Veinticuatro horas para resolver una solicitud de medidas cautelares contra una marca o diseño que haya copiado o falsificado a otra. Éste es el compromiso que han alcanzado los jueces de lo Mercantil de Alicante para dar una respuesta rápida a los pleitos por infracción de marcas comunitarias y que buscan potenciar esta jurisdicción en una provincia donde una parte importante de la actividad económica gira en torno al diseño en industrias como el calzado, la moda o el juguete. Desde hace más de 20 años los juzgados de Marca Comunitaria resuelven desde Alicante este tipo de pleitos con competencia para toda España. La presencia en Alicante de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) determinó que se ubicaran estos juzgados en la ciudad.
La lentitud de la Justicia es una de las principales quejas que tienen los empresarios y creadores y así lo han expresado en el marco del Primer Congreso Internacional de Diseño que ha celebrado esta semana la Cámara de Comercio. En la presentación de una de las mesas, la inspectora del Cuerpo Nacional de Policía daba un dato demoledor: las falsificaciones de marcas mueven ya más dinero que el narcotráfico. Según el último estudio de la EUIPO, España perdió el año pasado cerca de 1.500 millones de euros al año como consecuencia del efecto de estas falsificaciones en el sector de la confección, la cosmética y los juguetes.
Las jornadas están sirviendo para que diseñadores, creadores y empresarios conozcan las herramientas jurídicas que tienen a su alcance para proteger sus diseños de actos de piratería o falsificaciones. Un fraude que no sólo causa pérdidas por los impuestos no recaudados o los artículos no vendidos, sino también a causa del daño a la repetición de la marca pirateada.
Los jueces mercantiles quieren potenciar el uso de esta jurisdicción y recuerdan que estos juzgados se encuentran entre los más rápidos de la Unión Europea. En 24 horas se pueden adoptar unas medidas cautelares, que son las que se acuerdan al inicio del procedimiento por parte del juzgado para evitar daños irreparables. En esos primeros momentos, la marca perjudicada puede reclamar al juzgado que inste a la otra empresa a dejar de comercializar el producto y que lo retire del mercado, entre otras medidas.
En el caso de que se recurriera a la Audiencia, el plazo pasaría a ser de entre dos y tres meses. Aunque luego, el problema es que el asunto puede tardar dos años en quedar resuelto. El magistrado titular del juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, Gustavo Andrés Martín, incidió en que «muchos letrados suelen acudir directamente a la vía penal. Ésta ofrece la ventaja de que se puede ordenar el registro y la incautación del material, pero estos procedimientos pueden tardar hasta siete años en llegar a juicio, en un proceso en el que los jueces no saben de diseño. En los juzgados de Marca Comunitaria, sí», explicó a este diario. De todas maneras señaló que todo pasa porque las distintas administraciones hagan una apuesta por esta jurisdicción y la doten de medios para realizar la labor que les corresponde y que tiene gran trascendencia en la actividad económica. En estos momentos, estos órganos judiciales están dictando del orden de cuarenta sentencias al año. Por las implicaciones y la trascendencia de las resoluciones, los magistrados tienen la convicción de que podrían ser muchas más.
Los juzgados de Marca Comunitaria han ido de la mano de la implantación de la EUIPO en Alicante, que este año celebra su treinta aniversario en la ciudad. Tras haber recibido cerca de 45.000 solicitudes de marca durante su primer año de funcionamiento, muy por encima de lo que se esperaba, las cifras se acercan en la actualidad a los treinta millones de registros. Al año, la euroagencia está recibiendo del orden de 100.000 solicitudes de registro de diseño, de las cuales 4.226 corresponden a España, según los datos que facilitó la jefa de equipo de Examen de Marcas de la UE y Modelos Comunitarios de la EUIPO, Patricia Prevoo, durante su ponencia.
Diseños efímeros
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En este sentido, Prevoo incidió en que el registro de marcas muchas veces es la mejor defensa jurídica contra las falsificaciones y la piratería. De hecho, el sector del calzado y de la moda se encuentran entre los que más registran ante la oficina europea, a pesar de que se trata de las creaciones más efímeras, dado que estas empresas renuevan sus colecciones de diseños a cada temporada. «Tener protegido un diseño, tiene un efecto disuasorio», aseguró Alicia Colomer, de la Oficina Española de Patentes. En estos momentos, la base de datos de la EUIPO cuenta con cerca de 21 millones de diseños registrados.
El inspector del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria Miguel Remacha destacó el papel de estos controles de mercancías para frenar la entrada de las falsificaciones en territorio nacional. Estas aduanas ejercen el control tributario de estos productos, así como lo relativo a la protección y a la seguridad. En este sentido, señaló que en estos controles era posible la retención de un determinado producto en el caso de que vulnere los derechos de propiedad intelectual. Por ese motivo, incidió a los empresarios en que cuanta más precisa sea la información que den sobre sus productos ante sospechas de posibles falsificaciones, más fáciles iban a ser de detectar en la aduana. En este punto, subrayó la importancia de la tecnología blockchain para rastrear el origen y la propiedad de los productos. La aduana puede bloquear un producto durante un año, medida que puede ser renovable y en la que se puede ordenar la destrucción del producto.
Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional, Joaquín Delgado, analizó la investigación de la piratería en internet, subrayando que la clave en estas pesquisas estaba en la información que disponen los operadores de telefonía o de los servicios web, de quienes costaba más conseguir los datos cuando se encontraban fuera del territorio nacional. En esta línea, señaló que el futuro reglamente permitirá pedir directamente al prestador de servicios la información y éste tendrá la obligación de facilitarlo. Delgado incidió en que en muchas ocasiones los beneficios de actividades se blanquean a través de las criptomonedas.
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Exceso normativo
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El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor, se quejó del exceso normativo de la Unión Europea para sus empresas, con una rigidez que precisamente no cumplen quienes se dedican a la falsificación o a imitar los diseños de los demás, a quienes poco les importa el cumplimiento de todas las normativas de seguridad y de calidad. También recordó que hay que diseñar las normas para poderlas aplicar. «No nos sirve de nada tipificar nuevos delitos para perseguir, si no se ponen los medios para poder aplicarlas», señaló. «Europa ha tomado un camino regulatorio desbocado que no cumplen todos los países», aseguró. En esta línea, reclamó una legislación con la mirada puesta en la realidad y en que realmente se puedan aplicar sus disposiciones. Juan Climent García, representante de Tormes Design, relató cómo encontró algunos de sus productos falsificados en China. «A pesar de que pudimos acreditar que eran nuestros diseños, no pasó nada», se lamentó en su intervención.
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