La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que detuviera su ofensiva contra el sur de Gaza el pasado 24 de mayo. Fue una decisión inédita: el máximo tribunal internacional consideraba que las incursiones terrestres y los bombardeos del Ejército israelí contra zonas altamente pobladas podían derivar en una violación de la convención internacional contra el genocidio. Israel desoyó la orden e intensificó los ataques, no solo en el sur sino también en el centro del país. En estas dos semanas se han producido decenas de matanzas de civiles. La última, hace tan solo unas horas: al menos 32 gazatíes, muchos de ellos niños, han muerto como resultado del ataque israelí contra una escuela de la ONU en Nuseirat. Según Tel Aviv, albergaba un cuartel de Hamás.
En este contexto, España ha anunciado este jueves que se va a personar en el caso abierto en La Haya contra Israel por presunto genocidio. Enviará un informe legal, que ya elaboran los servicios jurídicos del Ministerio, para facilitar la labor de la Corte. El objetivo político es doble: apoyar a la Corte Internacional y presionar a Tel Aviv para que detenga la ofensiva, que ha causado ya más de 36.000 muertos, entre ellos más de 14.000 niños.
“La decisión añade un poco más de presión a Israel y da más legitimidad al caso presentado por Sudáfrica, sin necesidad de prejuzgar lo que va a decidir la Corte sobre el fondo de la cuestión”, explica a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Alicia Cebada, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. “Se trata de reforzar la pertinencia de la medida cautelar [de detener los ataques contra el sur de Gaza] and supports the court, because the more the state intervenes, the easier the court’s job becomes. “Spain will submit a report consisting of legally based opinions that can serve as support in making its decision.”
La oposición ha calificado de electoralista el anuncio, hecho con solemnidad y por sorpresa por el ministro de Exteriores José Manuel Albares esta mañana, a tan solo tres días de las elecciones europeas. El ministro lo niega. Dice que se ha comunicado este jueves porque ayer recibió el informe verbal del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez, sobre los trabajos que llevan realizando en el ministerio sobre el tema durante semanas.
En la Comisión de Exteriores del Senado de hace un mes, Albares ya anunció que España estaba estudiando si se unía a la causa abierta en la Corte Internacional. El tema está siendo trabajado por diplomáticos del ministerio y por catedráticos de la Asesoría Jurídica Internacional del ministerio (AJI), según ha dicho el jefe de la diplomacia española. La AJI está dirigida por el catedrático de derecho internacional Santiago Ripoll.
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Nueva inercia internacional
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España se convierte en el primer país europeo en sumarse al caso abierto por la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Alemania compareció en defensa de Israel en el alto tribunal. Otros países como Colombia o Chile han anunciado pasos similares al español, en apoyo a la labor la Corte Internacional. Según Albares, tanto Irlanda como Bélgica se preparan también para dar el paso.
“Creo que es una posición de coherencia. Si España pide hacer respetar el derecho internacional y un sistema internacional basado en normas, es lógico mostrar apoyo al principal órgano jurídico internacional”, opina para este diario Haizam Amirah Fernández, profesor de Relaciones Internacionales en IE University. “Es un mensaje de apoyo al multilateralismo en un momento en el que está siendo cuestionado seriamente en lo que se refiere a la situación en Oriente Próximo. Y ese multilateralismo Europa lo necesita en Ucrania frente a la invasión rusa”.
A esa misma idea ha estado apuntando Pedro Sánchez. Asegura que no es compatible pedir la protección de los civiles en Ucrania pero no en Gaza. Y que España se pone “del lado correcto de la historia”, en palabras del presidente, porque lo que está ocurriendo en Gaza es uno de los “episodios más oscuros de este siglo XIX”.
[–>“Es el momento de que termine la guerra”
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Sánchez ha firmado este jueves junto a Joe Biden (Estados Unidos), Rishi Sunak (Reino Unido), Olaf Scholz (Alemania), Emmanuel Macron (Francia) y los líderes de otros 12 países un manifiesto conjunto pidiendo un alto el fuego en Gaza. “Es el momento de que la guerra termine y este acuerdo es el punto de partida necesario”, aseguran los firmantes.
Para Moncloa, este comunicado conjunto es una muestra de que Washington no se opone a las medidas españolas respecto al conflicto de Gaza, informa Iván Gil.
Estados Unidos ha cargado con dureza tanto contra el caso abierto por Sudáfrica contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como contra la petición del Fiscal General de la Corte Penal Internacional (CPI) de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, la medida cautelar ordenada por la CIJ (que se detenga la ofensiva de Israel en el sur de Gaza) está en línea con lo que lleva pidiendo Joe Biden varias semanas. El propio presidente estadounidense está elevando drásticamente el tono contra Netanyahu, al que la semana pasada ha acusado de estar usando la prolongación de la guerra por cuestiones de supervivencia política.
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Albares elude llamarlo genocidio
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Aunque la causa abierta en La Haya contra Israel es por presunto genocidio en Gaza, el ministro de Exteriores evita desde hace semanas calificarlo como tal. Dice que determinar si lo es es precisamente la misión del Tribunal de La Haya. Rechaza así dar su opinión personal, como si han hecho diferentes miembros del Gobierno, que han acusado abiertamente a Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza. La titular de Defensa, Margarita Robles, se refirió a la ofensiva militar en Gaza como un “auténtico genocidio”, mientras que la vicepresidenta tercera y candidata del PSOE en las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha insistido en diferentes entrevistas que se está cometiendo un “genocidio del pueblo palestino”. En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
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Pero recalca Albares que, si finalmente la Corte Penal concluye que se está perpetrando una ofensiva con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, el Ejecutivo lo asumirá y actuará activamente para aplicar la sentencia.
Source: Informacion
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