Casi con la absolución debajo del brazo ha salido este miércoles el empresario de Alicante Javier Reina del juicio en el que durante tres sesiones ha sido juzgado junto a su socio Francisco Javier Llobregat por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, administración desleal y delito societario. Cargos por los que la Fiscalía pide ocho de prisión que la acusación particular eleva a doce.
Se trata de un proceso penal que se inició hace casi una década tras la querella interpuesta contra los dos acusados por un socio, el empresario de Novelda Ignacio Torregrosa, que les acusa de engaño y de haberse quedado con los 100.000 euros que aportó supuestamente para un negocio de aceite de girasol que nunca llegó a concretarse.
A últimas horas de la mañana de este miércoles la causa ha quedado vista para sentencia en la sección VII de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, tras el concentrado y contundente informe de la fiscal Marta Lacasa en el que, sin retirar la acusación, lo que técnicamente requiere un proceso más complicado, ha manifestado sus dudas de que realmente los acusados hubieran estafado al querellante, lo que en gran medida hace tambalearse la base acusatoria del resto de los cargos.
La declaración del querellante
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En un tono pausado, pero centrando el tema en lo que realmente es el objeto del proceso, es decir, si quien fuera presidente del Terciario Avanzado y su socio dispusieron en la sociedad que compartían con el querellante del dinero que este aportó para otro fin que no fuera el presunto negocio del aceite, la acusadora pública se ha apoyado en la propia declaración de Torregrosa para restarle credibilidad a su versión de los hechos.
A la fiscal le cuesta creer que un empresario con la experiencia del querellante, director financiero de la mercantil en la que ingresó los 100.000 euros y al que se le comunicaban y firmaba las operaciones bancarias, se le pudiera engañar, como él sostiene.
Eso unido a que no hay ninguna constancia documental del supuesto negocio de la compra de aceite en Filipinas y a que en las pruebas que existen sobre la aportación de esos 100.000 euros rece que se trata de un préstamo participativo, como afirman los acusados y ha corroborado la mayoría de los testigos a lo largo de la vista oral.
Reina declaró en su momento que, con esa aportación, Torregrosa sabía desde el principio que era el «socio inversor» de Ociex Internacional S.L.
“Cuentas dudosas, pero no delictivas”
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“Conocía lo que firmaba, estuvo asesorado y quiso realizar esa aportación. Las cuentas pueden ser dudosas, pero no delictivas, además de que se han hecho ofrecimientos de pago que el querellante ha rechazado”, ha sostenido la fiscal Lacasa, para quien “esta discusión es un asunto civil, no penal”.
En la misma línea que la acusación pública se han manifestado tanto las defensas de Reina y Llobregat, los letrados Carlos Peñarrubia y Antonio Guiu respectivamente, como el representante de Ociex España S.L., Sebastián Crespo, mercantil contra la que también se dirige la acusación.
Peñarrubia ha indicado en que no hay un solo correo en el que se hable del negocio del aceite, ha reiterado que el querellante estaba puntualmente informado de todo lo que se iba a hacer con el dinero (“era una hoja de Excel andando”, ha dicho) y en que estaba claro que era un préstamo participativo.
“Querella a la catalana”
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“Luego este señor quiso recuperar su dinero y como no tenía pruebas, las construyó”, ha afirmado el defensor de Reina, quien ha acusado a Torregrosa de presentar “una querella a la catalana: acuso de todo, pongo la soga y llamo a la Prensa. Buscaba la pena de banquillo y prueba de ello son las dos querellas que acaba de presentar”, ha dicho el letrado en relación con las interpuestas esta misma semana por falso testimonio contra otro exsocio, un testigo y el propio Reina. Ambas han quedado incorporadas a la causa aunque no se han aceptado como prueba documental.
Guiu, en representación de Llobregat, ha insistido en el carácter civil de este procedimiento, en que hasta el propio Torregrosa declaró que su cliente siempre le dijo que quería devolverle el dinero y ha llegado a imputar al querellante “haber amañado los documentos”.
Crespo, en representación de la mercantil querellada, ha señalado que “nadie ha dudado de que exista la deuda, pero eso no quiere decir que haya delito. No hay ni estafa ni falsedad documental ni facturas falsas porque estas responden a servicios prestados. El Derecho Penal no está para reclamar deudas ni para amparar a un empresario en sus inversiones”·, ha apostillado.
Los tres letrados han reclamado la “expresa condena en costas” por considerar que se trata una acusación “temeraria y de mala fe”.
Informe pericial
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La acusación particular, con el letrado Julio Murcia al frente, se ha mantenido en su petición de pena y en la calificación de unos hechos para cuyo apuntalamiento ha presentado un informe pericial que ha defendido el perito Jorge Albentosa.
Sobre las cuentas anuales de Ociex Internacional el experto ha afirmado que “al cierre del ejercicio de 2014 se encontraba en una situación de quiebra técnica e inmersa, por tanto, en causa legal de disolución”, ha hablado de “incoherencias e incidencia contables” y ha aseverado que “no existe una correlación de los gastos (93.817,52 euros) incurridos por la mercantil con los ingresos (7.135,82 euros) efectivamente generados durante ese ejercicio (..) lo que ha provocado una pérdida contable de 86.681,70 euros al cierre del ejercicio analizado”.
Y concluye que “el destino de los fondos transferidos por el socio D. Ignacio Torregrosa por valor de 100.000 euros a la sociedad Ociex Internacional S.L. ha sido destinado, como mínimo en un 70%, a pagos efectuados a las sociedades Ociex España S.L., Ociex Business Travel S.L. y a los socios de Ociex Internacional S.L”.
Entre las declaraciones de esta sesión ha estado la del letrado José Antonio Muñoz Zafrilla, al que las defensas acusan de estar detrás de la interposición de esta querella y quien ha aegurado que todo lo que sabe del asunto es porque se lo ha contado Torregrosa.
Y, a preguntas del presidente del tribunal, Joaquín Orellana, ha añadido que cuando el querellante le dijo que iba a invertir esos 100.000 euros en el negocio del aceite, “únicamente le sugerí que no lo hiciera”. Sobre él ha aafirmado que “tiene conocimientos empresariales pero no de contabilidad”.
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Al término de la sesión, y antes de que el juicio quedara visto para sentencia, Reina ha hecho uso de la última palabra para afirmar que “han sido nueve años muy dolorosos. Ya está todo dicho”.