No habrá perdón para el asesino de Elia. A pesar de que en el primer día del juicio el procesado, Antonio David M. B., admitió y asumió punto por punto todos los cargos contra él, las acusaciones rechazaron que su confesión haya pretendido colaborar con la Justicia y que era extemporánea e irrelevante para el desenlace del proceso. Por este motivo anunciaron en la Audiencia de Alicante rebajas mínimas en las penas solicitadas y que se concretarán una vez que el jurado dicte su veredicto. La Fiscalía mantuvo este miércoles las acusaciones de asesinato con alevosía y ensañamiento, más los delitos de malos tratos, lesiones y contra la integridad moral y por los que inicialmente reclamaba penas que sumaban 36 años de prisión.
Tan solo se le aplicará una atenuante por reconocimiento de hechos «porque la Ley nos obliga a hacerlo», advirtió la fiscal al jurado, pero avisó que serán mínimas. «Ha confesado porque era su mejor opción para intentar bajar la condena, dada la abundante prueba que había contra él», aseguró la fiscal durante su informe. Por este motivo valoró que la confesión del acusado era «extemporánea» y que no respondía a ningún ánimo de arrepentimiento o de colaboración con la Justicia. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que las penas podrían quedar en 33 años por la aplicación de la atenuante, aunque será el magistrado que preside el tribunal del jurado José Luis de la Fuente quien imponga la pena.
Como ha venido publicando este diario, la víctima, María Elia, fue asesinada la noche del 17 al 18 de diciembre de 2021 tras recibir una brutal paliza de su pareja sentimental en la vivienda de Torrevieja en la que ambos convivían. El asesinato sacó a la luz los continuos malos tratos, insultos y vejaciones que sufrió la víctima durante los cuatro años de relación. Como dijo la fiscal en su informe final «una relación de pareja que no estaba protagonizada por el amor, sino por el dolor». La pareja tenía en común una hija de 3 años de edad en el momento del crimen y que pasaba la mayor parte del tiempo en casa de los abuelos maternos, debido a la situación entre la pareja. La víctima llegó a sufrir la rotura de una costilla en una agresión mientras estaba embarazada y para la que no fue a urgencias hasta un año después, cuando ya no podía soportar el dolor. Los compañeros de trabajo habían relatado cómo trataba de simular las marca de moratones y que tenía cara de «terror» cada vez que veía aparecer a su pareja por su trabajo para vigilarla.
En la última sesión del juicio declararon los forenses que hicieron la autopsia a Elia tras la paliza mortal. La víctima tenía lesiones por todo el cuerpo, aunque fueron los golpes recibidos en la cabeza y en el abdomen los que le causaron la muerte. Según explicaron los forenses, la hemorragia causada por esas lesiones le provocaron una muerte lenta en un proceso agónico en el que iba perdiendo la conciencia. Según sus explicaciones, después de recibir la paliza, la víctima podría haber sobrevivido si hubiera recibido asistencia médica. La hora de la muerte está estimada entre las 23.30 y la una de la madrugada. El acusado no fue hasta la mañana siguiente al cuartel de la Guardia Civil, que se encontraba a pocos metros del domicilio.
La Fiscalía incidió en las palizas constantes y el control que el acusado ejercía sobre los movimientos de la víctima, revisándola el teléfono móvil y siguiéndola cuando bajaba a tirar la basura. La representante del Ministerio Público subrayó el hecho de que el acusado no trabajaba. Era ella quien se ganaba la vida como cajera de supermercado y la casa en la que ambos vivían era de los padres de Elia. «Si ella le dejaba no tenía donde ir», señaló. Durante ese tiempo la sometía a comentarios degradantes llamándola «puta» y diciendo que no la aguantaba, «pudo haberse marchado, pero prefirió seguir haciendo de su vida un infierno». «¿Cómo puede comportarse alguien con tanta maldad?», se preguntó la fiscal que subrayó el derecho de la víctima a que se sepa la historia tal como fue. «No fue un accidente», dijo.
Un calvario
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«Si hubiera estado arrepentido y querido colaborar con la Justicia, habría llamado al teléfono 112 de Emergencias para pedir una ambulancia esa misma noche», sostuvo el abogado de la acusación particular, Antonio Hodar, que representa a los padres de la mujer asesinada. Las acusaciones no pasaron de largo sobre el dato de que el acusado había tenido formación militar, por lo que «sabía dónde pegar». El letrado dijo que la víctima había sufrido «un calvario» en el que «la habían molido a palos».
La acusación particular señaló que el acusado no había ayudado en nada a la instrucción y que probablemente la noche del crimen no fue a la Guardia Civil porque estaba destruyendo pruebas. «La tarjeta de su teléfono nunca se ha localizado», dijo. Por su parte, la acusación popular que ejerce la Generalitat ha destacado la desproporción física entre el agresor y su víctima.
La confesión del acusado ha dejado fuera de juego a la defensa, que hasta el último momento había venido argumentando que los hechos eran homicidio y no asesinato y pidiendo la aplicación de atenuantes. Finalmente, se ha adherido a lo reclamado por las acusaciones «por expreso mandato de mi cliente». En su informe final, la abogada se limitó a subrayar que el acusado sí que colaboró con la Justicia, ya que «llevó a la Guardia Civil al lugar donde estaba el cadáver». «Ha reconocido los hechos. Pudo haberse dado a la fuga, pero ha dado la cara y ha asumido la autoría. Eso deber ser valorado en su justa medida».
Durante su turno de última palabra, el procesado aseguró que expresaba «mi más sincero arrepentimiento y pido disculpas a la familia a Elia y a mi hija». Hoy por la mañana está previsto que el jurado empiece a deliberar el veredicto.
Estadística
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Una de cada diez víctimas de violencia de género no declara contra sus agresores en el juicio, según la estadística en la Comunidad Valenciana del Observatorio de Violencia sobre la Mujer del CGPJ. En Alicante, fueron 284 mujeres las que no declararon en el juicio.
La estadística muestra que en el segundo trimestre de 2024 se recibieron un total de 2.823 denuncias de violencia de género y se contabilizaron un total de 2.646 víctimas. Las denuncias han aumentado un 5,2 por ciento en la Comunidad Valenciana. En la provincia se dictaron 564 órdenes de protección.
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Las sentencias condenatorias dictadas en la provincia de Alicante son el 95,5 por ciento, el porcentaje más alto de la Comunidad, que tuvieron el 93,3 %.
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