inmigrantes, refugiados y asilados. Tras volver a someter a consulta pública el texto que el Congreso aprobó el año pasado, el Ministerio de Economía ha decidido introducir algunas medidas adicionales para mejorar la inclusión financiera de dichos colectivos.
Así, quienes cumplan los criterios de vulnerabilidad fijados por una ley de 2019 -unos ingresos brutos familiares, según los casos, de entre dos y tres veces el IPREM (14.400 y 21.600 euros) y no ser dueño de una empresa o un inmueble que no sea la vivienda habitual- podrán solicitar una cuenta de pago básica gratuita aunque ya tengan otra. Hasta ahora, la normativa permitía a los bancos denegar estas cuentas a quienes ya tuvieran una estándar. Economía, asimismo, ha establecido que quienes ya tengan una cuenta y hayan manifestado al banco su voluntad de cerrarla podrán solicitar una básica, algo tampoco contemplado hasta la fecha.
Novedades
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Como ya estaba previsto el año pasado, el proyecto de ley también aclara en qué supuestos las entidades estarán obligadas a abrir las cuentas de pago básicas y qué documentos identificativos serán válidos en los casos más complejos, además de encargar al Banco de España que elabore un modelo de solicitud estándar que los bancos deberán poner a disposición de los interesados en sus páginas web y oficinas. Asimismo, permite que los servicios sociales de los ayuntamientos autoricen que entidades del tercer sector debidamente inscritas certifiquen el riesgo de exclusión social y financiera de los solicitantes de las cuentas para agilizar los procesos.
Como acordaron los grupos parlamentarios el año pasado, el proyecto de ley establece que tienen derecho a una cuenta de pago básica no solo los solicitantes de asilo, sino todos los que pidan protección internacional (derecho a asilo y también a protección subsidiaria, que una vez concedidos impide la devolución o expulsión del país). Asimismo, elimina de la ley el derecho de abrirlas de quienes “no tengan un permiso de residencia pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho”, ya que no hay forma de acreditar lo segundo en muchos casos. Ahora bastará con acudir físicamente a una oficina y aportar la documentación que acredite la identidad.
Documentos
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Asimismo, el proyecto normativo establece como documentos válidos para identificarse ante los bancos los cuatro expedidos por el Ministerio del Interior que justifican las diferentes fases de la solicitud de la protección internacional o la condición de apátrida (entre ellos las conocidas como hoja blanca, tarjeta roja y tarjeta verde). Es relevante, ya que es un proceso que puede durar entre seis meses y un año. También fija que la carencia de ingresos podrá acreditarse mediante una declaración responsable. Y amplia de dos a tres meses el plazo en que la entidad deberá avisar al cliente de que le va a cerrar la cuenta.
Asociaciones de defensa de colectivos vulnerables y de consumidores como Asufin vienen denunciado desde hace años que los bancos deniegan estas cuentas a personas que, aunque están en situación administrativa irregular, no pueden ser expulsadas del país. También han criticado falta de formación de los empleados de las oficinas sobre el producto y la documentación válida, así como incumplimientos en la obligación de denegarla por escrito (documento necesario para presentar una reclamación).
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Desde el sector financiero, por su parte, se viene alegando que la normativa choca con las fuertes obligaciones que le imponen las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales. Los bancos españoles abrieron 47.728 de estas cuentas entre 2018 y 2021 a un ritmo creciente: 4.493 en 2018, 9.681 en 2019, 15.154 en 2020 y 18.400 en 2021. En los tres primeros años desde su incorporación a la legislación española, las entidades aceptaron el 92,59% de las solitudes de cuentas de pago básicas y rechazaron 3.220, un 7,41% del total que recibieron.
European Union created basic payment accounts 2014 to guarantee almost universal right peoples residents in their own territory (i.e. Is it legal or not?) to access financial services the most basic: deposit and withdrawal; direct debit of income and receipts; transfers; and debit card. government rajoy Approved for inclusion in Spanish regulations in November 2017If the current Administrator set is 2019 total maximum cost cannot be higher than this three euros a monthwhile they are free for houses sensitive Those who meet certain income requirements.
Spain is a country highly banked and the majority of citizens have access to a checking account, but with basic payment accounts the goal is to they are not profitable so that banks can also access financial services. This is a basic issue, because having an account nowadays necessary being able to receive payroll or benefits or social assistance, as well as paying the rent of certain homes and basic utilities such as water, electricity or gas.
Financial institutions since 2017 obligation to inform and offer It forwards these accounts to the people who request them and proves that they meet the conditions. So far, only those without a residence permit cannot access these and can be deported Blocking people who do not provide the information requested by the country and the bank money laundering and the financing of terrorism, which “could be detrimental to the interests of nations” National Security or public order” and those who already have another account.
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Source: Informacion
James Sean is a writer for “Social Bites”. He covers a wide range of topics, bringing the latest news and developments to his readers. With a keen sense of what’s important and a passion for writing, James delivers unique and insightful articles that keep his readers informed and engaged.