La comunidad internacional ha reaccionado con dureza contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) este jueves. Organizaciones como Humans Right Watch y Amnistía Internacional, así como líderes de más de 70 países, entre los que se cuenta España, han salido al paso de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que se ha interpretado como un intento de debilitar la capacidad del tribunal para perseguir crímenes de guerra y otros delitos graves. Se considera que va especialmente dirigida a dificultar la ejecución de las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra en Gaza.
La propia Corte ha admitido este viernes que estas sanciones pueden “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial“, y ha subrayado que “se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo” en todas las investigaciones que tiene abiertas. “Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados miembros, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, ha agregado el tribunal en un breve comunicado. Los interpelados no han tardado en reaccionar. Un total de 79 países ya habían firmado una declaración conjunta en contra de las sanciones en el momento de escribir estas líneas, entre los que están Canadá, México, Francia o Alemania.
“La orden ejecutiva de Trump sobre la Corte Penal Internacional pone efectivamente a EEUU del lado de los criminales de guerra a expensas de las víctimas de crímenes graves que buscan justicia”, ha dicho Liz Evenson, directora de justicia internacional de Human Rights Watch en un comunicado. La organización ha advertido que estas sanciones privarán a las víctimas de justicia y dificultarán los esfuerzos internacionales para garantizar que los responsables de los peores crímenes del mundo se enfrenten a la ley. “Los países miembros de la CPI deberían apoyar pública y enérgicamente a la corte por hacer el trabajo para el que fue creada: garantizar que nadie esté por encima de la ley”, ha añadido.
Impacto real
La orden de Trump impone una congelación de fondos y prohibición de entrada en el país a funcionarios y colaboradores de la CPI. Las sanciones también podrían afectar las operaciones técnicas de la Corte, incluyendo la recopilación de pruebas. Existen temores de que los testigos y las víctimas de estas atrocidades puedan decidir no presentarse ante el tribunal, sabiendo que sus testimonios podrían verse comprometidos, puestos en duda, e incluso ser perseguidos por ello.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, también se ha pronunciado en contra de la orden ejecutiva firmada por Trump: “Esta acción temeraria envía el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de la justicia internacional. Sugiere que el presidente Trump respalda los crímenes del Gobierno israelí y está abrazando la impunidad.”
Ni Estados Unidos ni Israel forman parte de los 125 miembros de la CPI, pero las sanciones podrían tener un impacto devastador en las operaciones del tribunal. Las medidas incluyen una prohibición de viaje a Estados Unidos para los funcionarios de la Corte, lo que complicaría su trabajo. Además, se teme que las instituciones financieras se nieguen a colaborar con la Corte, debido al riesgo de represalias por parte de Estados Unidos.
Frente europeo
El Ejecutivo de la Unión Europea tampoco ha tardado en manifestar su rechazo a las sanciones. “La CPI garantiza la rendición de cuentas por crímenes internacionales y da voz a las víctimas en todo el mundo. Debe poder perseguir libremente la lucha contra la impunidad global”, ha manifestado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En este sentido, ha subrayado el firme compromiso de Europa con la justicia, añadiendo que “siempre defenderá el respeto al derecho internacional.”
António Costa, presidente del Consejo Europeo, se ha mostrado igualmente en contra de la medida, y ha asegurado que estas sanciones no solo socavan la CPI, sino que también envían un mensaje negativo en todo el mundo. “La justicia internacional debe prevalecer sobre los intereses políticos de cualquier país”, ha recalcado.
Source: Informacion
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