El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de Alicante ha mostrado su rechazo a la orden del Ministerio del Interior de no sancionar la tenencia y el consumo de estupefacientes en el interior de vehículos y alertan de que la Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, comunicada esta semana a las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil, “no solo limita la actuación policial contra el consumo de drogas, sino que en gran medida va a normalizar la percepción social de su consumo dentro de vehículos”.
Interior ha difundido esta instrucción a raíz de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que consideran el interior del vehículo “un espacio privado protegido con cierto grado de intimidad”.
El SPPL considera que desde la Secretaría de Estado se ha omitido de forma incomprensible o no se ha querido tener en cuenta que un vehículo privado “es un medio de transporte, no una sala de recreo, y que muy probablemente va a desplazarse conducido por alguno de sus ocupantes”, indica la organización en un comunicado.
Riesgo para la circulación
Con la orden de Interior se va a crear, a juicio de SPPLB, un riesgo añadido a la circulación: “¿Cómo vamos a poder evitar que después de consumir sustancias estupefacientes en un vehículo de manera lícita sus ocupantes puedan desplazarse con el mismo?, o ¿qué va a pasar cuando un vehículo estacione en la puerta de un colegio o de un parque infantil y sus ocupantes comiencen a consumir drogas a la vista de todos?”, se preguntan desde el sindicato policial.
El SPPL señala que parece ser que no se ha tenido en cuenta que “las Policías Locales de este país, en su gran mayoría, carecen de los medios técnicos que posibilitan la detección de la conducción bajo los efectos de drogas o sustancias estupefacientes”.
El sindicato denuncia que la Instrucción 7/2025 no solo produce un efecto negativo en la labor policial, sino que va a permitir situaciones sociales de difícil manejo para los propios ciudadanos. Desde el SPPLB entienden que la Secretaría de Estado de Seguridad “se ha equivocado y debería rectificar de manera inmediata en este asunto”. El sindicato exige además a Interior que modifique la Ley de Seguridad Ciudadana para que este supuesto sea considerado ilícito.
Asimismo, denuncian que por parte del Gobierno de España, una vez más, se “limita la actuación policial, se menoscaba el principio de autoridad de la Policía y se da vía libre a posibles situaciones cuya influencia negativa en el conjunto de la sociedad es evidente”.
Source: Informacion
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