El Consejo de Ministros trata este martes el anteproyecto de ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con el que se inicia el trámite legal para segregar el regulador de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “Recuperamos la CNE con una actualización de sus funciones, el reforzamiento de sus medios y una nueva capacidad a través de un fondo especifico que se dedique a la liquidacion de las actividades reguladas de los sistemas electrico y gasista”, ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros.
El anteproyecto se publicará este mismo martes en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica, para conocer las opiniones del sector hasta su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros para iniciar, después, la tramitación parlamentaria pertinente por el trámite de urgencia.
El nuevo regulador supondrá la vuelta de la antigua Comisión Nacional de Energía que existió hasta 2013, momento en el que el Partido Popular decidió unir tanto la CNE como otros reguladores especializados –la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el Comité de Regulación Ferroviaria o la Comisión Nacional del Sector Postal– y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) con el argumento de ganar eficiencia y poder tratar de tú a tú con las compañías que debe supervisar.
Desde entonces y a pesar de haber cumplido el año pasado solo una década, la CNMC ha sido objeto de debate por parte de distintos gobiernos sobre su segregación. La última vez, en el año 2017, cuando llegó a formar parte de un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, que entonces dirigía Mariano Rajoy, pero que finalmente no llegó a término. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la escisión de la pata energética tras acordarlo así en el pacto de investidura con Sumar y lo justifica con que esta materia requiere una regulación y una supervisión mucho más especializada que la que puede dedicar la CNMC.
El objetivo del nuevo organismo independiente será seguir el funcionamiento de los mercados energéticos “para garantizar precios competitivos a los consumidores y señales claras para la inversión” con la incorporación de un nuevo objetivo de descarbonización, según ha explicado Ribera. Esto último supone, según ha añadido la vicepresidenta, que a la hora de tomar decisiones regulatorias prima la descarbonización. Además de sus funciones regulatorias, la nueva CNE también tendrá funciones consultivas “de asesoramiento y resolución de conflictos”, como las que ya desempeña la CNMC, así como funciones de inspección, como por ejemplo “velar por la resolución de las quejas de los consumidores”.
En medio de la transición energética, que supone la irrupción de nuevas tecnologías y vectores energéticos, el nuevo organismo tendrá también competencias en nuevos conceptos como los gases renovables o el hidrógeno, que hasta ahora estaban en un ‘limbo’. Al no haber todavía una regulación ‘ad-hoc’, la CNMC no tenía competencias sobre estos vectores, más allá de poder dar su opinión como regulador en materia gasista.
Además, el Gobierno creará un fondo específico que tiene por misión la gestión de las liquidaciones del sector energético respecto a sus actividades reguladas, que responde a “una petición expresa” de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para “facilitar la transparencia de los flujos económicos de estas actividades reguladas que aparecen en las facturas”.
“Vamos de un planteamiento de gran despliegue a una regulación mucho más de detalle, tanto en la parte regulatoria como de seguimiento. Vamos a tener miles de agentes que supervisar para asegurar que los mercados funcionan. Esa es la reflexión detrás de la creación o recuperación de esa Comisión Nacional de Energía (CNE). No porque la CNMC no esté haciendo bien su trabajo, sino porque la energía requiere un nivel de detalle y de supervisión mucho más especializado con respecto a lo que teníamos ahora”, explicaba el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, en una entrevista con El Periódico de Cataluña, del Grupo Prensa Ibérica.
Pero tampoco es descartable que en su tramitación parlamentaria los partidos políticos propongan una división mayor y la vuelta a nuevos reguladores sectoriales especializados. En la primera Comisión de Transformación Digital en la que participó, el ministro José Luis Escrivá dejó “abierta” la puerta a estudiar la propuesta de la diputada de Junts, Pilar Calvo, que dejó caer la posibilidad de incluir el ámbito de las telecomunicaciones y el sector audiovisual en la escisión ante el “desbordamiento” de la CNMC, según recogió entonces Europa Press.