La reunión de este martes entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Conselleria de Infraestructuras por el convenio de infraestructuras tendrá una cara positiva y otra negativa para el Consell.
Tras la petición que anunciaron de solicitar 103 millones desde el área de Vicente Martínez Mus, el departamento dirigido por Óscar Puente entiende que la petición esconde una media verdad y, sobre todo, pone de manifiesto una mala gestión. «Es una cortina de humo para atacar al Gobierno de España dentro de la situación límite en el que se encuentra el Gobierno de Mazón. Quieren tapar su mala gestión con mentiras y enredos que no se ajustan a lo firmado en su momento», subrayan desde el Ministerio de Transportes.
El acuerdo firmado en su momento por el Botànic y el Mitma recogía la realización de 34 actuaciones en la provincia y otras tantas en Valencia y Castellón por un montante de 240 millones, de los cuales el Gobierno ponía 200.
Este verano el Ejecutivo autonómico propuso unos cambios iniciales que, según la documentación facilitada por el Ministerio, significaba que la Conselleria restaba a Alicante 15 millones para acometer nuevas infraestructuras en Valencia. Sin embargo, la traducción de ese cambio, el Consell la expuso como la necesidad de actualizar precios y llegar a la totalidad inicial, sin entrar en la parte de las modificaciones.
Saldo final en negativo
De acuerdo con la documentación remitida por la Conselleria al Ministerio, el Consell del PP propone eliminar quince proyectos y rebajas en otros tres por un importe total de 19,4 millones. La mayoría son refuerzos en carreteras y destaca el paso inferior de tren en Agres (1,1 millones) o los descensos en las redacciones de los estudios del TRAM en sus conexiones con Mutxamel y Sant Joan (-2,4 millones).
Por el contrario, se incorporan como nuevas la electrificación de las vías del tren entre La Vila y Benidorm (+5,3 millones) y se actualiza el coste de la Ronda sudoeste en Villena (+1,2 millones). En definitiva, la provincia alicantina pierde 11,7 millones de los 117 previstos inicialmente.
A pocas horas de la reunión que tendrá un carácter técnico, el Ministerio de Transportes ha mostrado su malestar por tratar de confundir y omitir la baja ejecución que se ha hecho del convenio. En concreto, «solo se ha gastado 70 de los 200 millones», indican. El problema es que el plazo para justificar las obras acabaría el 31 de diciembre de este año. En este sentido, Transportes se muestra partidaria de firmar una addenda donde se le conceda más tiempo a la Generalitat Valenciana para cumplir con lo firmado. Donde parece que no va a haber flexibilidad, es en los cambios.
Source: Informacion
Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.