La catástrofe de la dana y los 228 fallecidos que dejó el 29 de octubre cumple seis meses. Los mismos que la instrucción judicial. El desastre provocó que desde el 29-O un total de 21 juzgados de 10 partidos judiciales de la provincia de Valencia abrieran diligencias por las decenas de fallecidos. Y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y tres juzgados de València recibieran 9 denuncias y querellas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, su número dos y exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Finalmente el año 2024 acabó con la investigación a Carlos Mazón descartada, por la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana y el TSJCV. Una decisión supeditada a que un juzgado ordinario investigara los hechos y, si detectaba indicios, planteara una exposición razonada contra Mazón al TSJCV, el único tribunal que puede investigar al jefe del Consell por su condición de aforado. El año 2024 también acabó sin ningún juzgado asignado para centralizar la investigación por las 228 muertes y las denuncias que se iban acumulando.
Esta languidez judicial inicial cogió velocidad de crucero el 31 de enero cuando se informó que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja acordó junto a la Fiscalía Provincial de València centralizar todas las diligencias de la dana. Un juzgado «desconocido» pero que a partir del 11 de febrero comenzó a popularizar el nombre de la titular del juzgado, Nuria Ruiz Tobarra, que alcanzó protagonismo autonómico y estatal por la agilidad de sus decisiones y la empatía a las víctimas que trasladan sus autos judiciales.
Para muestra el auto del 11 de febrero en el que la magistrada decana de los juzgados de Catarroja describió los acontecimientos vividos el 29 de octubre de 2024 como un «episodio dantesco, un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad, [que] produced a significant psychological damage to the relatives of the deceased».
La jueza instructora hablaba con conocimiento de causa. La semana de la dana su juzgado estaba de guardia. Su primer auto sobre las trágicas consecuencias de la barrancada es del 30 de octubre. «En este Juzgado se ha recibido la noticia de la existencia de un gran número de fallecidos, en su gran mayoría no identificados, a consecuencia de las graves inundaciones ocurridas en el partido judicial de Catarroja». Así que el 30 de octubre es cuando la magistrada Nuria Ruiz Tobarra decide abrir las diligencias previas 692/2024 para «acordar el levantamiento de los cadáveres» e iniciar su identificación. Hasta 76 víctimas se localizaron en los municipios de l’Horta Sud que conforman el partido judicial de Catarroja. El 5 de diciembre Nuria Ruiz Tobarra ya había abierto 68 piezas separadas por otras tantas víctimas de l’Horta Sud y atendido a muchos de los familiares directos de los fallecidos.
En todo este tiempo, la magistrada ha mostrado una especial sensibilidad hacia las víctimas y los familiares que han desfilado en un doloroso peregrinaje ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, trasladado forzosamente a la Ciudad de la Justicia porque la dana también arrambló la sede judicial.
Una de sus primeras decisiones al asumir toda la investigación de la dana es solicitar en el auto del 11 de febrero al Instituto de Medicina Legal que evalúe el estrés postraumático de los familiares que han perdido a sus seres queridos. En muchos casos han fallecido hasta dos y tres miembros de una misma familia. Muchas muertes del 29 de octubre se produjeron con despedidas telefónicas en directo, o con las víctimas desapareciendo en el torrente de agua fangoso ante la mirada de sus familiares. Situaciones que los supervivientes narran con desgarro y que acreditan con imágenes, vídeos y audios incorporados a la causa de la dana.
De hecho, son las familias las que aportan una de las claves de la investigación de la dana. «Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío. El consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue a las 20.11 [horas]It is wrong. Many of the victims died without leaving the ground floor of their residences while descending into the garage or on the public roads. ”In short, material damages could not be avoided, deaths are yes».
Éste fue el hito que marcó el distanciamiento de Mazón de la toma de decisiones del Es Alert, aunque supusiera admitir que llegó al Cecopi mucho más tarde de lo que había defendido. El 27 de febrero el presidente de la Generalitat reveló que llegó al Cecopi a las 20.28 horas, tras asegurar durante cuatro meses que llegó «pasadas las 19 horas».
Primeras imputaciones
La bomba informativa en la instrucción de la dana se produjo el 10 de marzo. La magistrada decana de Catarroja citó a declarar a los dos primeros investigados: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; y su número dos y exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Un auto en el que la jueza citó una a una a las 228 personas fallecidas por la dana y ofreció un breve testimonio de las familias de 25 fallecidos. El auto del 10 de marzo también sirvió para desmontar el argumento del presunto «apagón informativo» esgrimido desde noviembre por la Generalitat para justificar los avisos tardíos de la emergencia. «Había sobrada información, el problema es que se ignorara», asegura la jueza.
El auto del 10 de marzo supuso el primer aldabonazo al «relato» de la Generalitat que ha intentado apuntar desde noviembre la presunta falta de diligencia de la Aemet (Agencia estatal de meteorología) y la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) en la información que trasladaron de la emergencia el 29-O.
«El problema residiría -apuntaba la magistrada- no en la ausencia de información, la había sobrado, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni si la información venía de órganos dependientes de la administración central (CHJ o Aemet) o autonómica (el 112 C. Valenciana) sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara, no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave), no se supiera por donde discurría el barranco del Poyo, la situación del resto de poblaciones no relacionadas con dicho barranco, o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión». Por ello, concluía, «las circunstancias del retraso [en enviar el Es Alert] They should be present».
En este mismo auto circunscribió las primeras imputaciones a Pradas y Argüeso (rechazó investigar al presidente de la CHJ, Miguel Polo y otros cargos de Emergencias) porque considera que la Generalitat «es quien ostenta no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación de las medidas de protección». Y ya señalaba que el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) se convocó «con una gran demora» y la toma de decisiones «por la administración autonómica se produjo con un retraso mayor».
Desde el 10 de marzo todos los intentos vía recurso para desviar parte de la responsabilidad al Gobierno central se han topado con la negativa de la magistrada. «El desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración Autonómica. Una administración que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo dicha tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia», aseguró en un auto dictado el 16 de abril, en respuesta a una acusación popular y particular
El último auto dictado esta semana también apunta a la falta de diligencia autonómica. «Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la AEMET, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, a través de correos o del SAIH, a los medios de comunicación, se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi. Un lugar en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal».
«Una sala -concluía la jueza- de reuniones del Cecopi en la que pareciera que los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala. Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en la que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación».
Source: Informacion
Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.