Con calificativos como “tendenciosa”, una “ofensa” a las víctimas o de mostrar un “desconocimiento grave de la causalidad histórica”, el Consell Valencià de Cultura ha rechazado la ley de Concordia así como las de À Punt y Libertad educativa. El pleno del órgano estatutario ha aprobado tres informes contra las proposiciones de ley de PP y Vox que se están debatiendo en las Cortes, pero lo han hecho en un pleno bronco, con varios reproches, amenazas de denuncia y el abandono de cinco de los 18 consejeros del organismo.
La unanimidad y el sosiego que han reinado la sesión al hablar del Porrat de Potries o la Casa dels Bous en El Cabanyal se ha roto al debatir sobre los informes que la Comisión Jurídica del organismo ha hecho sobre las tres leyes. La bronca, en realidad, ha estado más centrada en el propio debate de los informes en el pleno que en las leyes en sí, aunque todo dirigido a mostrar la postura en contra de estas normas impulsadas por populares y voxistas por parte de una institución cuya mayoría tiene una adscripción progresista.
Los informes han recibido luz verde, pero sin la presencia de cinco de los consejeros, que se han levantado y han abandonado la sesión para mostrar su protesta porque el organismo se fuera a pronunciar sobre estas normas. Los informes fueron solicitados por el grupo socialista de las Cortes así como por la entidad cívica Acicom, que reclamaron al Consell de Cultura pronunciarse sobre estas tres normas en trámite parlamentario. De hecho, dos de ellas (À Punt y Libertad educativa) se aprobarán definitivamente este jueves en las Cortes.
En estos documentos, elaborados por la Comisión Jurídica de la institución y que fijan el posicionamiento del Consell Valencià de Cultura, el organismo se muestra crítico con las tres normas, pero especialmente con la ley que deroga la de Memoria democrática en vigo. Señala de ella que supone una “ofensa” para las víctimas, es “tendenciosa”, “impone un discurso histórico” y evidencia un “desconocimiento grave de la causalidad histórica“. De la norma que regula la radiotelevisión pública dice que se ha hecho sin consenso. La ley educativa, afirma el documento. supone una “clara reducción de la enseñanza del valenciano”, ha “ignorado a la Acadèmia Valenciana de la Llengua” y “afectará a la normalización y promoción del valenciano”.
“Injerencias”
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No obstante, la bronca ha llegado antes de que se entrara en el contenido de los informes, ya que se ha centrado en que estos pudieran ser debatidos y aprobados por el pleno. Los cinco consejeros designados por el PP han señalado que estos documentos están fuera de la ley, suponen una “injerencia” en el trámite parlamentario y el Consell Valencià de Cultura no tiene capacidad reglamentaria para hablar de estas normas (proposiciones de ley) sino solo sobre los anteproyectos (leyes elaboradas por el Consell).
En esa advertencia de que el voto de estos informes están fuera de la ley, uno de los consejeros críticos y designado por el PP, José Vicente Navarro (presidente de Lo Rat Penat), ha anunciado “acciones legales” contra los miembros que votaran a favor de las resoluciones. Si no lo estaba ya, el debate se ha encendido más si cabe. “Puede adjuntar mi declaración a su denuncia”, ha respondido la socialista Ana Noguera, una de las consejeras que sí ha votado los informes. “Siento pánico, no estoy acostumbrado a las amenazas”, ha agregado Gerardo Muñoz, quien también ha apoyado los textos, mientras ha habido peticiones de que los críticos se mantuvieran y debatieran asuntos “importantes”.
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Sin embargo, cuatro de ellos se han levantado y se han marchado, mientras la quinta, Marta Alonso, ha hecho un último alegato señalando que los cinco miembros críticos solamente están por “mantener el respeto a la ley, el reglamento y el procedimiento”. “Lamentamos la ausencia, pero ya estoy acostumbrada”, ha sentenciado la presidenta, Dolors Pedrós, quien ha recordado que ya se marcharon los mismos cuando el anterior presidente, Santiago Grisolía, le nombró vicepresidenta. Sin los cinco miembros críticos, y ya con el ambiente más calmado, se han leído los tres informes sobre las normas y se han aprobado con los trece consejeros presentes.
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Source: Informacion
Emma Matthew is a political analyst for “Social Bites”. With a keen understanding of the inner workings of government and a passion for politics, she provides insightful and informative coverage of the latest political developments.