“La gente no odia lo suficiente a los periodistas”, se quejó Javier Milei. El “criptogate” no habría existido sin las investigaciones que ubican al presidente argentino y su hermana Karina en el centro de la estafa con el activo digital. Milei llamó a los profesionales de la prensa a pedir “perdón” por “la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias que a diario suelen decir”. La furia presidencial no ha evitado que el jefe de ministros, Guillermo Francos, fuera interpelado largas horas el pasado martes en la cámara de Diputados por el escándalo de $LIBRA. Francos se contradijo en más de una oportunidad pero la ultraderecha lo considera un intrépido: puso el cuerpo en nombre de un Gobierno que se negó a que se presentaran en el Congreso los titulares de las carteras de Justicia y Economía, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, respectivamente.
Francos aseguró primero que Milei “no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Libertad y/o la moneda Libra”. Pero con el paso del tiempo y el aluvión de preguntas admitió que las reuniones que el mandatario mantuvo entre el 20 de septiembre del 2024 y el 30 de enero de 2025 con empresarios del mundo de las criptomonedas, entre ellos Mauricio Novelli, el norteamericano Hayden Davis y Julian Peh, oriundo de Singapur, son protagonistas centrales del “criptogate”. Milei fue empleado del primero, años atrás. Davis se fotografió alegremente con el presidente antes de que estallara el escándalo. El activo digital pasó de llamarse “Viva La Libertad” a $Libra, el nombre de una estafa a miles de ahorristas por unos 100 millones de dólares.
“En dichas oportunidades se conversó acerca de cómo las tecnologías descentralizadas y el blockchange podían ser de ayuda para promover el negocio de emprendedores digitales”, dijo Francos sobre las reuniones.
Preguntas incómodas
La diputada opositora Sabrina Selva recordó que ha quedado demostrado que Milei tuiteó el 14 de febrero 22 segundos después que se creara el código que puso en funcionamiento $Libra. “Fue la primera persona en el mundo”. El extertuliano televisivo luego borró su mensaje en X. A partir de ese momento inicio una carrera de desmentidas que no hicieron más que incrementar las sospechas al punto de perjudicarlo en las encuestas de opinión. “¿Quién le brindó al presidente concretamente el número de contrato que él publicitó?”, quiso saber el legislador Itai Hagman. Francos se abstuvo de ofrecer respuestas concretas. Además, hizo una encendida defensa de la honorabilidad de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y la llave de acceso al anarco capitalista de los protagonistas de la estafa, según los medios de prensa.
El jefe de ministros aludió a los casos de corrupción durante los Gobiernos anteriores cuando los diputados le reclamaron precisiones. La diputada de centroderecha Margarita Stolbizer tomó la palabra: “acabamos de tener una de las demostraciones más explícitas de lo que es la degradación política y moral de la Argentina: el propio jefe de gabinete que habla del otro Gobierno formó parte de aquel Gobierno”. “Caradura”, espetó el diputado peronista (oposición), Germán Martínez. El presidente de la cámara, Martín Menem, llamó la atención al legislador por su “falta de respeto”.
La comisión investigadora
En paralelo se reunió por primera vez la comisión investigadora del “criptogate” que se formó pese a los esfuerzos contrarios del Gobierno. La primera disputa entre sus miembros no ha podido ser resuelta y tiene que ver con el partido que presidirá esa instancia parlamentaria. Menem no ha renunciado al empeño de colocar en ese lugar estratégico a la diputada oficialista Nadia Márquez, involucrada en una causa por estafa.
De acuerdo con Hugo Alconada Mon, columnista del diario La Nación, Márquez “afrontó una causa penal por emitir títulos truchos (falsos) en dos instituciones terciarias de la provincia (patagónica) de Neuquén, entre 1999 y 2004: cursos de periodismo en el Instituto Cristiano Internacional y en una supuesta universidad que carecía de las acreditaciones oficiales requeridas”. La investigación judicial “se inició cuando algunos de los estudiantes afectados detectaron la invalidez de sus títulos y acudieron a los tribunales”. Hace 12 años, la diputada logró la suspensión a través de una “probation”, que le permite al condenado no cumplir la sanción a cambio de ciertas condiciones que pueden incluir, además de la admisión de la responsabilidad, la realización de tareas sociales y de reparación del daño. Márquez tuvo que realizar una entrega mensual de litros de leche a una organización no gubernamental que lucha contra las adicciones por casi tres años.
Source: Informacion
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