El Consell aprobará en el próximo mes de abril un decreto-ley para atajar la situación del personal investigador. El Ejecutivo autonómico prepara una norma con la que estandarizar la situación laboral en las fundaciones e institutos biomédicas públicas adscritos a la Conselleria de Sanidad, especialmente tras la advertencia de la auditoría de la Intervención General de la Generalitat que pone de manifiesto «múltiples y graves irregularidades» en la gestión del personal y la contratación en estos centros públicos.
El pasado jueves, en la sesión de control, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció que el Gobierno valenciano aprobaría «sin dilación, este mes de abril» un decreto-ley para dar «estabilidad a los investigadores». Así, según ha podido saber este periódico, uno de los efectos que tendrá este nuevo marco legal será la homologación de los sueldos no solo entre todos los centros biomédicos y fundaciones públicos de la Comunitat Valenciana sino también «las retribuciones del personal investigador puedan homologarse a las correspondientes del personal sanitario» en sus categorías estatutarias profesionales.
El IIS La Fe, el Incliva, Fisabio, la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia, la Fundación de Investigación Hospital Provincial de Castellón e Isabial son los seis institutos de investigación públicos de la Comunitat Valenciana. Todos pertenecen al sector público instrumental, por lo que su personal no guarda las mismas condiciones que quienes están contratados por la Conselleria de Sanidad.
De hecho, uno de los problemas que indicaba la auditoría interna es el «descontrol» sobre cada una de estas y la necesidad de establecer un «marco normativo de regulación único». Y este es uno de los puntos hacia los que se enfocará el decreto-ley que prepara el Ejecutivo autonómico.
El objetivo será, en primer lugar, lograr un marco único y homogéneo para todos estos organismos.
Con ello, además de evitar las desigualdades entre las diferentes fundaciones por el mismo trabajo, que en algunos casos pueden ser de hasta 5.000 euros por una misma categoría laboral, se facilitará que las condiciones laborales puedan ser objeto de una negociación colectiva.
También se busca que las retribuciones del personal investigador puedan homologarse a las correspondientes del personal sanitario, algo que viene marcado en la ley estatal de Investigación Biomédica. Para ello, el decreto ley preverá excepcionar transitoriamente las limitaciones presupuestarias a los incrementos de la masa salarial.
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Asimismo, en el Consell consideran que con esta norma se mejorarán las condiciones laborales y, por lo tanto, se contribuirá a frenar la fuga de talento e incluso se podría lograr el regreso de algunos de los que se marcharon. De hecho, el jueves en las Corts, Mazón anunció la contratación de 200 investigadores.
Source: Informacion
Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.