Las gasolineras ‘low cost’ se suman a la presión al Gobierno para hacer frente a los fraudes millonarios de empresas piratas en la venta de combustibles y que ponen en riesgo la viabilidad de muchas empresas que cumplen la legislación y que no pueden competir con los precios bajos que se logran con las prácticas ilegales, especialmente por el impago del IVA.
La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), que agrupa a gigantes del sector como Ballenoil, Petroprix o Gasexpress, ha alertado a la Agencia Tributaria de una “eclosión de fraude” por el impago de impuestos de los carburantes, especialmente en el gasóleo de automoción, y que este año puede suponer un agujero de unos 1.000 millones de euros (las últimas estimaciones de Hacienda lo situaban en los 700 millones).
La junta directiva de Aesae mantuvo la semana pasada una reunión con los máximos responsables de la Oficina Nacional de Investigación de Aduanas e Impuestos Especiales y del IVA de la Agencia Tributaria y les reclamó que las actuaciones contra el fraude no se limiten a los distribuidoras y comercializadoras que lo cometen, sino también contra las propias gasolineras que se benefician del fraude para vender los combustibles a precios anormalmente bajos y que practican una competencia desleal contra el resto de estaciones de servicio. Desde la Agencia Tributaria se reconoce que las gasolineras que compran este combustible tienen también responsabilidad en el fraude y que incluso podría ser penal.
Moratoria de tres meses
[–>
El Gobierno ha lanzado una reforma de la Ley de Hidrocarburos para poner coto a la proliferación de estos fraudes millonarios. Una reforma que el Ejecutivo incluyó en el decreto ómnibus de medidas económicas de fin de año, pero cuyas medidas no entrarán en vigor hasta el próximo 28 de marzo.
Una moratoria de tres meses que, según el sector de las gasolineras, ha hecho que se esté disparando exponencialmente las prácticas fraudulentas antes de que se apliquen los cambios legales. En las últimas semanas en torno a un millar de gasolineras de las 12.000 operativas en el mercado español han estado ofreciendo precios de los combustibles por debajo de los costes mínimos generales y que implicaría venta a pérdidas, lo que desde el sector se ve como la demostración de la proliferación de las ilegalidades.
Aesae reclama al Ejecutivo no esperar al 28 de marzo para la entrada en vigor de la reforma, sino aplicar las medidas de manera inmediata. “Si no se actúa ya contra este posible fraude, se extenderá más allá del 28 de marzo, puesto que las empresas que defraudan cambiarán su modus operandi para continuar defraudando los impuestos después de esa fecha, con los perjuicios ya apuntados”, indican desde la patronal de las estaciones automáticas.
En las últimas semanas varias patronales del sector de los combustibles se han unido para reclamar medidas adicionales al Ejecutivo para eliminar el fraude en la venta de combustibles. La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP, que agrupa a las grandes petroleras Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Gunvor), organizaciones de gasolineras independientes (Aevecar y UIP), productores de carburantes alternativos (APPA Biocarburantes y Bio-e) y los operadores de las terminales de combustibles (ATLiq, que incluye a Exolum y Disa) preparan una propuesta conjunta de nuevas medidas fiscales y operativas que trasladarán al Ejecutivo para acabar con el fraude.
A la espera de la reforma
[–>
La reforma legal aprobada ya por el Gobierno, entre otros aspectos, refuerza la capacidad del Ministerio para sancionar a las compañías que no paguen estas aportaciones obligatorias o todos los impuestos retirándoles la habilitación oficial como operadores del sector o tomando medidas provisionales de manera urgente antes de terminar expediente, por ejemplo inhabilitándoles de manera temporal.
El Gobierno pone el foco en una nueva regulación de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, al entender que es en este campo en el que es más fácil cometer irregularidades. Por un lado, a partir de ahora se les prohíbe suministrar a otras compañías distribuidoras, ejerciendo de facto como mayoristas. La ley de hidrocarburos permitía en su redacción actual que los distribuidores al por menor pudieran suministrar a otros distribuidores.
Cuando en 2015 se introdujo esta medida, se consideró que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia del sector como en los precios del consumidor final, ya que suponía una apertura del mercado de suministro de combustibles tanto a operadores como a distribuidores. “Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que desde 2015 el efecto ha sido el contrario”, se argumenta desde el Gobierno.
Source: Informacion
James Sean is a writer for “Social Bites”. He covers a wide range of topics, bringing the latest news and developments to his readers. With a keen sense of what’s important and a passion for writing, James delivers unique and insightful articles that keep his readers informed and engaged.