Iwao Hakamada se despertó durante medio siglo preguntándose si almorzaría. El preso que más tiempo pasó en el corredor de la muerte en todo el mundo ha sido absuelto el jueves de las cuatro muertes por las que había sido condenado en 1968. Aquel fibroso treintañero que entró en la cárcel es hoy un anciano senil de 88 años que no ha podido acudir esta mañana al tribunal. Su caso ha sido reivindicado por activistas y abolicionistas durante décadas como el epítome de la crueldad de la pena de muerte en general y de la japonesa en particular.
Hakamada había probado en el cuadrilátero de joven y alcanzó la sexta posición nacional en peso pluma antes de emplearse en una fábrica de miso. Los cuerpos del propietario de la compañía, su esposa y dos hijos fueron hallados apuñalados dentro de su casa incendiada y desvalijada. La policía lo detuvo un mes más tarde. Las pruebas eran débiles: la fiscalía aseguró que los pantalones con sangre encontrados en un tanque de miso le pertenecían a pesar de que le iban muy pequeños. Pero el tribunal contaba con su confesión y fue suficiente. Hakamada estuvo en la cárcel hasta el vuelco judicial de 2014. Los análisis de ADN demostraron que la sangre de los pantalones no era suya y el tribunal ordenó un nuevo juicio. Atendiendo a su edad y su demencia, Hakamata pudo esperar en libertad el nuevo proceso. Nueve años después empezó al fin, con la defensa pidiendo su libertad y la fiscalía insistiendo en la horca. El tribunal ha fallado que existen muchas posibilidades de que la policía colocara los pantalones en el lugar de los hechos.
Intenso interrogatorio
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Hakamada siempre insistió en que la confesión le fue arrancada en un intenso interrogatorio policial después de ser golpeado, privado de dormir y forzado a evacuar en un improvisado orinal. Los interrogatorios se alargaron durante 240 horas y 20 días, según los registros policiales.
La nómina de defensores de Hakamata es extensa: activistas y organizaciones de derechos humanos, exministras de Justicia e incluso Norimichi Kumamoto, uno de los tres jueces que firmó su condena. Pasó sus últimos años repitiendo que se equivocó, que sus dudas de entonces fueron vencidas por la firmeza de los otros dos jueces. Dimitió siete meses después de la sentencia y se planteó el suicidio. El día de la liberación de Hakamada apareció en la televisión nacional, enfermo de cáncer y con el habla trabada, con lágrimas y puños en alto, pidiendo perdón. “Me gustaría haber hablado más alto entonces”, dijo.
Hakamada es una excepción en el sistema judicial japonés. Sólo otros cinco condenados a muerte han tenido una segunda oportunidad y cuatro de ellos fueron absueltos tras décadas en la cárcel. La eficacia del sistema penal japonés sobrecoge: el 99 % de los casos acaba en condena. Los críticos sostienen que el sistema descansa más en las confesiones que en las pruebas sólidas y que muchas de las primeras son falsas.
Apoyo popular a la pena de muerte
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Japón y Estados Unidos son las únicas democracias industrializadas con pena de muerte. Tokio esgrime el aplastante apoyo popular: el 80 % la consideró como “inevitable” en una encuesta de 2019 y sólo el 9 % pidió abolirla. Los activistas denuncian que el sistema japonés añade la tortura psicológica diaria al encierro porque los reos no conocen cuándo serán ajusticiados hasta una hora antes. No tienen derecho a su última comida ni a una llamada para despedirse de sus familiares. Éstos recibirán la noticia de su ejecución a posteriori para que vayan a recoger el cadáver. Viven aislados en diminutas celdas, gélidas en invierno y caldeadas en verano. Las luces están encendidas durante las 24 horas y se prohíben los antifaces para dormir. Tampoco pueden hablar con el resto de encarcelados.
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No sorprende que muchos reos pierdan la cabeza. Las cartas de Hakamada a su hermana pronto se volvieron incomprensibles. Dice ella, quien le ha cuidado en la última década, que apenas sale de su mundo interior pero que sonríe con pequeños placeres cotidianos: los gatos que ha adoptado, los pasteles y zumos…
Source: Informacion
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