El presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene su cruzada contra la inmigración irregular a toda cosa, incluso con una potencial medida contra un derecho fundamental consolidado como el habeas corpus. En las últimas horas, Trump ha aprobado un plan para incentivar la autodeportación de extranjeros sin papeles, ha anunciado que aumentará hasta 20.000 el número de agentes encargados de deportaciones y ha asegurado que está considerando suspender el habeas corpus, el principio jurídico que protege a las personas contra las detenciones arbitrarias, para evitar que los migrantes arrestados puedan acogerse a él y pedir el amparo de los tribunales, paralizando así su deportación.
El encargado de comunicar las intenciones de la Casa Blanca fue Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump y arquitecto de dura política migratoria de Trump. En declaraciones a la prensa este viernes, Milller argumentó que la Constitución permite la suspensión del habeas corpus “en tiempos de invasión“. “Es una opción que estamos considerando de manera activa y todo depende de si los tribunales hacen lo correcto o no”, agregó. Expertos consultados por ‘The New York Times’ han puesto en duda que Trump pueda tomar esta medida legalmente, pues requiere de la autorización del Congreso.
El Gobierno de Trump ha utilizado la excusa de una “invasión” de migrantes para justificar legalmente acciones como la militarización de la frontera con México o la expulsión de extranjeros -en su mayoría venezolanos- hacia la megacárcel del CECOT en El Salvador bajo una ley de 1798.
Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han presentado demandas en oposición a las políticas del Ejecutivo y, en múltiples instancias, los tribunales han fallado a su favor, obstaculizando los planes de Trump. Las oenegés han usado precisamente el habeas corpus como defensa para frenar las expulsiones de más migrantes al CECOT y de varios universitarios señalados por su activismo propalestino.
En cuatro únicas ocasiones
Este principio jurídico solo ha sido suspendido en cuatro momentos en la historia de EEUU: durante la guerra civil y el periodo de reconstrucción, en Filipinas cuando estaba bajo control estadounidense y en Hawái tras el ataque japonés a Pearl Harbor.
La Administración republicana ha forzado en repetidas ocasiones en estos tres meses de mandato los límites del poder judicial, ignorando las órdenes de dos jueces federales y lanzando una campaña en su contra. De hecho, Miller ha tildado a varios jueces federales de “activistas” y los ha acusado de orquestar un “golpe de Estado judicial”.
Por otra parte, en un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump dio cuenta este viernes de la firma de una orden ejecutiva para lanzar un programa de vuelos gratuitos desde Estados Unidos hacia el extranjero para impulsar a los migrantes irregulares a autodeportarse. “Estamos haciendo que sea lo más fácil posible para los inmigrantes ilegales salir del país”, explicó. “Cualquier inmigrante ilegal puede simplemente presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país”. El plan incluirá también una aplicación desde la cual se podrá resevar un vuelo.
“Mientras no estés aquí, puedes ir a donde quieras”, sostuvo el republicano, y advirtió que quienes permanezcan en suelo estadounidense estarán sujetos a sanciones, como la expulsión hacia lugares y a través de métodos que estarán bajo “entera discreción” de la Administración.
Este programa se suma a otra medida también incitadora anunciada el pasado lunes, según la cual el Gobierno destinará 1.000 dólares a los inmigrantes que salgan voluntariamente. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este procedimiento (ayuda económica y vuelo gratis) “reduciría el costo de la deportación en aproximadamente un 70%”. El coste promedio de arrestar, detener y deportar a un inmigrante ilegal en Estados Unidos es actualmente de unos 17.121 dólares.
Refuerzo de agentes
Asimismo, el presidente ordenó este viernes al Departamento de Seguridad Nacional que aumente hasta 20.000 el número de agentes encargados de deportaciones en todo el país. Los efectivos serán reclutados de entidades estatales y locales, entre otros lugares.
“A más tardar 60 días después de la fecha de esta proclamación, el Secretario de Seguridad Nacional complementará las operaciones de cumplimiento y deportación existentes mediante la delegación y contratación de agentes del orden público estatales y locales, exagentes federales, agentes y personal de otras agencias federales y otras personas para aumentar la fuerza de operaciones de cumplimiento y deportación del Departamento de Seguridad Nacional en no menos de 20.000 agentes con el fin de llevar a cabo una campaña intensiva para expulsar a los inmigrantes ilegales que no han salido voluntariamente”, detalla el comunicado de la Casa Blanca.
Source: Informacion
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