El sector turístico ha salido en tromba contra el nuevo registro de viajeros diseñado por el Gobierno, al considerar que generará un caos en los alojamientos y acarreará pérdida de clientela, al no estar vigente en ningún otro país europeo. Pero a estos inconvenientes de orden interno añaden ahora otro factor, como es el convencimiento de que la iniciativa que impulsa el Ministerio de Interior vulnera la actual regulación en materia de protección de datos. De hecho, este es uno de los argumentos con los que la patronal hotelera se ha dirigido al departamento dirigido por Fernando Gómez-Marlaska para exigir la modificación de la propuesta, sobre la base de que solicitar a los clientes sus teléfonos, correos electrónicos o detalles bancarios, entre otras cuestiones, iría en contra de la normativa vigente. El sector, asimismo, advierte que la mayor parte de los establecimientos no pueden disponer de medidas suficientes en materia de ciberseguridad, por lo que tampoco en este campo se podría garantizar la protección de los datos.
El registro, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de octubre, establece que, además de los datos ya habituales, como son el DNI o el pasaporte, los alojamientos estarán obligados a solicitar a los clientes cuestiones como el teléfono móvil y fijo, el correo electrónico y la relación de parentesco entre los viajeros. Pero ahí no queda la cosa, ya que también tendrán que recopilar los datos de pago, entre ellos el tipo de tarjeta y número, el IBAN de la cuenta bancaria o la solución de pago por móvil.
Todo eso propicia que, por parte del sector a nivel nacional, se considere que pueda estar vulnerándose la actual regulación en materia de protección de datos. De hecho, este es uno de los elementos que se han argumentado ante el Ministerio de Interior para solicitar la modificación de la nueva normativa, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.
Así lo señala la secretaria general de la patronal autonómica Hosbec, Mayte García, quien señala que «todo lo que no esté reflejado en un documento tipo DNI o pasaporte, como el correo electrónico, los teléfonos, la relación de parentesco o los detalles de las transacciones bancarias, va en contra de la regulación actual».
A este factor, además, se añade otro, como es el hecho de que el 70% de las empresas de alojamiento son pymes y micropymes, que no pueden disponer de las suficientes medidas en el ámbito de la ciberseguridad para garantizar la protección efectiva de los datos recogidos. «Todo esto -añade García- es un disparate. Hablamos de una normativa que se ha elaborado sin contar para nada con el sector, y que pretende convertir a los establecimientos turísticos en centros de control policial».
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El sector ya ha recibido el apoyo por parte de la Conselleria de Turismo, que también reclama la modificación del registro.
Las agencias de viajes piden su exclusión de la norma
Los alojamientos no son los únicos que están indignados con el nuevo registro de viajeros que pretende implantar el Ministerio de Interior a partir del próximo 1 de octubre. También las agencias de viajes, a las que por primera vez se les ha incluido en esta normativa, y que reclaman que se les vuelva a excluir de forma inmediata. Así lo señala Miguel Ángel Domínguez, abogado y gerente de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes, quien indica que «es un absurdo, porque en definitiva lo que se está haciendo al exigirnos solicitar a los clientes estos datos es duplicar la labor que tienen que hacer los hoteles, empresas de reservas de coches o cualquier otro actor que forme parte de una reserva que se realice en una agencia de viajes».
Este sector, además de coincidir con el de los alojamientos con la pérdida de competitividad, también comparte la visión de que la nueva normativa vulnera la regulación vigente de protección de datos y su entrada en vigor podría suponer un tratamiento «masivo e ilícito» de datos personales. Así lo ha denunciado la Confederación Española de Agencias de Viajes.
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Source: Informacion
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