Early closing due to the Alicante Provincial Council holiday

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El pleno ordinario de la Diputación de Alicante correspondiente al mes de agosto se debía haberse celebrado el próximo día 7 pero se adelantó hasta este lunes, en una sesión que no pasará a la historia. El cierre por vacaciones llegó de forma anticipado al Palacio Provincial. El pleno tuvo una duración de apenas 20 minutos y ninguno de los cuatro grupos con representación, los del Partido Popular, el PSPV-PSOE, Compromís y Vox, llevaron mociones ni entablaron ningún tipo de debate. De los 17 puntos del día se dio cuenta en menos de un cuarto de hora. En la sesión únicamente tomaron la palabra el presidente, Toni Pérez, y tres diputados, el socialista Ismael Vidal, el popular, Francisco Cano, y el portavoz de Compromís, Ximo Perles. Es decir, intervinieron cuatro de los 31 diputados. 

El punto más importante de los aprobados en el pleno hace referencia a la concesión de las primeras ayudas del Plan + Cerca, más de ocho millones de euros que se destinarán a sufragar el gasto corriente de los cincuenta ayuntamientos de la provincia que cuentan con una población inferior a los mil habitantes. «Nuestra prioridad en este plan ha sido atender en primer lugar, y de la forma más rápida posible, a los municipios más pequeños para que puedan hacer frente a los gastos que se producen en verano, como los de las aperturas de las piscinas municipales o los relacionados con el aumento de los costes energéticos», manifestó Toni Pérez a la conclusión de la sesión en el Palacio Provincial.

El pleno ordinario correspondiente al mes de agosto también sirvió para dar el visto bueno, con el apoyo de todos los grupos, a la resolución de la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de campañas de bono consumo, por un importe cercano a los 20 millones. Al programa de apoyo al comercio local y los consumidores se han sumado 130 municipios de la provincia. La Diputación sacó adelante, igualmente, ayudas vinculadas al uso de agua en regadío por cerca de cuatro millones y se aprobó un acuerdo de cooperación con la Generalitat para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en instalaciones hidráulicas de la provincia, por un importe total de 15,5 millones.

Llegado al apartado de ruegos y preguntas, la mayoría de los previstos no se llegaron a formular. La diputada socialista Isabel López iba a realizar una pregunta vinculada con el Plan Planfica de la Diputación pero le será contestada por escrito. La también socialista Yolanda Seva tenía dos preguntas previstas pero no llegó a exponer ninguna. La primera, sobre la propuesta de turismo social para personas mayores de la institución provincial fue retirada, mientras que la segunda, sobre turismo accesible, será igualmente respondida por escrito. Fuera del orden del día también fue retirada una pregunta de la socialista Pilar Díaz, mientras que su compañero Ismael Vidal sí que preguntó sobre la actividad de los retenes de bomberos del Consorcio Provincial. El diputado de Emergencias, Francisco Cano, informó que desde el pasado 14 de junio se han efectuado más de 1.300 intervenciones, actuando en más de un centenar de incendios forestales. También dio cuenta de que hay tres retenes fijos, en Santa Pola, Pilar de la Horadada y Xàbia, y que hay otros cuatro retenes itinerantes para cubrir las comarcas de la Marina Baixa, el Vinalopó, la Vega Baja, l’Alcoià y l’Alacantí.

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Con todo esto Toni Pérez ya se disponía a dar por concluido el pleno de agosto. En ese momento, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, planteó una serie de preguntas «in voce», interesándose, sobre todo, por la situación turística de la provincia y los refuerzos sanitarios para este verano. Fue el único amago de debate con el equipo de gobierno durante toda la sesión. El propio presidente le respondió recordando que, en lo referente a los refuerzos sanitarios, no estaba hablando de competencias de la Diputación, que hay una situación «muy compleja» en el conjunto del país con la falta de sanitarios y que en la institución provincial todos los grupos deberían hacer fuerza para reclamar «la financiación que merece» la Comunidad Valenciana.

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