El Partido Popular mueve ficha para forzar la ampliación de la vida de todas las centrales nucleares españolas. Los populares han presentado este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con la que pretende imponer que todos los reactores funcionen al menos 10 años más que las fechas de cierre actualmente previstas (con clausuras programadas entre 2027 y 2035) también si el actual Gobierno o incluso las propias compañías eléctricas propietarias no quieren. El PP de momento no tiene los apoyos parlamentarios garantizados para sacar adelante la nueva ley para cambiar la regulación actual y obligar a que las centrales sigan funcionando.
La maniobra del PP para forzar por ley un aplazamiento del cierre de las centrales nucleares es doble y llega en un momento en que las empresas propietarias de las centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) reclaman al Gobierno renegociar el calendario de cierres previsto. Por un lado, el PP pretende que la nueva normativa impida al actual Gobierno denegar una solicitud de renovación de las licencias si las presentan las compañías eléctricas. Si las empresas propietarias de las centrales solicitan ampliar las autorizaciones de funcionamiento “por el tiempo que consideren”, el Ministerio para la Transición Ecológica estaría obligado a conceder la renovación si los informes si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emite un informe favorable a la continuidad de las operaciones.
Esto es, la ley del PP retira la capacidad del Gobierno de rechazar una solicitud de las compañías si la ampliación viene avalada por el CSN, cuyas funciones se centran sólo en determinar los requisitos exigibles para que las centrales nucleares operen en condiciones de seguridad, pero en realidad no tiene competencias vinculadas a cuánto costaría mantener los reactores funcionando, la rentabilidad de las compañías que deberán ejecutar inversiones millonarias o a la seguridad del suministro eléctrico.
Por otro lado, el PP refuerza explícitamente en su proposición de ley una competencia con que ya cuenta el Gobierno y que viene recogida en la Ley del Sector Eléctrico. El texto registrado por el Grupo Popular en el Congreso recoge explícitamente que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá imponer que las centrales nucleares sigan funcionando incluso si las eléctricas no quieren y pretenden cerrarlas, siempre que haya informes del Consejo de Seguridad Nuclear, de Red Eléctrica (REE) como operador del sistema, y de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) avalando la continuidad de las operaciones por “grave riesgo” para la seguridad del suministro eléctrico.
La legislación de la UE para el sector eléctrico establece que, en caso de que el Gobierno impidiera el cese de operaciones de una central a pesar de la intención de cerrarla de sus propietarios, las compañías eléctricas deberán remuneradas para garantizar su rentabilidad, compensadas por una retribución regulada a través de los costes del sistema eléctrico (esto es, por todos los clientes y muy previsiblemente a través de la factura de luz).
Al menos 10 años más
El PP también pretende obligar a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a actualizar en un plazo de tres meses desde la eventual entrada en vigor de la ley el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno hace poco más de un año, y que es la hoja de ruta para las próximas décadas sobre el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, la gestión de los desechos que dejan y sobre cuánto costará todo esto.
El objetivo es que Enresa vuelva a calcular los costes previstos en el actual Plan, diseñado en base a los cierres de centrales previstos entre 2027 y 2035, anticipa que deberán invertirse 20.200 millones hasta el año 2100 y que se cubren con una tasa que pagan las eléctricas en función de la electricidad producida por las centrales nucleares y que el Ejecutivo subió un 30% el año pasado. Cuanto más años funcionen las centrales nucleares, la tasa puede bajar desde su nivel actual, dado que los reactores producirán más electricidad y durante más tiempo.
El PP pretende obligar que los nuevos cálculos de los costes del PGRR se realicen sobre la base de que todas las eléctricas funcionarán 10 años más frente al escenario actual de cierres programados. Un nuevo plazo de 10 años adicionales que se determina porque la normativa de seguridad nuclear establece que ese es el tiempo por el que el CSN avala la seguridad de las centrales. En paralelo, el PP también quiere forzar al Gobierno a cambiar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Seguridad Energética para que recojan la ampliación de las centrales nucleares.
Cambiar licencias de Almaraz, Cofrentes y Ascó
Para allanar la ampliación generalizada de la vida de las centrales nucleares, el PP también incluye en su propuesta de ley aplicar de manera inmediata cambios en las autorizaciones de funcionamiento con que cuentan actualmente las centrales de Almaraz I y II (Cáceres), Cofrentes (Valencia) y Ascó I (Tarragona).
El PP quiere obligar a la Secretaría de Estado de Energía a que reforme las ordenes ministeriales para eliminar las menciones expresas que ahora se recogen sobre que la renovación de las licencias de estos cinco reactores se trata de la “última y definitiva” o que el fin de la autorización vigente implicará el “cese definitivo de explotación” de la planta.
Y los populares también ha incluido en su ley una reforma normativa para facilitar que centrales nucleares que ya hayan cerrado puedan volver a entrar en funcionamiento. El PP recoge una disposición de su proposición de ley que si una central ya ha cerrado, podrá solicitar su reapertura y reanudar sus operaciones con los requisitos que marque el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero si la petición de volver a funcionar se produce antes de que se cumpla un año desde que la central dejó de operar, la tramitación de la solicitud se allana y será la misma a la que siguen ahora las peticiones de prórroga o renovación de las autorizaciones.
El PP de momento no tiene los apoyos parlamentarios garantizados para sacar adelante la nueva ley para cambiar la regulación actual y obligar a que las centrales sigan funcionando. Desde el Grupo Popular se apunta que es a partir de ahora cuando mantendrá contactos con el resto de partidos para intentar sumar su respaldo. El PP consiguió hace unas semanas aprobar una proposición no de ley (sin efectos jurídicos, sólo es una petición al Gobierno) instando a aplazar el cierre de las centrales nucleares. Un texto que fue aprobado por el voto favorable de PP, Vox y UPN y que salió adelante por la abstención de Junts y ERC.
Sin mención a la rebaja fiscal
Las grandes eléctricas propietarias de las centrales han venido defendiendo, a través de su patronal Foro Nuclear, la conveniencia de ampliar el tiempo de operación de las plantas, en línea con la postura defendida por la derecha del PP y la ultraderecha de Vox. Las eléctricas defienden esa ampliación, pero con condiciones. Y es que las compañías exigen una gran rebaja de los impuestos que pagan las centrales nucleares como condición para seguir funcionando. Una reforma de la fiscalidad de la que el PP no hace ninguna mención en su proposición de ley, en lo que se entiende que es una forma de evitar que el Gobierno vete la tramitación de la propuesta (el Ejecutivo tiene esa potestad si las proposiciones de otros grupos parlamentarios tiene impacto presupuestario).
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que soportan y reclaman una reforma integral de la fiscalidad del sector con una rebaja masiva de los impuestos específicos que pagan, en torno a 950 millones al año (a razón de 18 euros por MWh producido). Si a los impuestos se le suma la tasa especial que pagan a Enresa por sus residuos, la electricidad producida por las centrales nucleares pagan más de 28 euros por MWh. En total, más de 1.500 millones de euros cada año.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado una gran subida del 30% de la tasa que pagan las centrales nucleares para pagar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas. Tras la subida, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares a Enresa escala hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas, por lo que los pagos anuales escalarán hasta el entorno de los 585 millones de euros al año (135 millones más que los abonos anuales previos).
Las nucleares reclaman al Gobierno un gran recorte de los impuestos específicos que gravan la actividad de sus reactores, e incluso piden directamente la eliminación de todos o de algunos de los tributos vigentes especiales para la producción con nucleares, tanto los estatales como los autonómicos, para garantizar su rentabilidad y seguir operando las centrales. Una rebaja que el PP no contempla en la reforma legal que pretende introducir.
Source: Informacion
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