40% of public housing in the Valencian Community will be for young people and single-parent families

La solución del Gobierno de Carlos Mazón a la falta de vivienda social es la construcción, con la “necesaria colaboración” del sector privado. De hecho, para esta legislatura prometió 10.000 Viviendas de Protección Pública (VPP). Sin embargo, los inversores no ven “negocio” en la construcción de vivienda social. Para que esta situación cambie y las empresas se decidan a construir una vivienda social “necesaria e imprescindible” en la Comunitat Valenciana, el gobierno de Carlos Mazón presentó ayer un decreto que será el que rija la normativa de la vivienda pública a partir de ahora y que incluye, entre sus principales novedades, la creación de una nueva tipología de vivienda social destinada a jóvenes y familias monoparentales, el aumento del precio máximo de módulo hasta los 2.400 euros/m2, modifica los niveles de protección (entre los 15 y los 30 años), reduce la burocracia, flexibiliza los requisitos para acceder a un piso social e implica la puesta en marcha de un sistema “pionero y dinámico” para que el precio de las VPO se fije en función a una serie de parámetros (como la zona, las características, la renta media de ese municipio, el precio de los pisos en el mercado libre…).

Los detalles concretos se conocerán con la publicación del decreto pero el objetivo de la nueva norma persigue “que se construya vivienda social para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda, para que, en definitiva, bajen los precios del mercado libre”. Eso sí, hasta que eso ocurra el precio de la VPP en la Comunoitat Valenciana se verá incrementado, aunque tanto el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, recalcaron que “aún así siempre será un precio que estará por debajo del precio del mercado libre“.

Cuánto puede aumentar el precio de una VPO se desconoce y dependerá de varias variables, pero lo que sí marca el decreto es que el 40% de toda la vivienda que se construya en la Comunitat Valenciana tendrá unas características: un máximo de 60 metros cuadrados, entre una y dos habitaciones, garaje y trastero. Y es que así serán las nuevas VPP destinadas a jóvenes (a las que también pueden acceder familias monoparentales). Eso sí, para acceder a ellas se deberán cumplir una serie de requisitos de renta que también se amplían en aras de que jóvenes con un trabajo precario puedan acceder a una primera vivienda. Esa reserva del 40% se deberá cumplir en todas las nuevas promociones (tanto públicas como privadas).

Respecto al nuevo sistema “dinámico”, Mazón explicó que se trata de una manera de calcular “el precio teniendo en cuenta la zona donde se construye, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias en esa zona”. Su actualización será anual “y permitirá abaratar el precio de las viviendas, pues siempre” estará por debajo de los precios del mercado libre”. Las víctimas de violencia de género y las familias con personas mayores o dependientes a su cargo también verán mejoradas sus requisitos para acceder a una vivienda social.

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Reacciones al aumento de precios

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Las reacciones al decreto presentado, sin embargo, no se han hecho esperar. El PSPV ha alertado de que Mazón “sube el precio de la vivienda protegida en plena crisis de precios” y le ha acusado de “utilizar la vivienda como un negocio y no como un derecho”. Para la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, María José Salvador, es “lamentable” que en un momento en el que los ciudadanos “se están enfrentando a graves dificultades para poder acceder a la vivienda, el Consell de Mazón decide apostar por una política que favorece a las constructoras y no a los valencianos y valencianas” y ha censurado que “haya accedido a las presiones del sector de la construcción y que encima lo haga con eufemismos diciendo que es un incremento variable”.

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