Encadenados en un coche abandonado. Un juzgado de lo Penal de Alicante ha condenado a doce meses de prisión a un hombre que tenía a varios perros en condiciones de insalubridad en una finca rural y que acabaron muriendo. El acusado se declaró culpable en un juicio por conformidad entre la Fiscalía, la defensa y dos asociaciones protectoras de animales que ejercían la acusación particular. El fallo, que es firme y contra el que no cabe recurso, le impone también la inhabilitación para ejercer profesiones que tengan relación con los animales durante tres años.
La movilización ciudadana y la indignación en las redes sociales han sido claves para fundamentar esta condena, ya que el proceso judicial se puso en marcha a raíz de las denuncias de las asociaciones animalistas que han ejercido la acción popular en este proceso.
Los hechos salieron a la luz en diciembre de 2020 a raíz de una publicación del propio acusado en las redes sociales con una perra de raza galgo, de nombre Bizca, y sus seis cachorros recién nacidos, todos ellos de su propiedad. El anuncio decía que vendía a la madre y regalaba a las crías y tuvo un efecto totalmente contrario al que esperaba. Las imágenes mostraban las lamentables condiciones en las que se encontraban los perros y desataron una gran indignación en las redes sociales. Dos asociaciones defensoras de los animales, Dignidad Animal y Xixona Apax, presentaron una denuncia y de hecho han ejercido la acción popular en este proceso.
Las imágenes mostraban a la perra en avanzado estado de gestación; así como a los seis cachorros recién nacidos. La madre estaba atada con una cadena de hierro en el maletero de un coche abandonado en mitad del campo, sito en una finca privada del término municipal de Xixona propiedad del acusado. Las fotografías incendiaron las redes sociales, con personas que entraban en el muro del procesado para insultarle y recriminarle las nulas condiciones en las que se encontraban los canes. Los colectivos en defensa de los animales iniciaron una campaña para tratar de rescatar a los perros de las condiciones en las que se encontraban.
Denuncia al Seprona
Desde la asociación Apax se pusieron en contacto con el procesado para pedirle que le cediera los animales, a lo que éste les respondió que los perros habían muerto porque alguien los había envenenado. El colectivo presentó una denuncia al Seprona de la Guardia Civil al no creerse la explicación que les estaba dando el procesado. La asociación puso en conocimiento de los agentes que la perra sola y sin asistencia veterinaria había parido a los cachorros encadenada al maletero de un coche abandonado en mitad del campo y en pleno mes de diciembre, donde las temperaturas durante la noche alcanzan valores bajo cero. La denuncia insistía en que los animales estaban en un sitio inadecuado y sin posibilidad de refugiarse del frío, sin agua, ni comida. El hecho de que se encontrara atada le impedía salir a buscar alimento, circunstancia que provocó que tanto la madre como los cachorros fallecieran a los pocos días. El informe de la necropsia confirmaba que murieron de frío y de hambre, ya que incluso los cachorros conservaban el cordón umbilical y, tanto su estómago como su tubo digestivo, aparecía vacío en todos los casos.
La sentencia considera probado que los cachorros nacieron la madrugada del 29 al 30 de noviembre de ese año y que tanto la perra como los cachorros murieron el 2 de diciembre, poco más de dos días después, porque el propietario «no les facilitó los cuidados necesarios con asistencia en el parto o postparto de un veterinario».
Las asociaciones animalistas reclamaban penas que sumaban hasta 15 años de prisión por diez delitos de maltrato animal, quince meses por cada uno de ellos. Por su parte, la Fiscalía reclamaba un total de doce meses de cárcel, que ha sido la pena que finalmente ha impuesto el juzgado. El procesado, que estaba representado en el juicio por el abogado Moisés Candela, ha llegado a un acuerdo con las acusaciones en el que se ha declarado culpable a cambio de la rebaja en las penas que se le solicitaban. La pena ha quedado suspendida durante dos años a cambio de que no vuelva a delinquir, lo que supone que no ingresará en prisión. Una vez cerrado el acuerdo, se dictó una sentencia in voce en la misma sala del juzgado de lo Penal y unos días más tarde se ha notificado la resolución por escrito a todas las partes. La sentencia impone al acusado las costas del proceso.
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Source: Informacion
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