La ley de Concordia ya está publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV). La norma, pactada por PP y Vox y aprobada con los votos de ambos grupos en las Corts el pasado 18 de julio, ve la luz 18 días después de recibir el visto bueno del parlamento valenciano. Pese a la tardanza, la polémica ley nace sin modificaciones, por lo que el Gobierno central exigirá cambios al Consell de Carlos Mazón o acudirá a los tribunales. La ley dejará sin efectos la de Memoria Democrática de 2017 firmada por el Botànic una vez entre en vigor, dentro de 20 días hábiles.
Quedarán derogados entonces los 65 artículos de aquella norma, se disolverá cualquier organismo o institución surgido al amparo de aquella (como el Instituto Valenciano de Memoria que se preparaba en Alicante) y se frenará todo procedimiento igualmente impulsado en virtud de la ley anterior, excepto las exhumaciones.
Se sustituirán por los apenas cinco puntos de la nueva norma, que como principal novedad retrotrae el período de aplicación al inicio de la Segunda República, uno de los aspectos más cuestionados por colectivos memorialistas, que consideran que se diluyen así los crímenes franquistas y la protección expresa a esas víctimas, así como que se equiparan períodos democráticos con la dictadura. La nueva ley incluye expresamente a víctimas de terrorismo etarra o islámico.
Estos aspectos le valieron al Consell un reproche expreso de un grupo de relatores de la ONU, que en un informe sobre estas normas que PP y Vox promovieron en varias autonomías compartidas, concluyó que la valenciana «desvirtúa» el reconocimiento y la atención a las víctimas del franquismo y de la guerra civil al «asimilar» las «graves violaciones» de derechos humanos cometidos en estos periodos con otro grupo «heterogéneo» de crímenes.
Al calor de aquellas conclusiones el Gobierno advirtió de que recurriría todas estas normas autonómicas. Ya lo hizo con la de Aragón y fuentes del Ministerio de Política Territorial confirmaban ayer que ya trabajan para hacer lo propio con la valenciana, ahora que ya ha sido publicada (no es necesario esperar a su entrada en vigor).
El proceso y los tiempos
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El recurso de inconstitucionalidad sería la última pantalla, aunque es ahora mismo el desenlace más probable. El ministro Ángel Víctor Torres confirmó en una reciente entrevista con Levante-EMV, del mismo grupo que INFORMACIÓN, los pasos a seguir. Lo primero, solicitar la comisión bilateral entre el Gobierno y el Consell. Hay nueve meses de plazo pero se prevé inminente.
Si la Generalitat acepta la negociación —Aragón se negó—, se activa la bilateral y se conceden tres meses para para resolver las discrepancias. El Ejecutivo puede instar a modificaciones en la ley o incluso a su retirada. Torres situó como cambio «fundamental» la «unificación» de víctimas del franquismo y de la Segunda República.
En este mismo foro Moncloa y Consell llegaron hace poco a un acuerdo técnico sobre los presupuestos. Pero es poco probable que este se pueda repetir sobre un asunto mucho más ideológico.
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El president Carlos Mazón criticó hace pocos días que Moncloa «vaya invadiendo competencias autonómicas», si bien se mostró abierto a «seguir hablando» en busca de acuerdos. Ayer volvió a mostrarse dispuesto, si bien lanzó un dardo al PSOE al recordar que «pactó la ley de Memoria con Bildu» y les invitó a «avanzar» y a «hablar de ETA».
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Source: Informacion
Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.