La Generalitat de Cataluña presentó este martes su propuesta para recibir una «financiación singular» al margen del actual mecanismo de reparto del Estado. Un modelo muy similar al vigente en el País Vasco y que se basa en que la autonomía gestione todos los impuestos que recauda en su territorio para, posteriormente, abonar una parte de ese dinero al Estado a modo de cupo. A diferencia de lo que sucede en Euskadi, el Govern propone activar un mecanismo de «solidaridad» para seguir aportando recursos a la caja común y mitigar así el agujero que su salida de facto del sistema de financiación dejaría en el resto de comunidades, dificultando de paso la compensación —ya de por sí deficitaria— a los territorios peor tratados, como la Comunidad Valenciana.
Junto a Madrid e Islas Baleares, Cataluña es una de las tres comunidades autónomas que son aportadoras netas al sistema de financiación autonómica (SFA). Recauda más de 25.000 millones mientras recibe del Estado algo más de 22.800 millones. Esto deja un diferencial de casi 2.200 millones entre lo que genera e ingresa, un dinero que luego redistribuye el Estado entre las cajas de otras Administraciones autonómicas y que de prosperar este planteamiento desaparecería.
A cambio, el Govern aboga por implementar una cuota de «solidaridad», una herramienta pensada para paliar esos efectos colaterales del nuevo tratamiento que reclama. El documento señala que este fondo deberá ser «objeto de negociación política», lo que según Diego Martínez, investigador en Fedea, complicaría todavía más el escenario al introducir un nuevo foco de potenciales distorsiones.
Y es que implementar este mecanismo no sería algo automático, sino que requeriría de negociaciones para determinar las variables a ponderar, el problema que bloquea la reforma desde hace más de una década. «Sería de una complejidad excepcional desde el punto de vista técnico y político», asegura el experto en conversación con este diario.
Martínez va más allá y augura que el movimiento catalán «introduce una variable adicional», la «confederal», al sudoku de la reforma del sistema de financiación. Según el investigador en Fedea, la voluntad de negociar esta propuesta «al margen del régimen común» es una «enmienda a la totalidad a la reforma de la financiación», ya que es «inviable» alcanzar consensos en una negociación multilateral con el resto de autonomías. Con todo, concluye que el paso dado por Cataluña complica todavía más las posibilidades de pactar un cambio de modelo.
Mazón recela de la propuesta
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En el Consell no quisieron fijar posición hasta conocer la letra pequeña de la propuesta, pero fuentes de la Generalitat no ocultaban este martes su desconfianza. «Mucho título, pero sin detalles. Este es un tema serio y mucho más técnico de lo que parece», alertaron este martes desde el Ejecutivo valenciano, donde abogaron por la cautela hasta conocer más detalles.
En todo caso, coinciden con que la financiación «singular» que pide Cataluña en ningún caso va a actuar como acicate para la reforma global del mecanismo porque el Gobierno central «ha demostrado que no está ahora en esa partida». Esta, la de un cupo ad hoc entre Cataluña y el Estado, «tiene las cartas marcadas», consideran las citadas fuentes, que añaden que el movimiento no aporta perspectivas halagüeñas para la Comunidad Valenciana.
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Moncloa enfrió las aspiraciones catalanas tras la comparecencia de Pere Aragonès, dejando claro que el «marco negociador» debe ser multilateral e incluyendo al PP, que gobierna once comunidades. Otras fuentes del Gobierno marcaron distancias con la propuesta catalana, lanzada en plena precampaña. La reducen a «fuegos de artificio electorales», en declaraciones a este diario. «Nada será real hasta ver el resultado de las elecciones del 12 de mayo», sentenciaron este martes.
Source: Informacion
Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.