El Gobierno central aprobó a finales de 2022 una inyección de 200 millones de euros extra a la provincia de Alicante para compensar el agravio a la provincia de Alicante en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Con fecha de 5 de diciembre de 2022, los entonces Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat firmaron un convenio por el que la Administración General del Estado financiaría infraestructuras de la Comunidad Valenciana, elegidas por el Consell.
Como parte de aquel convenio se acordó destinar 77 millones a la provincia para actuaciones de movilidad segura y sostenible y refuerzo de carreteras y 40 millones para transportes, cuya mayor parte va derivaba a la obra de la estación central del TRAM de Alicante, con 35 millones. Ahora el gobierno autonómico de Carlos Mazón le reclama 76,5 millones adicionales al Gobierno de Pedro Sánchez para compensar la infrafinanciación de la provincia, en concepto de la actualización del coste estimado de estas intervenciones. En el primer apartado, el de la movilidad segura y sostenible y el refuerzo de carreteras se pasa de 77 a 89,7 millones, mientras que en el concepto de transportes se pasa de 40 a 103,8 millones, siendo también la mayor parte para la estación central del TRAM de Alicante, de 35 a 102 millones. Sumando los dos apartados, por lo tanto, se pasa de 117 a 193,5 millones, es decir, el planteamiento del Consell de Mazón asciende a 76,5 millones.
Reclamación
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Esta nueva petición supone otra vuelta de tuerca en la historia de este convenio. A principios del pasado julio se conoció que el gobierno autonómico proponía que 15 millones para obras en Alicante se destinaran a Valencia, una modificación que desde el ejecutivo de Mazón se defendió que se debía a que los proyectos que había acordado el Botànic con el ministerio eran «irrealizables», ya que tenían que estar ejecutados en diciembre del próximo 2025. En aquella actualización del convenio la conselleria que, por entonces, encabezaba Salomé Pradas le trasladaba al ministerio de Óscar Puente la supresión de actuaciones en territorio alicantino por valor de 21,6 millones, a cambio de otras intervenciones por 6,1 millones. En aquel escenario la provincia perdía unos 15,5 millones. Ahora, en la nueva actualización, las tornas han cambiado y lo que hace el Consell es reclamar 76,5 millones más para Alicante en concepto del coste estimado actualizado de las obras que se habían acordado en primer momento. También pide más tiempo para poder ejecutar las actuaciones en la provincia.
Bajando al detalle de este conjunto de obras, al margen del gran cambio con la estimación de la obra de la estación central del TRAM de Alicante, que pasa de 35 a 102 millones, hay otras actuaciones significativas. El refuerzo de la CV-70 asciende de 1 a 1,1 millones, el de la CV-804 de 1,1 a 1,2 millones, el de la CV-83 de 900.000 euros a 1 millón, el de la CV-913 de 400.000 a 500.000 euros, el de la CV-800 de 3,6 a 4,1 millones, el de las CV-710, 790 y 70 de 2,4 a 5,3 millones, el de las CV-941, 940 y 949 de 2 a 6,3 millones, el de la CV-920 de 600.000 a 800.000 euros, el de la CV-836 de 575.000 a 872.000 euros y el de la CV-700 de 2,1 hasta los 8,4 millones.
Otras obras en las que se ha hecho una actualización al alza del coste estimado son las de la Ronda Suroeste de Pinoso de 4,3 a 4,4 millones, el de la Ronda Norte de la carretera CV-840 en Algueña de 6 a 7,5 millones, el de la Ronda Sudoeste de Villena de 3,9 a 5,2 millones y el de la Ronda Sudoeste de Pinoso de 78.500 a 200.000 euros.
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En total son más de una quincena los proyectos para Alicante que han sido revisados al alza en la petición que el Consell de Mazón le ha hecho al Gobierno de Sánchez. En lo que respecta al conjunto de intervenciones que se pactaron entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Sánchez se acordaron más de una treintena de proyectos en la provincia.
Una inyección de 300 millones con dos tercios destinados a Alicante
El Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado 2022 una aportación extraordinaria de 300 millones de euros para la Comunidad Valenciana a través de dos convenios. Dos tercios de aquella inversión eran para Alicante y el entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que se destinarían a mejoras de las carreteras y el ferrocarril. Esta inyección extra llegó tras el agravio que sufrió la provincia en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que siguen prorrogados.
El primero de estos convenios estaba dotado con 100 millones y tenía como objetivo la implantación de soluciones de movilidad en transporte público, mientras que el segundo contaba con una partida de 200 millones para invertir en la ejecución de actuaciones en materia de carreteras y ferrocarriles. Puig valoró como «muy positiva» la decisión de destinar 300 millones a la Comunidad Valenciana para soluciones de movilidad e infraestructuras. Por su parte, desde el PP se calificó aquel anuncio como una «cortina de humo».
Aquellos acuerdos nacieron con objetivos como la adquisición de material rodante tranviario y despliegues de sistemas de transporte público a demanda o de política tarifaria. También se incluía la financiación de la compra de 16 nuevos tranvías de la serie 4500, ampliable a otros doce, que se incorporarían, parte de ellos, al TRAM de Alicante para sustituir las unidades más antiguas, cubrir las necesidades derivadas de los proyectos de ampliación previstos en las redes de explotación y reforzar el actual servicio.
Por otra parte, se contemplaba financiar un transporte discrecional a demanda mediante vehículos de hasta nueve plazas, incluyendo al conductor, para las zonas rurales de débil tráfico, que fuera complementario al transporte regular existente. También estaba incluida la integración tarifaria del área metropolitana de Alicante, mediante el impulso de títulos que puedan ser utilizados en diversos modos de transporte integrados.
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