En la Conselleria de Hacienda comienzan a tener la misma sensación en sus comunicaciones con el Ministerio de Hacienda que los náufragos cuando envían sus mensajes de auxilio al mar dentro de una botella. Los textos no van de un posible rescate ni de las coordenadas de la isla perdida en medio del agua, sino sobre la necesidad de una reforma de la financiación que sea, eso sí, un salvavidas económico a las aperturas de ingresos en la que viven las cuentas de la Generalitat. Pero el resultado parece, de momento, el mismo que el de quien se encuentra varado en un terruño entre olas: el silencio.
La portavoz del Ejecutivo autonómico y titular de Hacienda, Ruth Merino, lamentó ayer que no ha recibido «ni acuse de recibo» por parte de su homóloga en el Gobierno central, María Jesús Montero, de las dos cartas que ha enviado desde septiembre reclamando avances en el cambio del modelo de reparto entre autonomías.
La última, recordó, a inicios de febrero en la que Merino informó de la conclusión de los expertos sobre la necesidad de un fondo de nivelación para la Comunidad Valenciana de 1.700 millones. De esta actualización de las peticiones no ha habido respuesta. Ni siquiera el «acuse de recibo». Nada. La carta se ha enviado al mar en espera de algún buque y no hay bengalas que avisen de que el mensaje ha sido recibido ni, mucho menos, que se vayan a llevar a cabo las peticiones. Casi está al nivel de los deseos que expresó Merino como carta a los Reyes Magos el pasado 4 de enero. «Que Montero haga su trabajo y aborde la reforma del sistema de financiación», dijo entonces. Ni en el árbol del Palau ni el del Palacio del Almirante —sede de la Conselleria de Hacienda— apareció envuelto un nuevo modelo.
Las dificultades de comunicación entre los dos departamentos no son nuevas. De hecho, Merino calificó este pasado enero la relación entre ambas administraciones de «unilateral». Tres meses antes, en septiembre, la consellera escribió otra misiva a Montero preguntándole por las entregas a cuenta y el objetivo de déficit que dispondría la Comunidad Valenciana para poder elaborar los presupuestos. Aquella carta, en un momento en el que el Gobierno central estaba en funciones y negociaba los apoyos para sacar adelante su investidura, tampoco tuvo respuesta.
«El Consell no se va a cansar»
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Así, la consellera Moreno indicó en enero que esperaba que la relación entre ambas administraciones «se pudiera reconducir» para trasladarle la «crítica» situación financiera por la que atraviesa la Comunidad Valenciana.
Ayer, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell celebrado en Castellón, reiteró que la Generalitat no se va a «cansar por mucho que el Gobierno de España se aburra» de oírles. «Nos van a tener reivindicando lo que es justo para los españoles, pero concretamente lo que es justo para los valencianos y que tanto tiempo se les ha negado», expresó la portavoz.
Ayer, sin embargo, sí llegó una noticia desde Madrid. El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Valenciana a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 470 millones. Se ha pedido autorización para cerrar un préstamo a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un importe máximo de 470 millones, del que se autoriza un desembolso máximo de 85 millones en 2024.
El préstamo se destinará a cubrir la cofinanciación de determinadas inversiones que se incluyen en el programa operativo 2021-2027, apoyadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y Fondo Social Europeo (FSE).
El Consejo de Ministros también ha autorizado a la Comunidad Valenciana para que pueda otorgar garantías en 2024 por importe máximo de 13,2 millones. Pidió el reafianzamiento de las garantías concedidas por la SGR a las operaciones de crédito concedidas por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en el ámbito de la convocatoria de la línea de financiación Reactiva Feder, dirigida a pymes.