El preacuerdo alcanzado entre PSC y ERC para implementar una financiación “singular” a Cataluña ha sacudido el tablero político nacional. El texto, que todavía tiene que ser validado por las bases republicanas y al que le falta concreción para poder medir su alcance real, ha recibido el rechazo frontal de las autonomías gobernadas por el PP, como la valenciana, e incluso el de algunas en manos socialistas. Sin embargo, esa unanimidad en las críticas se diluye algo al consultar a los expertos en la materia.
Este diario ha contactado con seis ‘sabios’ en financiación para pulsar su opinión sobre el impacto que el concierto fiscal concedido a Cataluña puede tener sobre la Comunidad Valenciana, la gran perdedora durante más de dos décadas del mecanismo de reparto de recursos y que mira con atención cualquier cambio que pueda alterar el escenario actual. Por un lado, los exconsellers de Hacienda Juan Carlos Moragues (PP) y Vicent Soler (PSPV); el actual secretario autonómico del ramo, el popular Eusebio Monzó, y su antecesor con el Botànic, Francesc Gamero (Compromís); y dos miembros de la comisión de expertos de las Corts, Juan Pérez y Rafael Beneyto.
Las miradas son dispares, incluso opuestas en algunos casos, y la falta de concreción del texto complica el diagnóstico. Monzó, por ejemplo, alerta de que el concierto fiscal “rompe España“, mientras Gamero celebra que es “claramente positivo para los intereses de la Comunitat Valenciana”. Moragues no es mucho más optimista que Monzó y denuncia que sería la “quiebra de la solidaridad interterritorial” y detraería recursos a la caja común, lo que afectaría especialmente a las autonomías infrafinanciadas como la valenciana.
El número dos de la consellera Ruth Merino centra sus críticas en que se use el sistema de financiación autonómico, un “dinero sagrado”, como “moneda de cambio” para lograr objetivos partidistas. Monzó coincide con Moragues en que también pone en jaque la solidaridad entre territorios, al entender que “en ningún caso” Cataluña continuará aportando a ese fondo al mismo nivel que hasta ahora.
“Margina la singularidad valenciana”
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Pérez, investigador en el Ivie, afea por su parte esa negociación “bilateral” del Gobierno sobre un asunto común, un hecho que “margina” al resto de territorios, especialmente a esas comunidades maltratadas de forma crónica como la valenciana, añade reivindicando su “singularidad”. El economista reclama, además, que la cuota solidaria que sería abonada por Cataluña se calcule como hasta ahora, a través del fondo de Garantía, para asegurar que se mantendría al mismo nivel. De lo contrario, y aquí coincide con Monzó, esa colaboración con el resto podría “tender a desaparecer”, dice apoyándose en la experiencia del cupo vasco.
El exconseller Soler, que pide aparcar “prejuicios ideológicos” del análisis, es más cauto y destaca que el acuerdo “puede ser beneficioso” para la C. Valenciana si logra “perforar” el statu quo vigente, el culpable, recuerda, de que la autonomía registre “hasta un 30 % menos de financiación per cápita que alguna otra comunidad (Cantabria) para las mismas responsabilidades de gestión”.
La tesis del exconseller de que supone una oportunidad para acabar con el maltrato crónico la comparte también Gamero. El dirigente de Compromís defiende que el movimiento supondría “desbloquear la reforma del sistema” y “abrir un escenario de posibilidades” para la Comunidad Valenciana, entre ellas el propio concierto fiscal, que en esa coyuntura “se podría solicitar”. Beneyto también entiende que si el paso dado por el PSOE cristaliza sería un acitate para la reforma: “Para desarrollar el acuerdo PSC-ERC, el Gobierno, ahora sí o sí, tendrá que reformar el actual sistema”.
Cada voto vale oro en el Congreso
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Gamero recuerda además que el pacto obliga a modificar la ley de financiación (Lofca) en el Congreso, y ahí Compromís y otras fuerzas periféricas que reclaman también la reforma del sistema pueden hacer valer sus votos y vincular el apoyo a ese cambio de modelo. “No será posible que se apruebe la Lofca sin reforma todo el sistema globalmente y, por tanto, sin que la discriminación valenciana se resuelva”. Beneyto es menos optimista y ve “complicado” que el Ejecutivo logre articular una mayoría.
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El acuerdo también contempla el proceso hasta alcanzar esa singularidad catalana. Pérez y Beneyto creen que en esa transitoriedad se recogen varias reivindicaciones valencianas. El primero destaca el compromiso por la “suficiencia” del sistema y el “respeto de la ordinalidad”, que supone romper el statu quo, mientras el segundo destaca que el compromiso del texto de “compensar los desequilibrios producidos por el actual modelo” supone recoger “letra por letra el fondo transitorio de nivelación”.
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Source: Informacion

Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.