Turmoil in Georgia: Prosecutor’s love takes control of strongest criminal case against Trump

Trump fue imputado por Willis en agosto del año pasado junto a otras 18 personas (cuatro de las cuales se han declarado ya culpables). Esa imputación, que ha incluido también a destacados aliados de Trump como su jefe de Gabinete Mark Meadows y el abogado Rudy Giuliani, se construyó con amplias pruebas sobre los intentos de alterar los resultados electorales, incluyendo la llamada en que Trump pidió al secretario de Estado que le encontrara los 11.780 votos que necesitaba para ganar a Joe Biden, y la trama para enviar electores falsos a Washington.

Los cargos están construidos en virtud de la ley contra la delincuencia organizada y asociaciones corruptas, conocida como ley RICO, concebida para luchar contra la mafia y otras organizaciones criminales y una de las más duras en EEUU, con penas de entre cinco y 20 años de cárcel. Al tratarse de un caso estatal y no federal, una condena quedaría fuera de un potencial autoperdón de Trump si volviera a la Casa Blanca. Y Georgia es uno de los pocos estados donde el gobernador tampoco tiene autoridad para conceder el perdón, que depende de una junta encargada de perdones y libertad condicional y en ningún caso puede llegar antes de cumplir un mínimo de cinco años de condena.

La relación “clandestina” de Willis

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El 8 de enero Michael Roman, que trabajó en la campaña de Trump y es otro de los imputados en el caso, presentó una moción en la que reveló que la fiscal Willis había mantenido una “relación clandestina” con Wade, al que contrató en noviembre de 2021 para el caso.

La defensa de Roman, de la que se encarga la abogada Asleigh Merchant, alega que Wade no tenía experiencia previa para ser fichado para el cargo, que ha cobrado más de 650.000 dólares por el trabajo hasta ahora y -lo que aseguran que representa un conflicto de intereses que merece la descalificación-, pagó viajes, vacaciones y cruceros que hizo con Willis a Miami, California, Aruba y Belize.

“Cuanto más trabajan en el caso, más cobran”, ha alegado Merchant, que asegura que “los dos han adquirido un interés personal y tienen cosas en juego en la condena” de su cliente, “negándole así su derecho a un juicio justo”. Los abogados de Trump, así como los de otros encausados, ha presentado mociones en apoyo a la de Roman.

La defensa de Willis

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La fiscal se negó durante casi un mes a hablar en público de esas acusaciones pero en una moción presentada el 2 de febrero, ella y Wade reconocieron haber mantenido una “relación romántica”. Aseguran que, aunque se conocían previamente, la iniciaron después de que ella lo contratara a él para su equipo en el caso, que fue también cuando él inicio su proceso de divorcio. Willis ha asegurado también que los pagos de los viajes se los repartieron “prácticamente a medias”. Y ha hecho acusaciones en alguna intervención pública de que el racismo (tanto ella como Wade son negros) está jugando un papel en este caso. Anna Cross, abogada que ha estado hablando en nombre de Willis ante la corte, denunció el lunes que “la defensa no aporta hechos, no presenta leyes; presenta cotilleos” y dijo que “el estado no puede condonar esa práctica ni debería el tribunal”.

La vista

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El juez McAfee decidió el lunes mantener la vista prevista para el jueves. “Se puede descalificar si se presentan pruebas que demuestran un conflicto o la apariencia de uno”, dijo el magistrado del tribunal superior del condado de Fulton.

McAfee también dio luz verde a que testifique Terrence Bradley, que fue compañero en el sector privado de Wade y que lo representó en un momento en su proceso de divorcio. Merchant, la abogada de Roman, asegura que el letrado podrá probar que la relación entre Willis y Wade se había iniciado antes de la contratación. Y ha recordado que, mientras que en unos de los documentos iniciales del divorcio Wade mantuvo que no había tenido ninguna relación extramatrimonial, luego lo enmendó e invocó el derecho por la Quinta Enmienda, que ampara no decir nada que pueda incriminar a uno mismo. El juez McAfee anunció que esperará a escuchar a Bradley antes de decidir si dicta una citación para que tengan que testificar Willis, Wade y otros integrantes de la oficina de la fiscalía.

Las consecuencias

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Tome la decisión que tome el juez sobre la descalificación, todo lo sucedido hasta ahora ya ha dado un golpe al caso en términos de imagen pública y de percepción.

Como era de esperar dada su costumbre de insultar a fiscales y jueces, Trump ha estado asaltando la integridad de Willis y aliados republicanos han intensificado sus ataques también. La congresista ultra Marjorie Taylor Greene ha presentado una queja ante la comisión de ética de Georgia, el Senado estatal que controlan los republicanos ha establecido un panel para investigarla y en el Congreso en Washington también ha puesto en marcha una investigación en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes Jim Jordan, otro de los radicales aliados de Trump. El daño al caso, no obstante, va más allá. Incluso si siguiera adelante con el mismo equipo fiscal, lo sucedido podría influir en potenciales jurados en su visión sobre lo justo de la persecución de los imputados o sobre la integridad de Willis.

Si McAfee decide descalificar a Willis, Wade y su oficina, el Consejo de Fiscales de Georgia tendría que buscar otro fiscal para seguir adelante, un proceso que no se sabe cuánto tiempo podría llevar. Los precedentes para esperar que sucediera rápido no son buenos. Otro juez ya descalificó a Willis para el caso contra Burt Jones, un antiguo senador estatal republicano acusado de colaborar con Trump en la trama de interferencia electoral. Lo hizo porque la fiscal había participado en un acto de recaudación de fondos para un rival de Jones cuando este se presentó a las elecciones para vicegobernador. Aunque el juez dijo que Willis no rompió la ley sí dijo que la óptica era “horrible” y la separó del caso. Jones fue elegido y aún no ha enfrentado una nueva imputación.