Antes de que trascendiera la letra pequeña del acuerdo entre PSC y ERC, el Consell ya había convocado una rueda de prensa de urgencia de sus máximos responsables en financiación para desaprobar el concierto fiscal de Cataluña. Casi en paralelo y en total sincronía, el president Carlos Mazón denunciaba desde Alicante que se trata de un «golpe de Estado fiscal» que pone en jaque el mecanismo de reparto y entierra la solidaridad interterritorial y la igualdad entre españoles. La portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, desde València, incidía en las mismas ideas. Mazón y Merino confirmaron también que ya estudian posibles recursos de inconstitucionalidad.
Ambos dejaron patente que tienen sus conclusiones muy claras ante este concierto fiscal: supone la ruptura definitiva de la igualdad entre españoles y agrava los problemas financieros de territorios como el valenciano, ya de por sí infrafinanciado y que ahora vería como, de cumplirse las proclamas de ERC, una de las comunidades más ricas dejaría de aportar al fondo común, dejando al resto con menos recursos.
En concreto, los cálculos del Consell apuntan a que la «independencia fiscal» de Cataluña dejaría al Estado sin 50.000 millones de euros, la mitad de los cuales se distribuyen entre los territorios a través del sistema de financiación.
Por eso, el jefe del Consell confirmó que la Comunidad Valenciana ya contempla «pasos» contra el pacto. Mazón defendió que la Comunidad Valenciana «no se puede permitir el lujo de permanecer callada ante un golpe de Estado fiscal, que es tanto como un golpe de Estado de hecho a la igualdad de los españoles». Merino se mostró convencida de la ilegalidad del acuerdo.
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President y portavoz también coincidieron en cargar contra el PSPV y su líder, Diana Morant, miembro del Gobierno, por posicionarse del lado de Moncloa. «Es la federación más sanchista de todas», criticó Mazón, que como Merino contrapuso la posición del PSPV con la de otros territorios como Castilla-La Mancha.
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