«Tengo a la Administración de okupa en mi propia empresa». De esta expresiva manera describe la situación del depósito judicial de Alicante, el empresario Jorge Talavera, que lleva más de diez años reclamando el pago por sus servicios de tener bajo custodia los vehículos intervenidos por las Fuerzas de Seguridad en la provincia de Alicante. Para denunciar su situación ayer cortó la calle Pardo Gimeno de Alicante, en la que se encuentra la sede de los juzgados. Dos grúas con dos de los vehículos que tienen en el depósito y una furgoneta con un letrero en la que describían su situación desesperada. «Hemos tratado de negociar y no nos dan ninguna solución», aseguró a este diario Talavera, propietario de la mercantil Servicios Integrales Vital .
En el recinto, han llegado a tener más de 200 vehículos procedentes de distintas operaciones tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y que fueron intervenidos en el transcurso de las pesquisas y que se remontan hacia el año 2001. Estas instalaciones llevan cerca de dos décadas funcionando como depósito privado y oneroso con el visto bueno del Decanato de los juzgados de Alicante. En estas dependencias no solamente se han trasladado vehículos, sino también material procedente de las plantaciones de marihuana desmanteladas, así como prendas de vestir intervenidas en operaciones contra la piratería.
En el año 2014, la Conselleria de Justicia adjudicó a otra empresa de Valencia la gestión de los depósitos judiciales en la Comunidad y ordenaba la entrega de todos los vehículos a la nueva empresa. Sin embargo, no todo es tan sencillo. «Como depositario judicial, soy responsable de todo este material y no puedo entregarlo por una orden administrativa. Me tiene que autorizar el juzgado que ordenó el traslado a mi depósito», señaló. Una orden que no se ha terminado de dar y por la que mes a mes se van acumulando más gastos por la estancia.
Negociaciones con el Consell
La negociación de cómo y cuándo se iba a pagar la deuda generada ha traído de cabeza al empresario. «Habíamos llegado a un acuerdo con la consellera de Justicia de Vox, Elisa Núñez, para que nos pagaran la deuda. Al romperse el acuerdo de gobierno en la Generalitat entre el PP y Vox, el PP no ha respaldado el pacto alcanzado con su predecesora», dijo. Tras el divorcio entre ambas fuerzas, en menos de un año han pasado dos conselleras distintas al frente del área de Justicia. Talavera señaló que al menos hay una Letrada de la Administración de Justicia en València tratando de ordenar toda la documentación de los vehículos en depósitos de Alicante, Castellón y de Murcia, aunque esta titánica tarea van a suponer años de retraso para que estas instalaciones puedan quedar liberadas.
En su momento, el precio acordado por el depósito era de ocho euros diarios. «Otras empresa llegó tirando los precios por el suelo hasta los 2.30 y ahora se baja todavía más, hasta los 1.80 euros», señaló. Talavera lamentó que todas esas tarifas se les quiere aplicar a ellos de manera retroactiva. En su momento se estimó en cerca de dos millones el importe de la deuda, pero la cifra está abierta debido a la incertidumbre por el cambio de tarifas. Hay por el momento una estimación cercana a los 10.o00 euros mensuales.
Tarifas retroactivas
«Nosotros hemos tenido que pagar facturas de IVA por estas facturas que no hemos cobrado . La Administración olvida que el coste de la vida ha subido también para nosotros. La estancia de estos coches aquí han generado gastos de todo tipo. Sobre todo de personal para garantizar que están custodiados», explicó Talavera. Las instalaciones ya sufrieron este verano un intento de robo por parte de un grupo que trataba de llevarse equipamiento de plantaciones, un golpe que terminó con una espectacular persecución desde el depósito hasta San del Raspeig, donde la Policía Nacional tuvo que realizar disparos intimidatorios para reducir a los fugitivos.
El tramo de la calle Pardo Gimeno en el que se encuentran los juzgados ha permanecido cortada durante tres horas desde las diez de la mañana hasta las 13.00 horas, con efectivos de la Policía Local desviando el tráfico hacia la calle Los Doscientos.
«¿Cuántas empresas privadas conocen que financian a fondo perdido a la Conselleria de Justicia? Porque eso es exactamente lo que estamos haciendo desde hace una década. No tenemos alternativa, porque no podemos abandonar los vehículos en la vía pública y olvidarnos de ellos, porque forman parte de procedimientos judiciales y no están aquí por una simple orden administrativa», señalaba uno de los carteles usados en la protesta. La situación generada por la Conselleria por negarse a abonar unos gastos por servicios ya prestados les abocaba a un pleito contencioso-administrativo para tener que forzar a la Administración autonómica a que pague. «Eso significa que podemos pasarnos al menos otros dos años más para cobrar las deudas. La situación ya empieza a ser insostenible, porque tengo a empleados que no pueden cobrar y dos casas hipotecadas», se lamentó Talavera que dijo que siempre han sido una «empresa modélica».
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Source: Informacion
James Sean is a writer for “Social Bites”. He covers a wide range of topics, bringing the latest news and developments to his readers. With a keen sense of what’s important and a passion for writing, James delivers unique and insightful articles that keep his readers informed and engaged.