Las propuestas de resolución que presentan los grupos parlamentarios al finalizar la primera sesión del Debate de Política General miden las posibilidades de consenso entre partidos ante ciertos temas y pulsan también las prioridades de cada uno.Y en el caso de Vox es evidente que la financiación autonómica no es una de ellas. Sí, en cambio, la inmigración ilegal, uno de los ejes clásicos del discurso de Vox y, conviene recordar, el asunto que hizo saltar por los aires el Consell de coalición con el PP por orden de Santiago Abascal.
Mientras PPCV, PSPV y Compromís han incluido el modelo de financiación y sus múltiples derivadas entre las 12 iniciativas que se pueden presentar para que se debatan este viernes en las Corts, Vox ha ignorado por completo el tema, capital para una autonomía históricamente maltratada por el sistema de reparto, que le brinda menos recursos por habitante para sostener los servicios públicos y le ha generado una deuda de más de 40.000 millones.
Sí que se explaya, sin embargo, en el asunto de la inmigración ilegal. Junto a las okupaciones y las rebajas de impuestos, es donde más inciden las propuestas de los voxistas, que marcan un perfil muy duro ante el PPCV de Carlos Mazón.
En el documento presentado anoche en el registro de entrada y firmado por el síndic José María Llanos, Vox vuelve a vincular inmigración y delincuencia al pedir refuerzos policiales “para hacer frente al aumento de la inmigración ilegal y la criminalidad”.
Además, insta al Consell a dar “prioridad” a los españoles a la hora de conceder ayudas públicas y directamente no repartirlas entre las personas migrantes que se encuentren en situación irregular. Llega incluso a reclamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realicen “un seguimiento efectivo” a estas personas mientras estén en territorio nacional.
Vox pone el foco también en las ONG que colaboran en el rescate de personas en el mediterráneo y pide implantar medidas para evitar que estos buques atraquen en puertos de la Generalitat. Pide igualmente retirarles las subvenciones.
Asimismo, plantea destinar las ayudas y las partidas presupuestarias destinadas a financiar el acogimiento de estas personas y a su integración en la sociedad al “traslado a sus países de origen o, en su caso y aquellos que lo deseen, a la ciudad belga de Bruselas, donde se encuentran las élites europeas que alientan y promueven su llegada”, señala el documento.
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Vox parece muy preocupado también por las okupaciones ilegales de viviendas. Plantea oficinas de apoyo y asesoramiento a víctimas de estas prácticas, agravar las sanciones e incluso “dotar de herramientas y medios” a los cuerpos policiales para acometer “detenciones inmediatas” en casos de okupación o incluso “desalojos”.
En paralelo, la formación radical aboga también por “estimular” la construcción de vivienda, aumentando la colaboración público privada, y por reducir la presión fiscal con, entre otras medidas, un tipo superreducido de IVA para la compra de primera vivienda.
Rebaja fiscal y sin ayudas a sindicatos
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Los impuestos son otro caballo de batalla de Vox. Propone bonificar al 100 % Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales a familias numerosas, así como reducir la tarifa en términos generales. También defiende eliminar Patrimonio y rebajar el IRPF “en todos los tramos, especialmente los medios y bajos”.
En otro clásico de Vox, vuelve a plantear una “revisión de las ayudas” a sindicatos y patronales mientras reclama ayudas a la empresa privada “ante los graves efectos del aumento de los costes de producción”.
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Una de las medidas que propone Vox en Educación es hacer obligatorio que “en todos los centros ondee la bandera española y la real senyera”, así como el refuerzo de la inspección educativa para “evitar la ideología en las aulas y velar por el cumplimiento de la legislación vigente”.
Igualmente, pide “impulsar” el plan Edificant, aunque sin nombrarlo, “priorizando” aquellas en fase de ejecución y los centros “donde existan barracones”.
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En materia lingüística, pide adaptar la ‘llei d’us’ a la nueva ley de libertad educativa aprobada por PP y Vox y llama a recuperar la denominación bilingüe de los topónimos de los municipios valencianos.
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Source: Informacion
Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.