Los inspectores de Hacienda españoles creen que la propuesta de “financiación singular” catalana de recaudar y gestionar todos los tributos que se pagan en esta comunidad es “inconstitucional”, según ha afirmado este lunes la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. La asociación, en la que se integra el 70% del colectivo, ha denunciado que este planteamiento supondría un perjuicio para el resto de territorios y provocaría la fragmentación de la Agencia Tributaria (AEAT). Además, alertan, perjudicaría la lucha contra el fraude fiscal en España.
A día de hoy, la cesión del 100% de los tributos recaudados en Catalunya no tiene ninguna cobertura legal, según el marco legal vigente, formado por la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación autonómica (LOFCA) y la ley que regula este sistema de financiación (Ley 22/2009 del 28 de diciembre), porque hay determinados tributos, como puede ser el Impuesto de Sociedades, sobre los que no se prevé su cesión en ninguna de estas normas, según defienden. Tampoco se refleja esta posibilidad ni en el Estatuto de Catalunya ni en la ley de cesión de tributos de 2010.
“El marco legal actual no permitiría la cesión, salvo que se modifique la LOFCA y se pusiera un apartado singular para Catalunya”, ha explicado el portavoz de la asociación, José María Peláez, en una rueda de prensa. Pero en ese caso, se incumpliría igualmente también “el principio de igualdad y solidaridad” entre regiones, que recoge la Constitución, porque la comunidad contribuiría en menor medida que ahora a las finanzas estatales, lo que le dotaría de “privilegios”.
La propuesta del Govern establece un fondo para sufragar los gastos comunes del Estado (Casa del Rey, Ejército, etc) y otro para garantizar el equilibrio territorial que deberá someterse a “negociación política”. Pero, según los inspectores, esa cantidad no cubriría la contribución que actualmente se realiza al fondo de compensación interterritorial y de garantía de que los servicios publicos esenciales. “La independencia fiscal supondría que los catalanes podrían tener unos servicios públicos (educación o sanidad) que no tendrán otras comunidades autónomas en España”, ha advertido Peláez.
Catalunya representa alrededor del 20% del PIB nacional, de forma que si esta región se queda con toda la recaudación impositiva, el resto de comunidades recibirán un menor importe de esos fondos y “sus ciudadanos estarán peor financiados”. Además, añaden, si sale adelante la propuesta catalana podría abrir la puerta a que las otras dos comunidades ‘ricas’ —Madrid y Baleares— hagan lo propio y “no abría fondos a repartir” para el resto. “Se estaría privando al Estado de lograr una cohesión social y territorial entre todas las comunidades y los ciudadanos”, ha añadido Peláez.
Fraude fiscal
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Además, la cesión de todos los impuestos a la comunidad implicaría la desaparición práctica de la agencia tributaria en Catalunya, con lo que ello supondría en recursos laborales (unos 5.000 trabajadores) y en falta de información. Esto último es especialmente relevante porque podría llevar a un aumento del fraude fiscal, dado que la AEAT dispondría de una información mucho más fragmentada, como ocurre con las comunidades forales. “En lo que se refiere al País Vasco es un agujero negro informativo, pero el País Vasco representa el 6% del PIB mientras Catalunya es el 20%, sería un agujero demasiado importante“, ha insistido Peláez.
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La actuación de la lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria supone unos 15.000 millones de euros anuales. En un cálculo grueso, a partir de su proporción del PIB, Catalunya supondría unos 3.000 millones de euros. “En un mundo cada vez más globalizado en el que se proponen desde el ámbito internacional inspecciones conjuntas, no se entiende muy bien que queramos fraccionar lo más importante de la Agencia Tributaria, que es su sistema de información y bases de datos”, ha defendido la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán.