TikTok vuelve a estar en la mirada de los reguladores. Este lunes, la Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si la plataforma de vídeos china propiedad de ByteDance cumple o no con sus obligaciones para proteger a los menores.
El procedimiento formal iniciado desde Bruselas busca determinar posibles infracciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la nueva normativa que regula las plataformas digitales, en vigor desde el sábado. Esta medida exige a grandes compañías como Google, Amazon, Meta, Apple o Microsoft ser más transparentes, mitigar los riesgos de sus productos, abrir el acceso académico a sus datos y garantizar la privacidad de los usuarios, especialmente de los más pequeños.
“La protección de los menores es una de las principales prioridades de la DSA“, ha señalado Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior. “Como plataforma que llega a millones de niños y adolescentes, TikTok debe cumplir plenamente con la DSA y tiene un papel particular que desempeñar en la protección de los menores en línea”.
La investigación se focalizará en cómo los algoritmos de TikTok pueden afectar al bienestar físico y mental de los usuarios, en las medidas de verificación de edad adoptadas por la plataforma, en la configuración de privacidad y en qué tipo de publicidad reciben los menores. En su comunicado, la Comisión apunta a “presuntas deficiencias a la hora de dar acceso a los investigadores a los datos de acceso público de TikTok”.
Multas millonarias
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De incurrir en violaciones de la ley, TikTok podría ser forzada a pagar multas de hasta el 6% de su facturación anual mundial, lo que supondría cifras millonarias. No es la única compañía bajo la lupa europea. Ya en octubre, la Comisión abrió otro procedimiento contra X, la red social anteriormente conocida como Twitter, por la publicación de desinformación y contenidos violentos relacionados con el conflicto entre Israel y Hamás.
La investigación —”en profundidad” y “con carácter prioritario”— puede alargarse durante meses, periodo en el que la Comisión se reserva la capacidad de “adoptar otras medidas coercitivas, como medidas cautelares y decisiones de incumplimiento”.