Ante todo, frialdad. El anuncio del presidente de Gobierno Pedro Sánchez de lanzar una consulta pública sobre la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell ha provocado lacónicas reacciones en el sector empresarial y en la propia administración autonómica. De entrada, solo la asociación Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha confirmado en primer término su participación en una iniciativa que no será vinculante y con la que, a priori, el Ejecutivo socialista dio el pasado lunes un balón de oxígeno a la Generalitat catalana.
En territorio local, tanto el Consell como la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) se han limitado a indicar que esperán a conocer los términos de la consulta para analizar su postura. Un paso más allá ha ido la Cámara de Comercio de Alicante que sencillamente ha indicado que no realizará declaraciones sobre el tema. Poco más se ha dicho en estas primeras horas, donde otro nexo común ha sido la sorpresa tras conocerse que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había dado su visto bueno a la operación por unanimidad el pasado miércoles 30 de abril.
El caso es que esta frialdad en la provincia de Alicante contrasta con todo lo ocurrido en la primera fase de la opa, cuando el banco catalán tenía aún su sede en la ciudad de Alicante. Entonces, el presidente Carlos Mazón y los restantes titulares de las principales organizaciones empresariales anunciaron alegaciones al proyecto de la entidad financiera vasca. Poco después, la CNMC dejó fuera todas ellas.
Plantilla y financiación
En una parte del arco político (Compromis y Sumar) y en el ámbito sindical, la postura ha sido de rechazo a la fusión desde el primer momento. De hecho, tras el anuncio de Pedro Sánchez, solo el alcalde de Alicante, el popular, Luis Barcala, reiteró su defensa de la plantilla, pues el Sabadell cuenta con una importante presencia en la provincia de Alicante como consecuencia de heredar la red de la antigua CAM.
En el documento de alegaciones presentado por Uepal, la asociación que preside César Quintanilla, consideró que la opa tendría un fuerte impacto en las condiciones crediticias y en las tarifas para el sector minorista y del comercio, puesto que esta concentración puede derivar “en un aumento encubierto de los costes para los negocios, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que pueden tener menor capacidad de negociación”.
En sus conclusiones, Uepal estimóe “en el ámbito de las pymes, los problemas de competencia que van a originarse desaconsejan permitir esta operación” y teme que “el tamaño y posición que va a asumir, especialmente en aquellas localizaciones donde la entidad resultante (BBVA) ostentará una posición dominante, van a provocar un efecto negativo a corto, medio y largo plazo, en el acceso al crédito y en las condiciones financieras para las pymes”.
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Source: Informacion
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