El juicio en la Audiencia de Alicante por el presunto fraude fiscal de Auto Salón vivió este martes una de sus jornadas más intensas con la declaración de los peritos de la Agencia Tributaria, en cuyos informes se basa la acusación. Los técnicos se ratificaron en sus conclusiones de que los acusados se dedujeron indebidamente el IVA de los coches de lujo que compraban en Alemania y sostuvieron que el dinero se blanqueó posteriormente en operaciones inmobiliarias que se realizaban a través del entramado. Dentro del entramado societario, señaló que había operaciones simuladas que iban desde la propia adquisición de los coches, a préstamos y contratos de alquiler ficticios que perseguían ocultar que el IVA de los coches de lujo no entró en las arcas de Hacienda.
En el banquillo se sientan seis acusados, de los que se considera presunto cabecilla al responsable del grupo Auto Salón, Juan Andrés C. P., además de su pareja, responsable de las importadoras y supuestos testaferros de las sociedades. A Juan Andrés C. P. se le reclaman penas que suman 44 años de prisión y una multa de 33 millones de euros por fraude fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Se trata de uno de los interrogatorios más esperados tanto por las acusaciones como por las defensas, ya que se trata del informe en el que se apoya toda la investigación. El responsable del informe José Ramón Solano falleció en 2021, por lo que se tuvo que designar a un nuevo perito para contestar durante la vista oral a las preguntas de las partes. Esto motivó que el juicio no se haya podido celebrar hasta ahora porque el nuevo perito tenía que estudiarse toda la causa. Un interrogatorio que ocupó buena parte de la mañana y que continuó por la tarde y en el que las defensas reclamaban que se les aclararan aspectos sobre supuestas irregularidades cometidas en la investigación. Entre ellas, la ausencia de documentación que avalara los primeros pasos de las pesquisas. El inspector señaló que la información procedía del modelo 347, la declaración anual de operaciones con terceros, presentado por las propias mercantiles investigadas y que al cruzar los datos entre todas se evidenciaba que no coincidían.
Hacienda cifra en ocho millones de euros el fraude cometido en el IVA de coches de lujo de segunda que la trama traía desde Alemania para venderlos en España. Según Hacienda, la adquisición en Alemania se hacía a través de empresas pantalla, que a su vez las vendían a las llamadas «trucha» aprovechándose que estas adquisiciones intracomunitarias estaban exentas de IVA. En el caso de la provincia de Alicante, las empresas del grupo Auto Salón se deducían el impuesto, a pesar de que éste no se había llegado a pagar.
Operaciones simuladas
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«Si las operaciones iniciales hubieran sido reales, era el proveedor quien tendría que haber pagado el IVA», explicó el inspector que incidió en que en este caso «es el destinatario final quien se beneficia de este impuesto no pagado». En este sentido, subrayó que los coches se compraban en Alemania a un precio más alto que el que pagaba el destinatario final, según reflejaba la documentación por el impago del IVA. El inspector se reafirmó en que esas sociedades no tenían actividad real y que el seguimiento del dinero acreditaba quién era el verdadero destinatario final de estos coches. En este sentido, destacó que al frente estaban testaferros, frecuentemente personas mayores o sin recursos para figurar como administradores, pero que no decidían nada sobre la actividad empresarial. Los acusados sostienen que son las empresas que les vendieron los vehículos los verdaderos autores del fraude fiscal y que ellos sólo les adquirían un diez por ciento del total de lo que movían.
Desde la Agencia Tributaria se destacó que la compra de parcelas e inmuebles fue la vía para blanquear el dinero por estas ganancias. Una situación que contrastaba por el hecho de que las sociedades sobre el papel se encontraban en situación de pérdidas y que se realizaron a través de dos sociedades patrimoniales, operaciones que según Hacienda llegaron a contemplar pagos en B. El inspector señaló que había operaciones de préstamo y contratos de alquileres en inmuebles que eran otra manera de blanquear el dinero. Entre las operaciones bajo sospecha está la adquisición de suelo en Altea para la construcción de viviendas de lujo, realizados por sociedades sin apenas fondos que recibían de aportaciones de dinero de los socios.
Una denuncia prematura para frenar las ventas
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La investigación por el caso Auto Salón comenzó tras una denuncia prematura que tenía como objetivo frenar las ventas de los coches, ante la elevada cuantía del fraude. Así lo declaró la supervisora del inspector de Hacienda que presentó la denuncia que puso en marcha este proceso. Según declaró la funcionaria, el procedimiento habitual es iniciar una investigación administrativa previa antes de presentar la querella. Tras las primeras comprobaciones del inspector había indicios de que se estaba cometiendo un fraude a gran escala y podría ser perjudicial para las arcas públicas, motivo por el que desde la Agencia Tributaria se decidió que la investigación se judicializara.
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Tanto Vigilancia Aduanera como la Policía Nacional y la Agencia Tributaria llevaron a cabo la investigación. La querella se presentó tras una investigación inicial del inspector en la que se preciaron indicios de delito. Desde las defensas se denuncia que no hay un solo papel en todo el sumario que acrediten esas pesquisas iniciales. Los letrados insisten en saber cuál fue la fuente de esos indicios y denuncian que más de 150 cajas con documentación estuvieron en las dependencias de la Agencia Tributaria sin ningún tipo de control judicial, hechos que a su juicio invalidaría la investigación.
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