Javier Lorente es el responsable de los trabajadores públicos de la Generalitat con el nuevo Consell de Carlos Mazón. Funcionario de habilitación de carácter nacional, ha ejercido como subdirector en diversas conselleries desde 2020. Ahora asume el cargo con el reto forzoso de reducir la temporalidad y el objetivo de comandar el relevo generacional y profundizar en los nuevos procesos de formación y selección iniciados por el Botànic.
El Consell está poniendo el foco en la herencia del Botànic. ¿Cómo ha encontrado su área?
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La herencia esencial que hemos recibido es una falta de digitalización total. No tenemos un plan de recursos humanos y no tenemos un plan de digitalización. Eso condiciona mucho todo lo que queremos hacer.
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Acaban de anunciar una OPE de casi 1.200 plazas para 2024. ¿Qué tasa de temporalidad esperan alcanzar a final de año?
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Se enmarca dentro de un plan extraordinario de reducción de la temporalidad. Tenemos que cumplir antes del 31 de diciembre de 2024 con un 8 % de temporalidad. Nosotros, por esa herencia, podemos conseguir este año entre un 13 y un 15 % de temporalidad. Reduciríamos de un 45 o 50 % a un 13 % este año. Y en 2025 nos quedaríamos por debajo del 8 %. En ese plazo vamos a sacar más de 2.000 plazas por oposición libre. La virtud que tiene es que está dentro de un plan estratégico de recursos humanos.
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¿En qué consiste ese plan?
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Hay una clave esencial para mí: que todas las políticas de Función Pública se encaminen a planificar, a adelantarnos a problemas futuros. Para ello vamos a hacer este plan con tres ejes esenciales: la selección, con pruebas menos memorísticas y con capacidades y competencias distintas a las actuales, porque van a cambiar los perfiles que necesita la sociedad. Ya no demanda trabajos burocráticos sino digitalización y eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Por otra parte, tenemos que provocar un relevo generacional para introducir esos nuevos perfiles, con competencias TIC, liderazgo y capacidad de toma de decisiones y formar mejor, que es nuestro segundo eje. El tercero consiste en dinamizar los servicios públicos. Me obsesiona que nuestro trabajo se dirija al servicio público. No somos tramitadores de expedientes.
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¿Cuántas plazas se ofrecerán por oposición pura?
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En esta OPE hay dos vías. Una la ordinaria, en la que estamos sometidos a una tasa de reposición del Estado, que debería eliminar ya. Esa mantiene lo que establece la ley: un 40 % de promoción interna y un 60% de oposición libre. Esto sería modificable hasta un 50-50 % según la ley, estamos negociando todavía. Pero la tasa extraordinaria por su propia finalidad tiene que ser de oposición libre. Porque lo que necesitamos es personal de nuevo ingreso que reduzca la temporalidad, no hacer carrera profesional.
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¿Se debe caminar hacia la eliminación de los méritos?
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No es que se deban eliminar, la carrera profesional es importante. Pero en un escenario distinto. Con la temporalidad por debajo del 8 % podremos centrarnos en la carrera profesional de los empleados públicos, pero este año, que es extraordinario, necesitamos acudir a una vía excepcional que es la de oposición libre.
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¿Cree que la Escuela Valenciana de Función Pública (Evap), eliminada por Mazón, hubiera sido útil?
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Mantenemos la importancia de la idea, pero no era necesario un organismo autónomo. Era crear una estructura innecesaria que podemos asumir desde Función Pública. Pero la esencia, potenciar la formación de los funcionarios y un mejor acceso de las personas aspirantes, es la clave de nuestras políticas.
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¿Le gusta la idea de exámenes menos memorísticos?
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Claro. Es esencial en nuestro modelo. Hemos hecho un proyecto piloto en el que evaluamos competencias, habilidades y capacidades de los aspirantes quitando exámenes memorísticos. Tenemos un convenio con Idocal (Instituto de Investigación en Psicología de la UV) por el que vienen psicólogos a evaluar las capacidades y competencias de los aspirantes más allá de la memoria. Además, ofrecemos prácticas de cuatro meses.
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La plantilla tiene una edad media de 57 años. ¿Hacen falta planes para adaptarlos a las nuevas tecnologías?
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Trabajamos en dos ejes. El primero, formar en digitalización a los funcionarios que tenemos, que de media tienen 57-59 años. Y sobre todo, necesitamos un cambio generacional que permita, a través de una gestión planificada de vacantes, conseguir que el relevo se produzca a la vez que formamos a los que ya tenemos.
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¿Cree que los funcionarios están bien remunerados tras las actualizaciones salariales?
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Están bien remunerados, sobre todo si los comparamos con el sector privado. Pero tanto el sector privado como el público podrían tener mejores salarios.
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¿Se plantean la jornada de 35 horas?
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Estamos negociando con sindicatos para que, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, implantar las 35 horas. Pero queda mucho estudio por hacer sobre cómo afectaría a los servicios públicos. Estamos estudiando esa posibilidad, pero sin mermar los servicios públicos ni el presupuesto limitado que tenemos.
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¿Qué planes tienen con el teletrabajo?
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Con el teletrabajo ocurre que no podemos tener un control a día de hoy. No sabemos cómo se desempeñan los puestos de trabajo cuando se hace a distancia. Estamos estudiando establecer medidas que nos permitan conocer cuál es el desempeño de esos puestos en teletrabajo, para a partir de ahí llegar a acuerdos con los sindicatos. Pero estamos estudiando también qué consecuencias tiene para los servicios públicos. Todo esto se basa en planificar y gestionar bien los servicios públicos, esa es la clave de todo: la mejora de los servicios públicos. Si mejora los servicios públicos, hablaremos de teletrabajo.