Es una evidencia que el Partido Popular nunca aceptó plenamente la legitimidad de la moción de censura que apartó a Rajoy en 2017 y permitió que gobernara el PSOE, con el respaldo de varias minorías de la Cámara Baja. Aquel rechazo visceral hacia una institución consagrada en la Constitución se extendió después a los gobiernos encabezados por Pedro Sánchez, y eso explica tanto la agresividad persistente de los conservadores como las estrategias y decisiones orientadas a impedir una mayoría estable mediante la suma de votos de formaciones progresistas y nacionalistas. Los hechos han mostrado que el PP no está realmente en contra de medidas de reconciliación que buscaran mitigar primero y cancelar luego el conflicto generado por el Procés; sencillamente, no quiere la amnistía, como ya ocurrió con los indultos, porque tales gestos de gracia fortalecen los lazos entre el PSOE y el soberanismo. Durante la campaña gallega se supo que Feijóo intentó un acuerdo con Junts y con el PNV tras las elecciones generales del año pasado, un arreglo que, forzosamente, habría de basarse en medidas de reconciliación y que fracasó no por la oposición popular, sino por la desconfianza de las minorías. Hubiera sido desconcertante que Junts, la derecha pospujolista, hubiera concertado pactos con una derecha estatal que ha acordado en comunidades y ayuntamientos con VOX, la extrema derecha.
Así las cosas, el afán del Partido Popular por hacer imposible la amnistía no obedece a fundamentos morales o políticos, sino a una calculada oportunidad. Y para lograr ese objetivo ha utilizado todas las vías imaginables, incluso el recurso a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa que, pese a su denominación de “Comisión Europea para la Democracia por el Derecho” y su creación en 1990 tras la caída del Muro, funciona como asesoría constitucional para países que consolidan regímenes parlamentarios. Hoy en día, 62 países están adheridos a la Comisión: los 47 del Consejo de Europa y otros 15 de distintos continentes [Fuente: historia institucional de Venecia].
Pero la apelación a Venecia, efectuada por el Senado que domina la coalición conservadora, se ha vuelto en contra de sus promotores. Un primer borrador de dictamen muestra que es favorable, con objeciones razonables y subsanables, a quienes desean cerrar el contencioso catalán mediante una vía de reconciliación, tal como recuerda la Comisión y ha sido utilizada por diversas democracias europeas para lograr objetivos semejantes [Fuente: Informe preliminar de Venecia].
El párrafo central del documento señala: “Las amnistías deben perseguir un objetivo legítimo en interés de la comunidad; cuanto más radicales sean, más legítimo debe ser el objetivo. La unidad nacional y la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías. En opinión de la Comisión, la proporcionalidad exige que la amnistía propuesta sea un medio adecuado para lograr la unidad y la reconciliación.” [Fuente: texto citado de Venecia].
Las objeciones y condiciones son fáciles de salvaguardar y no invalidan esta contundente declaración general. Por un lado, se propone un debate amplio y pacífico para lograr el mayor consenso posible, desaconsejando procedimientos parlamentarios de urgencia. Por otro, se afirma que, una vez aprobada la ley, los tribunales serán los encargados de su aplicación a beneficiarios genéricos. En tercer lugar, para compatibilizar el Estado de derecho con la aplicación de la ley respecto a delitos de malversación y corrupción, se propone asegurar un vínculo causal más estrecho entre los periodos de aplicación. “Se necesita consistencia en la determinación de qué actos están cubiertos por la amnistía, que deberían estar intrínsecamente ligados para evitar arbitrariedad”. Aun así, no hay oposición, ni siquiera mínima, a la medida.
Según la opinión jurídica más moderna y extendida, las amnistías pueden ser cuestionables en un caso extremo: cuando pretenden borrar delitos de lesa humanidad —genocidio, terrorismo y torturas— que son por naturaleza imprescriptibles. Evidentemente no es este el caso, a pesar de los esfuerzos de algunos por encontrar terrorismo donde no lo hay [Fuente: análisis jurídico contemporáneo].