¿Es posible nacionalizar la central nuclear de Almaraz? La propuesta que la presidenta de la Junta de Extremadura ha trasladado por carta al Gobierno central ha levantado un nuevo polvorín en la política extremeña, que se mueve entre la estupefacción y la sorpresa por esta nueva “ocurrencia ‘made in’ María Guardiola”.
“Incoherente, bolivariana o comunista” son algunos de los adjetivos que Unidas por Extremadura, Vox y el PSOE utilizaron ayer para referirse a la posibilidad de que la central pudiera mantenerse operada directamente por el Estado a partir del año 2028. “Es para reírse si no fuera porque es un tema muy serio», afirmó el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías.
Desde el propio Gobierno, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, respondió ayer a la presidenta. “Voy a ser supercontundente: este Gobierno no ha subido los impuestos a las nucleares”, afirmó tras incidir en que lo ha hecho el Ejecutivo “de forma responsable” es poner encima de la mesa que son las propietarias de las centrales las que deben asumir el coste de su desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos bajo el principio de que quien contamina, paga.
Pero más allá de la contienda política, ¿es realmente factible nacionalizar Almaraz? ¿Tiene el Gobierno instrumentos legales a su alcance para ello? «Sí. Es posible, pero con muchas limitaciones porque podría afectar a la libre competencia del mercado de energía eléctrica de la Unión Europea», explica el jurista Pedro Brufao, profesor de Derecho Administrativo, Económico y de la Competencia en la Universidad de Extremadura (Uex). Otra cosa es que aún pudiendo hacerlo, el Gobierno vaya a dar marcha atrás en su calendario para la no renovación de las nucleares.
El mercado eléctrico
Según Brufao, para nacionalizar Almaraz bastaría con que el Estado se hiciera con la empresa que actualmente opera la central (propiedad de Iberdrola al 52,7%, Endesa al 36% y Naturgy con el 11,3% restante). Hay precedentes de situaciones similares en España: el rescate bancario tras la Gran Recesión de 2008 o la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para dar salida a los activos inmobiliarios de imposible venta tras el estallido de la burbuja inmobiliaria son ejemplos recientes de nacionalización.
Sin embargo, el hándicap en este caso es que se trata del sector energético, que opera en un mercado «totalmente abierto y liberal» y además en el caso de España con muchas particularidades. Por ello Brufao considera que aún siendo legalmente posible y al margen de la apuesta del Gobierno por las renovables, «la asunción de esas actividades ahora privadas por parte del Estado está realmente complicado».
“Dependiendo de la participación del Estado en la central, podría tener una cierta restricción por el organismo de Defensa de la Competencia de la Unión Europea”, afirma el jurista, que recuerda no obstante que de darse el caso siempre habría que conocer la letra pequeña de esa supuesta nacionalización.
El caso más cercano a ese escenario es Francia. Frente a la estrategia energética que están siguiendo países como España y Alemania, el país galo ha reforzado en los últimos tiempos su apuesta por la energía nuclear. EDF, la principal empresa de generación y distribución de electricidad, se ocupa también de la gestión de las centrales nucleares y el gobierno controla un 85% de las acciones. Sin embargo, en España Iberdrola es la socia mayoritaria de las centrales de Almaraz y Cofrentes, y posee el 49% de la de Trillo-Guadalajara. Endesa, por su parte, es el principal accionista de las plantas de Ascó y Vandellós.
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Source: Informacion
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